El Gobierno crea un equipo para asesorar a los españoles del ‘Brexit’

El Gobierno de Mariano Rajoy pondrá en marcha un grupo de trabajo interministerial, llamado Task Force Brexit, para prestar “servicio de apoyo y asesoramiento a los ciudadanos españoles en Reino Unido” de cara a la salida del país de la UE. La Task Force, en cuya creación “se ha avanzado ya considerablemente”, tendrá su sede en la Embajada de España en Londres y requerirá la incorporación de un total de 15 trabajadores, repartidos entre la Embajada, las consejerías sectoriales y los consulados de Londres y Edimburgo.

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El plan, detallado en una respuesta del Gobierno a una pregunta escrita del senador socialista Andrés Gil, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, obedece a “la preocupación creciente” que el Brexit ha provocado en “los españoles residentes en el Reino Unido y las empresas, instituciones y entidades españolas que realizan actividades en o con este país”. En cuanto a la inversión necesaria para la puesta en marcha del servicio, el Gobierno asegura que solo podrá evaluarse una vez se hayan aprobado los refuerzos de personal aludidos.

El Gobierno informa de que la Embajada y los dos consulados en suelo británico están trabajando con un importante colectivo de españoles agrupados en la plataforma Surviving Brexit, que agrupa ya a más de 3.000 españoles residentes en el país. Un grupo de representantes de dicha plataforma se reunió por primera vez con el embajador -entonces Federico Trillo, predecesor de Carlos Bastarreche- el pasado 6 de diciembre, como informó EL PAÍS, para trasladar las preocupaciones de sus miembros y solicitar apoyo y asesoría. “Es una muy buena noticia”, reconoce Luz Villarrubia, cofundadora de Surviving Brexit. “Esperamos que no se quede solo en buenas intenciones y que siga adelante. Hace mucha falta porque hay mucha incertidumbre y ansiedad entre los españoles en Reino Unido”.

En la carta del Gobierno, fechada el pasado 5 de mayo, se resumen en cinco las demandas de los residentes españoles en Reino Unido: el establecimiento de un servicio de apoyo e información; la asistencia para aquellos que quieren tramitar su residencia permanente; la creación de una sección Brexit en las páginas web de Embajada y Consulados, que incluya un apartado de respuestas a las dudas más frecuentes que sea actualizado permanentemente; la publicación de un boletín de información (electrónico o por correo) actualizado con los cambios que puedan afectar a la situación de los residentes españoles; la organización de charlas y conferencias con los colectivos de españoles en las distintas regiones de Reino Unido.

El Gobierno reconoce que “la demanda de apoyo es creciente y se manifiesta diariamente en las redes sociales y en el número en aumento de mensajes y consultas que se reciben al respecto en todos los departamentos y oficinas de la Embajada y en los Consulados Generales en Londres y Edimburgo”. Por ello, la Task Force Brexit actuará como una ventanilla única, coordinando el trabajo de los consulados y los diferentes departamentos de la Embajada con competencias en el tema.

En principio, la iniciativa estará en funcionamiento durante tres años, los dos años de negociaciones del Brexit más un año para la implementación de los resultados de la negociación. Así, el Gobierno asume que no será posible acordar los términos del divorcio y la nueva relación comercial en los dos años que marca el artículo 50 del Tratado de Lisboa y que empezaron a correr el pasado 29 de marzo. A pesar de que existe casi consenso respecto a la imposibilidad de zanjar ambas cuestiones en dos años, el Gobierno de Theresa May sigue defendiendo públicamente que es posible, aunque la primera ministra ya ha aceptado públicamente que puede ser necesario un “periodo de implementación” después del final del plazo de negociaciones.

Las misiones principales del Task Force del Ejecutivo español serían, según recoge la carta, responder a consultas telefónicas y escritas; atender presencialmente a las personas que lo soliciten; coordinar las consultas sectoriales específicas con los departamentos competentes de la Embajada y consulados; organizar actos de divulgación por todo el país, y actualizar de forma permanente los contenidos de las páginas web y la cuenta de Twitter sobre el Brexit. El Gobierno asegura que “sería conveniente” también la apertura de una cuenta en Facebook.

Para abordar dichas tareas, el Gobierno reconoce que “los medios actuales resultan insuficientes”. Y detalla los refuerzos necesarios: dos puestos adicionales en la Cancillería de la Embajada, que constituirían “el núcleo central de la Task Force”; cinco contratados laborales temporales en el Consulado General en Londres; dos en el Consulado General en Edimburgo; dos en la Consejería de Empleo de la Embajada; dos más en la de Información; uno en la de Educación, y la recuperación del puesto de auxiliar administrativo en la Consejería de Transportes suprimido en 2014. Todo este personal adicional recibiría formación específica sobre las cuestiones que preocupan a los ciudadanos españoles en relación con el Brexit.

Hay más da 131.000 españoles registrados en los consulados de Londres y Edimburgo, pero se calcula que el número de residentes es más que el doble. Es el octavo colectivo nacional de inmigrantes europeos en el país. La migración española a Reino Unido ha aumentado de manera sostenida desde la gran recesión, con crecimientos de un 15% o un 20% anual a partir de 2008. Ahora fuentes oficiales aseguran que empieza a notarse un aumento en la gente que regresa, en parte por la mejora de la situación económica en España y, en parte, por el Brexit.

Las negociaciones de salida de Reino Unido de la UE comenzaron oficialmente el pasado 29 de marzo, y los residentes de los demás países de la UE en Reino Unido no tienen garantizado si sus derechos serán mantenidos una vez se consume el Brexit. La oposición, la Cámara de los Lores y diversos colectivos ciudadanos han pedido insistentemente al Gobierno de Theresa May que garantice los derechos de estos ciudadanos, excluyéndolos de la negociación de los términos del divorcio, pero la primera ministra se ha negado a hacerlo unilateralmente hasta la fecha.