Diego, el narco que ofreció un millón a un guardia civil

Cuando el cabo de la Guardia Civil V. recibió el 12 de noviembre de 2015 este ofrecimiento de un narco marbellí, marcó el teléfono de su superior. “Nos dan un millón de euros por ayudar en una operación”, confesó. Después tuvo que precisarle al jefe de qué tipo de operación se trataba.

EL PAÍS ha tenido acceso a centenares de pinchazos telefónicos, mensajes de móvil y correos que revelan los manejos de la red de Diego P. Su objetivo: ganarse la confianza de un agente del Servicio Marítimo de Cádiz. Las comunicaciones se prolongaron hasta abril de 2016. La Guardia Civil arrestó entonces al traficante cuando trataba de introducir de madrugada 72 fardos de hachís marroquí valorados en 3,4 millones.

La relación entre el narco y el miembro del instituto armado arranca el 4 de mayo de 2015. Ese día, el agente se topa con Diego P. en la playa de Sancti Petri. El traficante le transmite su preocupación por los robos en este antiguo poblado de pescadores. El guardia le facilita su móvil para que le dé a conocer al instante los delitos. Empieza entonces un cruce de mensajes que culmina nueve días después en la mesa de un restaurante de Chiclana. El cabo se enfrenta ante un mantel con un treintañero con antecedentes por tráfico de droga y blanqueo.

A los pocos minutos de conversación, Diego se sincera. Admite ser el jefe de una red de tráfico de tabaco y hachís (de la coca todavía no dice nada). Y ofrece al guardia un primer pago de 80.000 euros. El narco quiere que, antes de cada entrega, el cabo limpie las aguas de testigos incómodos. No le gustan los pescadores furtivos. También desea saber en tiempo real si alguna de sus tres embarcaciones es cazada por el SIVE, el sistema de radar y cámaras de la Guardia Civil que detecta barcas a 10 kilómetros del litoral. “Ya he trabajado con otros guardias de Algeciras”, presume.

El narco confiesa que tiene una “jaula” adherida al casco de sus embarcaciones. Se trata de un mecanismo valorado en 10.000 euros para deshacerse de la mercancía cuando vienen mal dadas. El patrón activa la compuerta con un mando a distancia. El invento, dice, está muy extendido entre los traficantes gallegos.

También presume el narco de tener a sueldo a una familia –un padre y dos hijos- que le ayuda en las descargas en Chiclana. Y de regentar en la sombra un negocio de préstamos avalados con vehículos. La comida termina en la terraza de una marisquería cuatro horas después. El agente informa del intento de soborno a un teniente del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA). La Guardia Civil activa la maquinaria para monitorizar al narco.

Las decenas de encuentros posteriores –la mayoría en restaurantes de Málaga y Cádiz- revelan la obsesión de Diego por blindar su seguridad. El narco llega a pensar que ha convertido al cabo en uno de los suyos. Pero prefiere no jugársela. Ve en cada desconocido del bar a un secreta.

En una reunión entrega al funcionario un móvil BlackBerry encriptado, cuya tarjeta debe cambiar cada semana. Es el canal seguro de comunicación entre ambos. También le da un detector de frecuencias valorado en 5.000 euros para localizar micrófonos, GPS y cámaras. Y le confiesa que, para despistar a los investigadores, deja su coche y su móvil “oficial” en Jerez de la Frontera.

Matar a Pelón

Entre ambos, cree el narco, se fragua una estrecha relación no exenta de tensión. “Las traiciones se pagan tarde o temprano”, advierte el traficante en un almuerzo en el municipio gaditano de Alcalá de los Gazules. En otra comida, esta en Chiclana, el narco relata que “unas personas de Madrid” se desplazaron a Cádiz para matar a Pelón, un supuesto colaborador de la red que “por poco arruina” una de las entregas.

Diego llega a pedir consejo al uniformado. “¿Qué es mejor [para transportar hachís] embarcaciones de dos motores o panelables?”, le pregunta.

Por cada operación de hachís Diego promete 50.000 euros al agente (10.000 antes del trabajo y el resto, después). Las de coca se remuneran con hasta un millón de euros. El guardia indica en los informes que dirige a sus jefes que ha rechazado todas las ofertas.

El narco quería también que el funcionario actuara de topo en la Guardia Civil. En una ocasión, preguntó al uniformado si los agentes del departamento de blanqueo le estaban investigando. En otra, se “mosqueo” por las preguntas incómodas al director de un colegio vinculado al traficante por parte de unos guardias “llegados desde Madrid”. Y, en una tercera, aseguró tener “un montón de miedo” ante la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite colocar micrófonos en casas y coches de presuntos delincuentes.

El letrado de Diego P., Francisco Miranda, de Vox Legis Abogados, considera que la causa es “nula” y ha pedido al Juzgado número 1 de Chiclana la cancelación de los pinchazos. El defensor critica que el agente que durante diez meses almorzó e intercambió mensajes con el presunto narco figure en el sumario como “agente colaborador”. Según Miranda “se trata de un agente corrupto que se ha reciclado en una suerte de cooperador policial”.

La Guardia Civil arrestó en abril de 2016 a Diego P. El narco se encuentra desde entonces en prisión provisional a la espera de juicio. Se le acusa de dirigir una presunta red de nueve miembros que introducía hachís en España desde Marruecos. La policía incautó a su banda dos escopetas y un revólver.

La Fiscalía pide para Diego P. 14 años de cárcel por los delitos de narcotráfico, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho (soborno). El sueño del treintañero de comprar a un verde tendrá que esperar.

investigacion@elpais.es