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Los Ayuntamientos reclaman una reforma constitucional que les dé más competencias

Caballero pide adaptar el texto de 1978 en el foro Retos y estrategias del municipalismo

Juan José Mateo
Abel Caballero, presidente de la FEMP, este martes en el foro Retos y estrategias del municipalismo.
Abel Caballero, presidente de la FEMP, este martes en el foro Retos y estrategias del municipalismo.Bernardo Pérez

Casi 40 años después de la aprobación de la Constitución de 1978, los Ayuntamientos protagonizan “una revolución”, aplican “la política total” y reclaman “un nuevo escenario” que aumente sus competencias para hacer frente a los problemas de los ciudadanos. “Queremos estar en la reforma de la Constitución y tener un capítulo que garantice nuestro estatus”, ha anunciado este martes Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha propuesto reformar el Texto Fundamental y la Ley de financiación para adaptarlos a la realidad del siglo XXI. “Queremos un nuevo estatuto. El que tenemos está reventado por los hechos (...) Todo sucede en las ciudades. Y más va a suceder en el futuro”, ha añadido el alcalde de Vigo durante su intervención en el foro Retos y estrategias del municipalismo, organizado por EL PAÍS, la cadena Ser y la FEMP.

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Los efectos de la crisis económica. Las listas de espera en la sanidad pública. La educación infantil. El cuidado del medioambiente. O la recogida de basuras. Las corporaciones locales se enfrentan en su día a día a una multitud de requerimientos de los ciudadanos para los que necesitan más competencias, según ha argumentado Caballero. Su labor es poner cara y ojos a los problemas, personalizar los números y las estadísticas, y revalorizar “la política de la cercanía”. Solicitan, en consecuencia, herramientas actualizadas para responder a las nuevas preguntas de sus vecinos.

“En la Constitución hay unos grandes olvidados, las corporaciones locales”, ha lamentado el presidente de la FEMP. “[El texto] Despacha los Ayuntamientos en tres artículos insuficientes que no entendieron lo que iba a pasar”, ha continuado. “Eso nos dejó en una posición de indefensión, en la que un gobierno con mayoría absoluta podía osar, y osó, a recortar las competencias de los Ayuntamientos”, ha añadido. Y ha subrayado: “Queremos estar en la reforma de la Constitución y tener un capítulo que garantice nuestro estatus. No tenemos competencias elementales, pero hacemos frente a las demandas de los ciudadanos. Estamos en la época de la participación activa, y el recurso político que estos tienen son las corporaciones locales. Esa es la nueva dimensión de la política”.

Las entidades locales fueron el único escalón de la administración pública que cumplió en 2016 con los objetivos de estabilidad, con un superávit del 0,64% del PIB (7.083 millones de euros). Los más de 8.000 alcaldes agrupados en la FEMP habían anunciado su intención de salir a la calle a protestar si el Ejecutivo persistía en su intención de prohibirles reinvertir ese dinero ahorrado. Sin embargo, el PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos se comprometieran este lunes a enmendar la Ley de Presupuestos para que los municipios puedan emplear esos ahorros hasta finales de 2018.

Antonio Román, alcalde de Guadalajara; Begoña Villacís, concejal de Ciudadanos en Madrid; Ramiro Aurín, director de la Asociación para la excelencia de los servicios públicos; Abel Caballero, alcalde de Vigo; Valeriano Gómez, economista y exministro de trabajo del PSOE; Vicente Olaya, redactor jefe de la sección de local de EL PAÍS; y Jorge Rivera, director adjunto del periódico
Antonio Román, alcalde de Guadalajara; Begoña Villacís, concejal de Ciudadanos en Madrid; Ramiro Aurín, director de la Asociación para la excelencia de los servicios públicos; Abel Caballero, alcalde de Vigo; Valeriano Gómez, economista y exministro de trabajo del PSOE; Vicente Olaya, redactor jefe de la sección de local de EL PAÍS; y Jorge Rivera, director adjunto del periódicoBernardo Pérez
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¿Por qué las corporaciones locales logran ahorrar cuando no lo consiguen el resto de administraciones? ¿Son víctimas o beneficiarias de la regla de gasto? ¿Cómo deben delimitarse las competencias que podrían financiar con ese superávit? Esas preguntas han sido el hilo argumental del debate que ha moderado Vicente Olaya, redactor jefe de la sección de Madrid en EL PAÍS, y que han mantenido Antonio Román, alcalde de Guadalajara y secretario de política municipal del PP; Valeriano Gómez, economista y exministro de trabajo del PSOE; Begoña Villacis, concejal y portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid; Caballero; y Ramiro Aurín, director de la Asociación para la excelencia de los servicios públicos.

"Hemos asistido a una reducción de competencias sobre las que los Ayuntamientos tenían una gran tradición", ha recordado el socialista Gómez. "Junto a ello, hemos asistido a una contracción del gasto y a que las corporaciones locales eran las únicas que aportaban superávit", ha seguido. Y ha recordado: "Esto se produce por la regla de gasto, que debe ser modificada este mismo año".

"Discrepo de las críticas a la Ley", le ha contestado Román, del PP. "Las competencias hay que delimitarlas y hay que determinar mediante ley quién financia cada una", ha continuado el alcalde de Guadalajara, que ha querido poner en perspectiva el superávit de los Ayuntamientos. "En 2011 el déficit de los Ayuntamientos era del 0,4%. No siempre ha habido superávit. Si lo hay es por ese marco [que proporcionan la Ley de estabilidad y la regla de gasto]".

Todos los intervinientes se han mostrado de acuerdo en el papel clave que juegan los municipios en el día a día de los ciudadanos. También, en el reto que plantea una gestión "que tiene que adaptarse constantemente a una realidad cambiante", según ha descrito Aurín. Protagonistas de la política cotidiana, hecha a pie de calle y enfrentada a problemas con nombres y apellidos, los Ayuntamientos piden más y mejores herramientas. Como ha dicho Villacis: "Somos el servicio de atención al cliente de una empresa para los ciudadanos. Les ponemos cara a ellos y somos la cara de la Administración para ellos".

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Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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