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El Congreso apoya el CETA entre la UE y Canadá

Podemos quería consultar al Constitucional el acuerdo antes de su ratificación

Alfonso Dastis, Ministro de Exteriores, en su escaño en el Congreso. VÍDEO: Quality

El pleno del Congreso ha rechazado este jueves la enmienda a la totalidad planteada por el grupo Unidos Podemos contra el Acuerdo Económico Comercial y Global entre la UE y Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) y también su intento de paralizar la ratificación del tratado hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su contenido. La ratificación del CETA ha sido apoyada por PP, PSOE, Ciudadanos, el PdeCat (antigua Convergència) y el PNV, mientras que Unidos Podemos ha tenido el respaldo de Compromís, ERC y EH Bildu.

El CETA, que estuvo a punto de naufragar por el rechazo inicial del Parlamento de la región belga de Valonia, se veía como un precedente del TTIP, el futuro acuerdo de libre comercio entre EE UU y la UE, pero la negociación de este último ha quedado aparcada tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca con su mensaje populista y proteccionista.

Aunque Podemos ha fracasado en su intento de que el Constitucional se pronuncie sobre el CETA antes de su ratificación —en base al artículo 50 de la Carta Magna, que permite someter a consulta previa del alto tribunal aquellos tratados “que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución”—, el grupo encabezado por Pablo Iglesias ya ha anunciado su intención de presentar recurso de inconstitucionalidad contra el tratado una vez sea aprobado, para lo que cuenta con los 50 diputados cuya firma se requiere. El Tribunal Constitucional alemán ya se ha pronunciado a favor del CETA, aunque con salvedades, y es probable que el francés también tenga que hacerlo.

Podemos basa su denuncia de inconstitucionalidad del CETA en la creación de un tribunal de arbitraje para la protección de las inversiones y un comité mixto cuya interpretación del tratado será vinculante. Para su portavoz, Pablo Bustinduy, la instauración de “un sistema de justicia paralelo para las multinacionales” y de “órganos con capacidad regulatoria sin control alguno” pueden causar “daños irreversibles” a la soberanía de las instituciones democráticas, que tendrían limitada su capacidad para incrementar el salario mínimo, remunicipalizar servicios públicos o tomar medidas de protección del medio ambiente.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aprovechado el turno en contra de la enmienda para medirse ideológicamente con Podemos, a la que ha acusado de escudarse en una Constitución que denosta y alinearse con la ultraderechista Le Pen en su rechazo al libre comercio. “Si hay un país en el mundo con el que Europa puede firmar un tratado es Canadá”, ha subrayado Rivera, en alusión a que sus estándares laborales o medioambientales son tan exigentes como los de la UE.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha sostenido que el CETA promueve “un modelo de prosperidad compatible con los derechos sociales” y elimina el 99% de los aranceles, mientras que protege productos agroalimentarios especialmente sensibles y excluye sectores como Sanidad, Educación, suministro de agua o servicios sociales. Ha rechazado la inconstitucionalidad del sistema de arbitraje, integrado por jueces designados por ambas partes, alegando que nadie ha cuestionado hasta ahora mecanismos menos garantistas incluidos en los tratados comerciales y de protección de inversiones ahora vigentes. La socialista Soraya Rodríguez ha concluido que el CETA “es un buen acuerdo, aunque no perfecto” y ha recordado a Podemos que “la izquierda no es proteccionista, nacionalista ni aislacionista”.