Defensa reconoce formalmente su responsabilidad en la catástrofe del Yak-42
La resolución de Cospedal admite que no se tuvieron en cuenta los avisos sobre el riesgo de estos vuelos
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha asumido formalmente la responsabilidad de su departamento, en la etapa en la que lo dirigía Federico Trillo, en el accidente del Yak-42, la mayor catástrofe del Ejército español en tiempos de paz, en el que perdieron la vida 62 militares que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.
En la resolución firmada hoy que pone fin al expediente administrativo instado por los familiares de las víctimas, Cospedal reconoce que “han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente”. Es decir, que Defensa no atendió a las advertencias del riesgo que suponían estos vuelos y no tomó las medidas que habrían podido evitar la catástrofe.
Este párrafo, prácticamente calcado del dictamen del Consejo de Estado que reconoció por vez primera la responsabilidad de Defensa en el accidente, ha sido el caballo de batalla del equipo de Cospedal con la asociación de familiares del Yak-42, que han mantenido varias reuniones con el subsecretario de Defensa, Arturo Romaní, la última este pasado miércoles, para intentar consensuar el texto de la resolución.
En contra de lo que sostenía Trillo, Defensa admite, tal como concluyó el Consejo de Estado, que el acuerdo suscrito con NAMSA para el transporte de las tropas no podía suponer “un total y completo traslado de las responsabilidades” a dicha agencia de la OTAN y un “simultáneo y total desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por la Administración Militar”, que no podía desentenderse de la suerte de los militares.
Como ya había anticipado Cospedal, Defensa admite la responsabilidad patrimonial de la Administración y subraya que, al realizar el traslado de los soldados en las condiciones en que se hizo, sus familiares sufrieron “unas lesiones antijurídicas que no tienen el deber jurídico de soportar”; o, dicho en otras palabras: afrontaron un riesgo que iba más allá del intrínseco a su profesión militar.
También reconoce que "lo dilatado del procedimiento y los errores y circunstancias posteriores a la tragedia [en alusión a la falsa identificación de 30 de los 62 cadáveres] no han hecho sino más intenso el duelo" de sus parientes.
Pese a ello, la resolución no tendrá consecuencias económicas ya que considera, como el Consejo de Estado, que las indemnizaciones percibidas hasta ahora por los descendientes de las víctimas cubren esa responsabilidad.
Las sospechas sobre corrupción quedan sin despejar ya que, aunque Defensa subraya que los 149.000 euros que costaba el Yak-42 nunca llegaron a abonarse, alega que no se ha encontrado nueva documentación sobre las subcontrataciones que rodearon este tipo de vuelos, "a pesar de las nuevas indagaciones realizadas en el ámbito de este Ministerio".
Cospedal ha firmado la resolución 22 días antes de que se cumpla el 14 aniversario del accidente y casi cuatro meses después de que compareciera ante la Comisión de Defensa del Congreso para pedir “perdón en nombre del Estado” a los familiares de las víctimas del Yak-42, que el 31 de enero fueron recibidos por primera vez por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en La Moncloa.
La publicación, el pasado 3 de enero por EL PAIS, del informe del Consejo de Estado que responsabilizaba al Ministerio de Defensa de la catástrofe provocó la dimisión, diez días después, del exministro Federico Trillo como embajador en Londres.
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