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Mengua la macrocausa de los ERE

La Audiencia dicta que cada político acusado solo afronte un juicio y no decenas como dice la fiscalía

Javier Martín-Arroyo
El exdirector de la agencia pública Idea Jacinto Cañete, en los juzgados.
El exdirector de la agencia pública Idea Jacinto Cañete, en los juzgados.EFE

La macrocausa de los ERE ha reducido esta mañana su descomunal tamaño. De un plumazo la Audiencia de Sevilla ha reducido las personas encausadas por los cientos de ayudas públicas concedidas por la Junta de Andalucía durante una década. Los magistrados de la Sección Séptima han dictaminado que si un ex alto cargo está encausado en la pieza política —que engloba todas las subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo— no puede ser enjuiciado por cada una de esas ayudas de manera independiente y aislada. Es decir, si la pieza política engloba todas las supuestas malversaciones, estas no pueden enjuiciarse además por separado.

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Los jueces se han pronunciado sobre el exdirector de la agencia pública Idea Jacinto Cañete y aclaran que no puede ser enjuiciado por malversación en la pieza de la ayuda de Bética Industrial si ya está encausado en la rama política por el mismo delito. Ambos juicios serán incompatibles. Este criterio marca la senda para que el exconsejero Antonio Fernández, el exviceconsejero Agustín Barberá y los ex directores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez, entre otros altos cargos, ya no afronten decenas de juicios por haber autorizado ayudas, sino que su culpabilidad o inocencia si dilucidará en la pieza política, que previsiblemente se aclarará en 2018.

La decisión supone una victoria para las defensas en esta macrocausa y una derrota para las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende poder celebrar todos los juicios en paralelo. En concreto, Cañete se ha librado esta mañana de sentarse en el banquillo de los acusados por 124 convenios que suscribió como director de Idea. De 124 juicios ha pasado a afrontar uno solo. Los jueces critican en su resolución “el afán globalizador” de la pieza política y recuerdan que a Cañete “se le ha imputado, se le ha acusado y se le va a enjuiciar por haber suscritos 124 convenios” en una vista con las acusaciones por prevaricación, malversación y asociación ilícita. Además, la Audiencia corrige a la instructora María Núñez, que en su día rechazó archivar las actuaciones contra Cañete en la pieza relativa a la empresa Bética Industrial.

Este triunfo de las tesis de los abogados ha sido un argumento sostenido por la defensa de Fernández y Cañete, que han recurrido cada decisión del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla encaminada a incluirles en varios juicios a la vez por los mismos hechos, siempre con la oposición de Anticorrupción. El letrado Alfonso Martínez del Hoyo ha destacado su "satisfacción". "Nadie puede ser investigado, acusado y enjuiciado dos veces por los mismos hechos; y celebro, ya desde una perspectiva puramente práctica, que el reconocimiento de esta solución que postulábamos significa, además, introducir una cierta racionalidad y posibilitar la pura viabilidad del panorama de señalamientos y celebración de juicios de la Audiencia de Sevilla, que en otro caso hubiera quedado gravemente comprometido para los próximos años", ha afirmado.

¿Desactiva esta resolución las decenas de piezas que cada mes abre el Juzgado de Instrucción 6 por cada ayuda concedida desde la Junta de Andalucía? No, pero las deja descafeinadas porque los altos cargos que concedieron las ayudas no se sentarán en el banquillo, solo los empresarios beneficiados por cada ERE o ayuda directa y los terceros beneficiados como intrusos. Y sobre todo, supedita el futuro de todas las piezas al resultado de la rama política. Si el Supremo absuelve a la excúpula de la Junta de Andalucía por supuestamente haberse confabulado para idear un sistema ilegal, todas las causas que dilucidan cada ayuda tendrán mucho más difícil la condena por malversación. Si en cambio la excúpula resulta condenada, los juicios por cada ayuda contarán con un respaldo importante, pero entre sus condenados no estarán los políticos responsables, solo los empresarios e intrusos.

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“El auto de la Sección Séptima, al estimar nuestras tesis mediante una pulcra y medida técnica jurídica, supone de facto que nuestro cliente, director general de la agencia Idea, no podrá ser investigado ni procesado en ninguna de las piezas separadas, solo será enjuiciado en el procedimiento específico (…) podríamos estar ante un vuelco en el diseño conceptual del caso ERE, dado que ningún alto cargo sería procesado ni enjuiciado en ninguna de las piezas separadas. En la práctica, para nuestro cliente, el auto significará tener un solo proceso en lugar de decenas y decenas, algo que veníamos reclamando desde antaño por el monstruoso e innecesario calvario procesal que ello suponía”, ha apuntado el abogado de Cañete, Juan Carlos Alférez.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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