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El pleno del Congreso reprobará por primera vez a un ministro y a la cúpula fiscal

El PP afronta en solitario el rechazo del Congreso a Catalá, Maza y Moix

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en su visita a Melilla. Ampliar foto
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en su visita a Melilla. EFE

El Pleno del Congreso aprobará este martes la insólita reprobación de un ministro, de un fiscal general del Estado y del fiscal jefe anticorrupción. Salvo sorpresas, el Pleno aprobará la moción del PSOE solo con los votos en contra del PP.

La inmensa mayoría de la Cámara reprobará a Rafael Catalá, José Manuel Maza y Manuel Moix por entorpecer la investigación de destacados casos de corrupción, especialmente el llamado caso Lezo. Todos los grupos parlamentarios, salvo el del Gobierno, que está en minoría en la Cámara, acusarán a los tres de proteger a presuntos corruptos encarcelados.

“Es una medida simbólica y sin ningún efecto, por eso siempre defendimos que había que ir más allá, pidiendo la dimisión, la comparecencia en pleno del presidente y la moción de censura, pero la apoyaremos”, aseguró a este periódico Irene Montero, portavoz de Podemos. “Si el Gobierno no cesa en estos días a Moix y no hace nada, no nos queda más remedio que apoyar la reprobación”, afirmó Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo de Ciudadanos.

Esta situación insólita se producirá en medio de una ofensiva sobre la corrupción contra el Gobierno que se inició la pasada semana, que seguirá el miércoles con preguntas del PSOE al Ejecutivo, incluido Mariano Rajoy, y ante la inminencia de la presentación de una moción de censura de Podemos -posiblemente este mismo martes- con el detonante, precisamente, de los escándalos.

La moción del PSOE tiene un valor simbólico y político, aunque no ejecutivo. Nada obliga al presidente del Gobierno a cumplirlo, pero lastra políticamente al Ejecutivo por ser un hecho insólito, por la mayoría parlamentaria que reunirá y por las sombras de sospechas que caerán ante cada actuación de Catalá, Maza y, sobre todo, Moix.

El origen está en el interés del Gobierno por remover la Fiscalía Anticorrupción, provocando la salida de la anterior fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, por negarse a los nombramientos; la designación de Moix pese a que Maza fue advertido de que los investigados del caso Lezo le querían para el cargo y algunas actuaciones como el intento por parar diligencias o apartar a fiscales del caso. También mensajes del ministro de Justicia al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González hoy encarcelado.

El ministro solo puede abandonar el cargo por dimisión o por destitución por parte de Rajoy. Catalá dejó claro la pasada semana en la Comisión de Justicia que no renunciará porque no considera que haya hecho nada reprobable y el presidente del Gobierno le ha mostrado su respaldo expreso.

Jorge Fernández Díaz fue reprobado como ministro del Interior en Comisión y cuando el Gobierno estaba en funciones. Y antes Magdalena Álvarez fue reprobada como ministra socialista de Fomento en el Senado. Es decir, nunca se ha reprobado así a un ministro.

Ni se ha hecho con el fiscal general del Estado. Según el Estatuto Fiscal, el fiscal general puede cesar por “incumplimiento grave o reiterado de sus funciones”, lo que puede ser apreciado por el Consejo de Ministros. Es decir, que o dimite o es destituido por el Gobierno.

En el caso de Moix, esa misma norma señala que “podrán ser removidos por el Gobierno a propuesta del Fiscal General del Estado, que deberá oír previamente al Consejo Fiscal y al interesado”.

La moción del PSOE alude a “reiteradas injerencias del ministro de Justicia para obstaculizar la acción de la Justicia en las causas judiciales por delitos relacionados con la corrupción en las que resultan investigados cargos públicos y otros miembros del PP, los nombramientos promovidos por el ministerio fiscal para favorecer los intereses de los investigados en estas causas, las maniobras que se han acreditado en el seno del Ministerio Público dirigidas a obstaculizar la actuación de los propios fiscales encargados de las mismas y las graves consecuencias que estas inaceptables actuaciones suponen para el funcionamiento de la Justicia y el Estado de derecho”.