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Casals tuvo una cita con Ignacio González y su testaferro antes de la Operación Lezo

El encuentro, en el hotel Palace, donde el presidente de 'La Razón' se aloja en Madrid, no pudo ser grabado por los investigadores

Mauricio Casals.
Mauricio Casals.

Mauricio Casals, presidente del diario La Razón, tuvo un encuentro con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su supuesto testaferro Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de la empresa editora del periódico del grupo Planeta, en los días previos a que estallara la Operación Lezo contra la corrupción. Según han confirmado fuentes de la investigación, la cita entre los tres se celebró en el hotel Palace de Madrid, donde Casals, residente en Barcelona, se aloja cuando viaja a la capital de España.

Casals reconoce que estuvo en esa reunión, que se celebró a petición de Rodríguez Sobrino. Las llamadas para la cita las hizo el empresario porque el testaferro sospechaba que su teléfono estaba pinchado. En esa cita, según Casals, González y Rodríguez Sobrieno se quejaron de que se sentían acosados por la justicia.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trataron de grabar el encuentro con micrófonos ambientales por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Sin embargo, problemas técnicos y el hecho de que la reunión se produjo en la habitación de Casals y no en una zona pública del hotel, como un salón, el restaurante o el bar, complicó la grabación, de la que apenas se consiguieron retazos de ínfima calidad, según las mismas fuentes. González y Rodríguez Sobrino, su hombre de confianza en las empresas del Canal de Isabel II en Latinoamérica, apenas habían sido vistos juntos desde que comenzó la investigación en el año 2016. Los investigadores sí habían detectado –y grabado- encuentros del testaferro con Pablo González hermano del político.

Tanto Ignacio González y su hermano como Edmundo Rodríguez Sobrino se encuentran en prisión desde el pasado 21 de abril. Los investigadores sospechan que el encuentro del Palace, apenas días antes de que se iniciara la Operación Lezo, hubiera podido arrojar luz sobre un aspecto colateral de la trama, pero que ha ocupado el centro del foco informativo en los últimos días: los supuestos chivatazos que recibió la trama de Ignacio González por parte de altos cargos de la policía, la judicatura y el ministerio fiscal de que estaba siendo investigado y que sus comunicaciones se encontraban intervenidas.

La cita en el hotel madrileño, frente al Congreso de los Diputados, se produjo después de que el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, se reuniera, el 8 de marzo, con Pablo González. El hermano del expresidente fue directivo de la sociedad pública Mercasa, dedicada a los mercados mayoristas, y tenía contacto con Nieto tras la etapa de este como alcalde de Córdoba. Tras el encuentro entre el número dos de Interior y González, en el despacho oficial del primero, el ahora encarcelado telefoneó a su esposa para decirle que la conversación había sido muy interesante, pero que no podía comentarla con ella por teléfono.

Nieto ha negado reiteradamente que en aquella reunión del 8 de marzo tratara con Pablo González de aspectos de la investigación del caso Lezo, sobre cuya pista ya estaban los imputados. También ha rechazado haber mantenido otros encuentros o conversaciones telefónicas con él. Sin embargo, esta semana, la Fiscalía Anticorrupción ha añadido confusión al caso al apuntar en un escrito que Nieto está detrás de la filtración. Las protestas del número 2 de Interior obligaron al fiscal jefe Anticorrupción Manuel Moix a aclarar que Nieto “no tiene nada que ver” con el supuesto chivatazo. Ayer jueves, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pidió “disculpas” al secretario de Estado por el daño causado a su imagen, que atribuyó a una redacción confusa del escrito de los fiscales que llevan el caso, Carlos Iañez y Carmen García Cerdá.

Mauricio Casals estuvo imputado en los primeros días de la Operación Lezo junto con el director de La Razón, Francisco Marhuenda, como supuestos autores de coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no llevara a la fiscalía los datos de la investigación interna del Canal de Isabel II que puso en marcha tras llegar a la presidencia. Tras tomar declaración a ambos directivos, el juez Velasco levantó la imputación al tener en cuenta que ni Cifuentes ni su jefa de Gabinete, Marisa González, se habían sentido intimidadas por los directivos del periódico conservador, y el hecho de que finalmente habían colaborado con la justicia pese a estas supuestas presiones.

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