La Fiscalía pide 18 meses más para investigar el nexo del líder del PP de Almería con decenas de empresas
Un juzgado indaga desde 2012 si Gabriel Amat adjudicó contratos a firmas de primos, sobrinos y cuñados
La Fiscalía de Almería ha pedido oxígeno. En concreto: 18 meses más para indagar si el hombre fuerte del PP en esta provincia, Gabriel Amat, regó de contratos y licencias a una red empresarial vinculada a primos, sobrinos y cuñados. El Ministerio Público ha solicitado al juzgado número 1 de Roquetas de Mar, que desde 2012 instruye la causa, la declaración de “complejidad”. Un requisito para ampliar los plazos de la investigación, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Las pesquisas rastrean si Amat, que también es presidente de la Diputación de Almería y líder regional del PP, adjudicó a dedo licencias urbanísticas y contratos a una madeja de decenas de empresas conectada a familiares. El presunto trato de favor se habría ejecutado desde 2000 a través de la alcaldía de Roquetas de Mar. Amat preside desde 1995 este municipio almeriense.
En un escrito firmado por el fiscal de Delitos Económicos de Almería Álvaro Navarro García, el Ministerio Público reconoce que no se ha podido culminar la investigación. Y desliza que se podrían desarrollar nuevas diligencias.
La titular del juzgado de instrucción número 1 de Roquetas de Mar, María del Mar Alejo, autorizó en enero de 2016 una primera prórroga de las pesquisas de 18 meses.
En el foco de la investigación se encuentran los permisos concedidos desde el Ayuntamiento de Roquetas de Mar a firmas del sobrino del alcalde. El Consistorio otorgó licencias para ejecutar 465 viviendas a las sociedades de este último Arkimedes real estate, Altos de aguadulce, Global asesores y gestores inmobiliarios y Caniraga.
Otro ejemplo de presunto trato de favor lo encarnan las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Roquetas –con Amat en la alcaldía –a su cuñado. El municipio dio autorizaciones urbanísticas para levantar 239 viviendas a las empresas de este último.
EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Amat, que no está imputado en la causa.
La investigación arrancó en 2012 tras una denuncia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y Transparencia (AMAyT). Esta entidad atribuye al líder del PP de Almería los presuntos delitos de estafa, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Y cifra en 100 millones de euros el importe del supuesto saqueo ejecutado por su trama familiar.
AMAYT envió el pasado enero un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura, quejándose del retraso de la instrucción. Esta entidad lamenta la lentitud con la que se han incorporado a la causa informes clave para las pesquisas, como los análisis de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol. La policía ha tardado hasta 18 meses en incorporar sus rastreos mercantiles al sumario.
Sobre la firma
