Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

El ‘garaje’ del caso Lezo, para la Guardia Civil

El juez autoriza a la UCO a usar los coches de alta gama de Ignacio González y su testaferro

Ignacio González, expresidente del la Comunidad de Madrid.
Ignacio González, expresidente del la Comunidad de Madrid.

Un efectivo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conducirá a partir de ahora el Smart Fortwo Coupé del expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el caso Lezo. Otro agente se sentará al volante, cuando esté de servicio, del BMW 330D de la esposa de aquel, Lourdes Cavero, también imputada en la causa. Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, ha autorizado que los miembros del instituto armado puedan utilizar para sus operaciones los vehículos —casi todos, de alta gama— de los principales investigados en esta trama de corrupción.

El magistrado, en un auto —resolución razonada— dictado el pasado 11 de mayo, otorga a los investigadores policiales el uso de una veintena de coches de personas y empresas implicadas en el macrosumario. Entre ellos, del expresidente González, su mujer y su hermano Pablo; de su supuesto testaferro Edmundo Rodríguez; y de José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM). En el listado figuran cinco BMW, tres Audi, tres Smart, cuatro Minis y un Jaguar, entre otros.

Velasco adopta esta decisión después de que la Guardia Civil pidiera usar los coches intervenidos. "Dada la escasa renovación que se ha producido del parque móvil en los últimos años; y que este se encuentra en una situación preocupante por su excesiva antigüedad", argumentan los agentes, que exponen en su escrito que la "incompleta reposición" de automóviles ha provocado "una clara cobertura incompleta de las necesidades".

"Esta situación ha mermado operatividad a las distintas unidades por la falta de medios, así como por el incremento de las averías en los automóviles", apostillan los investigadores, que denuncian que "las limitaciones presupuestarias" suponen que se renueve la flota con una periodicidad muy superior a la recomendada por la DGT". Según la UCO, esto implica una "merma de fiabilidad" de los coches y un incremento de la siniestralidad. "El aumento de la variedad de los modelos resulta muy beneficioso para las actuaciones policiales, al pasar desapercibidos e integrarse en determinados ambientes delictivos", añade la Guardia Civil, que se compromete a ocuparse de la conservación de los vehículos.

El instituto armado revisará el aceite, los filtros, la batería, el alumbrado, los neumáticos y los amortiguadores. "Los coches deberán, obligatoriamente, pasar la ITV antes de la puesta en servicio como vehículo oficial", exponen los investigadores, que remachan; "En definitiva, se realizará un mantenimiento adaptado a cada tipo de vehículo, permitiendo preservarlos en un estado adecuado".

Las subastas de Púnica

Los automóviles intervenidos en las operaciones de corrupción se han convertido ya en otro protagonista más de los procesos judiciales. Hace apenas unas semanas, en el marco de la operación Púnica, Velasco accedió a la petición de uno de los principales implicados, el constructor David Marjaliza, de proceder a la venta de los vehículos que le intervinieron tras su detención, para que el dinero que se obtenga pueda servir para pagar los previsibles multas y responsabilidades civiles a las que le condenan. Son un Mercedes Benz 350S y un Mini Cooper, que habían pasado a manos de los agentes.

Más información