La Generalitat asumirá todos los funcionarios

Entre los principales objetivos de la ley de Transitoriedad está el de garantizar que los servicios públicos sigan funcionando normalmente en el momento de la llamada "desconexión" de Cataluña. Para ello es básico que los funcionarios y personal laboral de todas las administraciones que ahora trabajan en Cataluña lo sigan haciendo normalmente. Eso sí, no todos mantendrán las mismas condiciones. En el caso de los funcionarios que son considerados autoridad pública, como jueces o policías, solo podrán seguir desarrollando su actividad si solicitan la nacionalidad catalana.

Los actuales funcionarios de la Generalitat no notarán cambio alguno en caso de independencia. Según el borrador "se integran automáticamente en la Administración General de Cataluña". El personal funcionario y laboral al servicio de la Administración del Estado español que preste sus servicios en Cataluña "puede optar a la integración en condición de personal al servicio de la Administración General de Cataluña, con la misma vinculación y en los términos y condiciones establecidos en esta ley", reza el texto. Estos trabajadores "tienen derecho a recibir la formación adecuada para ejercer sus funciones y a disponer de un periodo transitorio suficiente para acreditar el conocimiento del catalán en el nivel que lo haga apto para cumplir las funciones propias del cargo". El texto no especifica ni qué nivel es este ni el tiempo concreto que se les otorgará para acreditar dicho conocimiento.

El otro cambio de calado para los actuales funcionarios del Estado en Cataluña afectará básicamente a jueces y policías, que tienen reconocida la condición de "autoridad pública". "La incorporación del personal del Estado español a la Administración General de Cataluña requiere la posesión de la nacionalidad catalana en aquellos puestos de trabajo que impliquen el ejercicio de poder o autoridad pública".

Más allá de esta limitación el texto insiste en la integración automática de los funcionarios. No es una cuestión baladí, ya que el Estado tiene más de 29.000 trabajadores públicos en Cataluña. Además, en las últimas semanas la inquietud de este colectivo ha ido en aumento por las advertencias del diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, quien advirtió de que se sancionará a los funcionarios que no acaten la ley de Transitoriedad Jurídica. El Gobierno catalán, lejos de desmentir a este diputado, insistió en que "las leyes están para cumplirse".

Para anticiparse a una posible desbandada de funcionarios tras la independencia se prevé un "procedimiento de urgencia" para integrar nuevo personal.