El Gobierno invita a Puigdemont a debatir sobre el referéndum en las Cortes
Sáenz de Santamaría considera que el president debe acudir al Congreso y no a dar una conferencia en el Ayuntamiento de Madrid para encauzar democráticamente el diálogo
El Gobierno de Mariano Rajoy ha querido reventar por anticipado el acto en el que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, pensaba formular su propuesta de un referéndum de independencia en una conferencia este próximo lunes en una sala del Ayuntamiento de Madrid y le ha invitado este viernes formalmente, desde la mesa del Consejo de Ministros, a debatir y dialogar sobre esa idea, no a negociar, "donde debe, en las Cortes Generales". En concreto, en el Congreso de los Diputados y ante los representantes de todos los españoles. El planteamiento lo ratificó con carácter excepcional la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión semanal del gabinete.
La vicepresidenta y ministra para la Administración Territorial, Soraya Sáenz de Santamaría ha hecho ese ofrecimiento extraordinario ante los actos que Puigdemont tiene previsto celebrar hoy en Barcelona y sobre todo este lunes que viene en Madrid, en las dependencias del Ayuntamiento de la capital, para explicar sus planes soberanistas. Sáenz de Santamaría ha considerado que esas explicaciones debe darlas el president catalán en las Cortes "porque afectan a la soberanía nacional" para que haya un diálogo y debate acerca de las mismas con los representantes legítimos de todos los españoles y porque ese es el "cauce democrático" previsto en la Constitución.
Sáenz de Santamaría compareció tras el Consejo de Ministros para comunicar públicamente la oferta y para darle más rango que el habitual en esas ruedas de prensa que dirige ahora semanalmente el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. La vicepresidenta subrayó varias veces que "el reglamento de las Cortes y la Constitución ya establecen los mecanismos" para que ese tipo de iniciativas como la que plantea la Generalitat de Cataluña "sean conocidas y debatidas y con claros precedentes".
Fuentes del Gobierno catalán han señalado que será el propio presidente de la Generalitat quién responda a esa oferta esta misma tarde, antes del acto que tiene convocado el Pacte Nacional per al Referèndum. El gobierno catalán mantiene sin cambios la agenda del próximo lunes y la conferencia que tanto Puigdemont como el vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, y el consejero de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, tienen previsto ofrece el lunes en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, informa Dani Cordero.
Rajoy suscitó el debate sobre este asunto este viernes en el Consejo de Ministros y abrió a continuación un debate en el que participaron todos los presentes, según fuentes oficiales. Todos los ministros mostraron su coincidencia en que esa es la única solución legal prevista ante un planteamiento que trasciende al Gobierno. Rajoy ya hizo esa misma oferta al entonces presidente catalán, Artur Mas, cuando le visitó en La Moncloa en septiembre de 2012 y le reclamó, junto a otras demandas, un pacto fiscal para Cataluña similar al del País Vasco. Rajoy le contestó entonces que para conseguir ese objetivo era necesario modificar la normativa existente y la Constitución y que el único método para conseguirlo era hacer una oferta formal y convencer a una mayoría parlamentaria. Ese es el objetivo ahora también. No negociar, sino discutir donde procede.
Rajoy, según la nota que emitió entonces en 2012 La Moncloa, le expresó a Mas su oposición "a un concierto económico para Cataluña" (similar al que tiene el País Vasco) al entender que dicha fórmula de pacto fiscal no es "compatible con la Constitución Española, que todos los gobernantes están obligados a cumplir y a hacer cumplir". La consecuencia del futurible debate ahora con Puigdemont se prevé idéntica.
En La Moncloa también indicaron este viernes que Puigdemont tiene más precedentes de situaciones similares donde dirigentes autonómicos llevaron sus ideas al Congreso, como sucedió en 2005 con el Plan Ibarretxe del entonces lehendakari vasco. Aquel plan fue derrotado en la cámara baja pero Juan José Ibarretxe expuso sus ideas en el Congreso.
