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Rajoy habló con Cifuentes tras el informe de la Guardia Civil que pide investigarla

El presidente del Gobierno ha asegurado que confía "absolutamente" en la presidenta de la comunidad de Madrid

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hablado por teléfono con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica destaque la supuesta participación de la presidenta en la financiación ilegal del PP. Rajoy ha asegurado este miércoles en los pasillos del Congreso, tras la sesión de control al Gobierno, que confía "absolutamente" en Cifuentes.

La presidenta se desvinculó este martes de cualquier actuación ilegal en su actuación como presidenta de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid. La presidenta calificó el informe de la UCO de “juicios de valor, sin fundamento jurídico” y aseguró que así lo debía entender Velasco ya que no había tomado ninguna iniciativa contra ella. Mientras la UCO ha remitido al juez Eloy Velasco un segundo documento sobre la presunta implicación de Cifuentes en las supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato de comedor y cafetería al Grupo Cantoblanco del empresario Arturo Fernández, imputado en el caso Púnica. 

"Todos los años que fui presidenta del órgano de contratación, el 100% de las decisiones se tomaron por unanimidad de todos los partidos y en base a los informes técnicos”, insistió Cifuentes. 

El primer informe, remitido el pasado 1 de marzo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, destaca que Cifuentes intervino en las supuestas “valoraciones arbitrarias” de la Mesa de Contratación de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicación, en 2009, de la gestión de los servicios de comedor y cafetería del edificio de la Cámara autónoma al Grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrileña. El segundo, fechado 27 días después del primero, llegó a la Audiencia Nacional el 28 de marzo de 2017 como un "ampliatorio" del anterior. En el mismo, los agentes hacen un "análisis" de las declaraciones que tomaron en calidad de investigados policiales a tres asesores y miembros de los comités de expertos que participaron en las licitaciones de los años 2009 y 2011.

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