Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Granados propuso a López Madrid especular con los terrenos del estadio del Atlético

El político envió un email al empresario para hacer un negocio urbanístico tras el derribo del Vicente Calderón.

Francisco Granados, el día de su detención.
Francisco Granados, el día de su detención.

Francisco Granados propuso al empresario Javier López Madrid, imputado como él en el caso Púnica, una operación para colocar en el mercado 80.000 metros cuadrados de suelo urbanizable que iban a quedar libres en el centro de Madrid tras la demolición del estadio de fútbol del Vicente Calderón. Así lo recoge la copia en papel de un correo electrónico intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en casa del que fuera secretario general del PP de Madrid cuando éste fue detenido en octubre de 2014. El documento figura como enviado poco después de las nueve y media de la noche del 22 de septiembre de aquel año, meses después de que el político tuviera que dejar su escaño en el Senado al trascender que poseía una cuenta en Suiza y poco más de 30 días antes de su arresto.

El documento, incorporado al sumario del caso Púnica, lleva en el asunto “Operación Vicente Calderón” y fue remitido por Granados a dos direcciones de correo electrónico de López Madrid. Una, corporativa del Grupo Villar Mir. La segunda, de la filial de ésta Ferroatlántica. En ambas sociedades, el empresario ocupaba un cargo directivo. En el texto, el político –reconocido seguidor rojiblanco- hace una detallada exposición de la operación con varias alusiones a “M.A. Gil”, en referencia a Miguel Ángel Gil Marín, máximo accionista del Atlético de Madrid. Así, detalla que los dos propietarios de los terrenos donde se va a levantar la operación urbanística, el propio club y la cervecera Mahou, “reciben 80.000 metros cuadrados de edificabilidad cada uno y cambio tendrán que pagar todos los gastos de urbanización”.

Historia de una operación urbanística

La historia de la Operación Vicente Calderón se remonta a 2008, cuando el Ayuntamiento de Madrid, gobernado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón (PP), firmó un convenio con el Atlético para trasladar al club al estadio municipal de La Peineta. El equipo se comprometió a comprar la parcela sobre la que se levantaba éste por 41,2 millones. Para sufragar estos gastos, el Atlético firmó en junio de 2010 un acuerdo con FCC y con la cervecera Mahou. La constructora derribaría el Vicente Calderón y la fábrica de cerveza contigua, y levantaría en esos terrenos 2.000 viviendas. También se encargaría de soterrar el último tramo de la M-30. Los beneficios de la venta los inmuebles cubrirían los gastos de la operación, según los cálculos del acuerdo. Sin embargo, los diferentes pleitos que han rodeado el proyecto –que obligaron a modificaciones legales- y la caída del mercado inmobiliario obligaron a replantear las condiciones del acuerdo y retrasaron las obras. En noviembre de 2014, como auguraba Granados en su email de dos meses antes, FCC se desvinculó de la operación. Casi tres años después, y tras superar nuevos obstáculos –como la reducción de la edificabilidad- el proyecto parece haber entrado en el buen camino… pero sin Granados ni López Madrid.

Granados detalla que aunque en aquel momento se estaba a la espera de la aprobación definitiva del plan urbanístico por el Ayuntamiento de Madrid, que entonces encabezaba su correligionaria Ana Botella, “todos los informes son positivos, incluyendo el de la Comunidad de Madrid y la aprobación es cuestión de días”. En este punto, el político destaca a Javier López Madrid que si bien el Atlético de Madrid tenía firmado un contrato con la empresa FCC, "la delicada situación financiera” de ésta “le ha llevado a ralentizar la obra y no se van a cumplir los plazos para la apertura del nuevo estadio”, que en aquel momento estaba prevista para 2016.

Por ello, apuntaba que el club de fútbol quería romper su acuerdo con FCC –como meses después se confirmaría- y vender sus 80.000 metros cuadrados de edificabilidad a un precio inferior al inicialmente previsto, que era de 3.000 euros el metro cuadrado. En concreto, a 2.000 euros. Con estas cifras, Granados propone a López Madrid “explorar si ese precio es atractivo para la zona y si había compradores. Yo creo que se trata de la zona más atractiva que queda por edificar en Madrid, dentro de la Operación Río, y con excelentes vistas al Madrid de los Austrias, incluido el Palacio Real”, añade. También le detalla que el proyecto incluye “dos torres de gran altura (no te puedo decir cuántos pisos)”, además de “algo de comercial y terciario”.

Finalmente le indicaba que la empresa Mahou también estaba “en disposición de vender”, aunque asegura que en ese momento no sabía a qué precio por lo que proponía “centrarnos en el Atlético de Madrid”. El correo electrónico concluye con la propuesta de mantener un encuentro entre ambos y Miguel Ángel Gil “en los próximos días”. Un mes después, Granados era detenido e ingresaba en prisión.

Compañeros de yate e imputación

La investigación del caso Púnica ha sacado a la luz la estrecha relación existente entre Francisco Granados y Javier López Madrid, ambos imputados en la causa. Las pesquisas permitieron saber que ambos, junto al constructor David Marjaliza, compartían los gastos de un yate que el empresario poseía, pero del que hacían uso los tres. Además, en una agenda intervenida a Granados aparecieron las iniciales “JLM” junto a cifras que reflejaban unas supuestas entregas de dinero para financiar al PP de Madrid. Fue el tercer usuario del yate, Marjaliza, quien las identificó como correspondientes a López Madrid, lo que permitió al juez Velasco abrir una nueva pieza del sumario sobre una supuesta caja b de los populares madrileños. López Madrid se encuentra imputado en la misma, como ahora también lo está en la Operación Lezo por el supuesto pago de una mordida de 1,4 millones a otro dirigente del PP, Ignacio González.

Más información