El ejecutivo de Rajoy pretende ahora evidenciar de nuevo que el Gobierno catalán persigue saltarse las normas y los procedimientos legales existentes que en otro tiempo sí cumplieron otros responsables públicos autonómicos como Ibarretxe. El Gobierno central intenta destacar y recordar que "la competencia sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación no es algo que competa negociar o discutir a un ejecutivo en concreto o a un partido ni a ningún poder del Estado" sino al conjunto de los delegados en las Cortes de la soberanía nacional.
"Hoy por hoy solo a las Cortes Generales le compete decidir sobre ese asunto", indicó Santamaría, que añadió repetidas veces en la misma línea: "El Gobierno no puede negociar ni autorizar algo que ya está previsto en el ordenamiento constitucional y con el que el señor Puigdemont ya tiene un cauce democrático para instar a que se logre lo que desea".
La número dos del ejecutivo apenas se salió de ese guión para recalcar de nuevo que el presidente catalán y los partidos nacionalistas que le respaldan en su plan separatista "deben cumplir las reglas de la democracia". Y en ese sentido les conminó a que acudan al Congreso, participen en el debate, sigan los procedimientos y acepten los resultados. Santamaría consideró que todos esos pasos, si se cumplieran, también obligarían al Gobierno central si al final de ese proceso reglado el resultado fuese el de la aprobación de una consulta sobre el futuro de Cataluña. "Todo puede plantearse pero siguiendo las reglas, la Constitución y el reglamento de las Cortes", respondió Santamaría.
La vicepresidenta no quiso detallar mucho los pormenores por los que el Gobierno ha concluido ahora que procede formular esa propuesta al presidente catalán cuando se le preguntó si había consultado esa iniciativa con otros partidos nacionales como el PSOE o Ciudadanos. Sí dijo que esas formaciones y también el propio PSC, la marca en Cataluña del PSOE, han estado en este tiempo debida y puntualmente informados de sus pretensiones. Fuentes de La Moncloa precisaron más tarde que sí se le había comunicado el plan a esos partidos y que por ahora no Rajoy no tenía pensado remitir una carta con ese posicionamiento oficial a Puigdemont porque tampoco había recibido por su parte una propuesta formal.
Lo que el Gobierno sí quiso destacar fue que su planteamiento llegaba tras reunirse en Consejo de Ministros y al observar que el presidente catalán había optado por acudir a dar su conferencia a una sala del Ayuntamiento de Madrid tras haber rechazado en su día el ofrecimiento del Senado de acudir a la comisión generales de las Comunidades Autónomas. "Habría sido bueno que se hiciera en el Senado pero el presidente catalán ha preferido otras fórmulas", dijo la vicepresidenta.
Soraya Sáenz de Santamaría concluyó que Puigdemont no debería rechazar este planteamiento del ejecutivo central y sugirió incluso que los responsables de organizar ese tipo de comparecencias en el Congreso no tendrían muchos problemas en permitir que los tres conferenciantes que tienen previsto acudir el lunes a la sala alquilada en el Ayuntamiento de Madrid (el propio presidente catalán, su vicepresidente, Oriol Junqueras, y su consejero de asuntos exteriores, Raúl Romeva) pudieran repartirse los tiempos de ese hipotético debate en la cámara baja.
La número dos del ejecutivo no explicitó este viernes desde la sala oficial de La Moncloa la opinión generalizada en el Gabinete de que esta es en realidad la última oferta posible al máximo representante de la Generalitat de la llamada Operación Diálogo que ella misma lleva impulsando desde que comenzó la legislatura. Santamaría no contestó cuando se le planteó si Rajoy podría reservarse un hueco en su agenda para encontrarse con Puigdemont en la visita que tiene ya prevista para finales de mayo en Sitges en unas jornadas económicas. Apuntó, eso sí, que el presidente español tiene su agenda siempre abierta aunque matizó que la posibilidad de acudir al Congreso a discutir esas ideas "es suficientemente democrática" y se puede y debe aceptar "sin mayores dotes de persuasión".
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