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Críticas a Podemos por "amenazar" la libertad de expresión en su propuesta de ley sobre LGTB

El partido propone sanciones y la retirada de contenidos sin que lo decrete un juez

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso. EFE

La proposición de ley de Unidos Podemos “contra la discriminación por razón sexual”, publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, ha sido objeto de duras críticas por parte de colectivos de defensa de la libertad de expresión e incluso por el propio cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por “amenazar” este derecho fundamental. La Plataforma en defensa de la libertad de información considera que la propuesta de ley “permite la censura y es inconstitucional”, porque contempla sanciones administrativas, de hasta 20.000 euros, así como la retirada de contenidos, en caso de verter opiniones ofensivas contra el colectivo de gais, lesbianas y transexuales sin que lo decida un juez.  El partido argumenta que la ley fue elaborada “íntegramente” por los colectivos de LGTBI y que en el trámite de enmiendas se asegurará de que se “corrija cualquier interpretación susceptible de recortar la libertad de expresión”.

La propuesta de ley registrada por Unidos Podemos establece un régimen sancionador para las ofensas al colectivo LGTBI a través de un procedimiento administrativo. Así, supondría una infracción “proferir, por cualquier medio o procedimiento, expresiones, imágenes o contenidos gráficos de cualquier tipo que sean ofensivas o vejatorias, por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias”, dice su texto. Esto es, sin que fuera un juez quien ponderara el posible choque entre derechos fundamentales, sino un funcionario. “Los conflictos entre libertad de expresión y otros derechos deben ser competencia exclusiva del poder judicial”, subraya la Plataforma en defensa de la libertad de información en un comunicado.

Al mismo tiempo, la norma permitiría que se retiraran por orden administrativa los contenidos que se entendieran ofensivos, así como el bloqueo de páginas web. “Ante cualquier infracción, cualquiera que sea su naturaleza, se procederá al decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte objeto de las infracción [sic] administrativas contempladas en la presente Ley o por medio de las cuales se hubiera cometido", señala la norma, que también indica que "cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo”.

Para la Plataforma, este precepto es “manifiestamente inconstitucional”, y supondría “censura”, porque la Constitución solo permite acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

La iniciativa fue criticada también por abogados especializados, como el exdiputado de Podemos David Bravo, así como por el cofundador del partido Juan Carlos Monedero: “En tiempos de censura, Podemos debe ser el partido más garantista de la libertad de expresión. La homofobia no se derrota censurando”, escribió Monedero en Twitter.