La reforma para que el fiscal dirija las investigaciones penales, aparcada por la corrupción
Gobierno y PSOE coinciden en la inoportunidad de un cambio legal en el que tenían consenso
La corrupción y, más concretamente, la gestión de la Operación Lezo ha afectado directamente a la imagen de la Fiscalía hasta el punto de arruinar una de las reformas que parecía más realizable en el inicio de la legislatura: la del proceso penal para que los fiscales puedan instruir los sumarios. PP y PSOE compartían la idea de modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX. Fuentes del Gobierno, del PSOE y de la carrera fiscal asumen que la imagen ha quedado tan tocada que será imposible a corto plazo abordar esa reforma.
La paralización de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es uno de los efectos colaterales del escándalo destapado con la Operación Lezo. Según Juan Carlos Campo, portavoz socialista en la Comisión de Justicia, “estos hechos aconsejan una prudencia más exquisita que la necesaria”. Es decir, que el PSOE no ve condiciones para afrontar esa compleja reforma para buscar un sistema en el que los fiscales asuman la instrucción, sometidos siempre al criterio de un juez de garantías.
El último Gobierno del PSOE, con Campo como secretario de Estado, llegó a enviar al Congreso un proyecto de ley en el que se abordaba esta reforma radical, pero no fue posible tramitarlo por el fin de la legislatura. La instrucción de los fiscales ha sido una reivindicación histórica de muchos juristas utilizando la referencia del resto de países europeos y para evitar disfunciones que se producen ahora en cooperación jurídica internacional, por la diferencia de competencias entre fiscales españoles y jueces y fiscales europeos.
Luego, el Gobierno de Mariano Rajoy encargó a un grupo de expertos, encabezados por el ahora presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, un proyecto en el que el PP, por primera vez, asumía la instrucción de los fiscales.
“Pérdida de confianza en la institución”
Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asegura que "lo sucedido evidencia las necesidades y las costuras del sistema, en este momento totalmente inadecuado para otorgar la investigación al fiscal. Estamos a tiempo de remediarlo".
"Lo que es desastroso es la pérdida de confianza de la sociedad en la Fiscalía como institución, debemos recuperar la credibilidad perdida y resaltar el trabajo diario de todos los fiscales, nuestra función se legitima también socialmente, y a ello nos tenemos que poner todos, en especial quienes nos dirigen, y también quienes tienen la capacidad de cambiar las leyes", asegura.
Rafael Catalá aparcó en la anterior legislatura esa reforma y ahora pretendía impulsarla, según explicó desde su toma de posesión. Incluso, dejó claro que le gustaba el proyecto que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que veía opciones de presentar una propuesta antes de verano. Ahora, esos plazos se alargan sin fin y quedan supeditados a los trabajos de una subcomisión parlamentaria que ni siquiera se ha puesto en marcha.
En su última comparecencia en el Congreso, el ministro de Justicia habló de esa subcomisión y señaló: “Estamos deseando que empiece ya, que empiecen las comparecencias de todas las instituciones, personas y juristas que sus señorías decidan puedan aportar luz en estos debates, y que tengamos un proyecto compartido, porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no va a ser un proyecto del Ministerio de Justicia ni de este Gobierno, o lo es de esta Cámara o lo es de la mayoría de las fuerzas parlamentarias o no será”.
En todo caso, la reforma procesal requiere un cambio del Estatuto Fiscal para asegurar que no esté condicionado por el Ejecutivo. El ministro, en su última comparecencia, se limitó a asegurar que las órdenes a los fiscales debían ser en todo caso por escrito. No obstante, ahora ya es posible cuando se plantea un artículo 27, es decir, el mecanismo que los fiscales tienen para hacer frente a órdenes que consideran improcedentes. De hecho, la orden de Manuel Moix, fiscal jefe Anticorrupción a sus subordinados era escrita y solo fue retirada ante la rebelión de la casi totalidad de la plantilla.
Catalá aseguró que “de acuerdo con este enfoque de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin duda es preciso también modificar y promover la reforma del Estatuto fiscal, un nuevo estatuto que, entre otras cuestiones, concilie el principio de autonomía con el principio de unidad de actuación como una garantía de la seguridad jurídica en el que se remarque la imparcialidad y el exclusivo sometimiento a la ley del ministerio fiscal, que prevea la potestad normativa del ministerio fiscal y su singularización presupuestaria, que prohíba las órdenes verbales y que las órdenes generales establezcan que se publiquen de una manera oficial, que otorgue mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las juntas de la fiscalía, que facilite, dentro de ese principio de jerarquía, la discrepancia jurídica mediante mecanismos transparentes o que regule el mérito y la capacidad para el acceso a los puestos discrecionales".
Añadió que "estas dos reformas, el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deberían caminar en paralelo". Es decir, quedarán subordinados a la subcomisión parlamentaria.
Ciudadanos tiene previsto presentar en las próximas semanas una proposición de ley de reforma del Estatuto fiscal para que, por ejemplo, el Fiscal General pueda ser destituido por el Congreso. Esa propuesta tampoco podría estar aprobada antes de final de año.
Podemos tampoco ve posible que el fiscal en estas condiciones pueda asumir la instrucción. En su programa electoral defendían "revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado" y "reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo".
Campo, portavoz de Justicia del PSOE, asegura que "ontológicamente la instrucción tienen que llevarla los fiscales, los que promueven la acción penal, pero la sospecha que se cierne sobre el fiscal en casos llamativos hace que los mecanismos de prevención se hiperbole".
Su tesis es que es preciso cambiar el Estatuto fiscal "para que no pasen cosas como las que están pasando. La confiabilidad de la ciudadanía en la actuación de las altas cúpulas de la fiscalía hace que esa sospecha no alimente la necesidad de cambios. Los jueces están cumpliendo el papel constitucional y es una pena porque carrera fiscal tiene personas extraordinariamente preparados que podrían hacerlo, pero las sospechas por las actuaciones que espero que se disipen aconsejan una prudencia más exquisita que la necesaria".
Para Álvaro García, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) "podemos ver la botella medio llena o medio vacía, lo sucedido evidencia las necesidades y las costuras del sistema, en este momento totalmente inadecuado para otorgar la investigación al fiscal, desde ese punto de vista puede ser positivo, estamos a tiempo de remediarlo".
"Lo que es desastroso para nosotros es la pérdida de confianza de la sociedad en la Fiscalía como institución, debemos recuperar la credibilidad perdida y resaltar el trabajo diario de todos los fiscales en todos los lugares de España, nuestra función se legitima también socialmente, y a ello nos tenemos que poner todos, en especial quienes nos dirigen, y en ello han de empeñarse también quienes tienen la capacidad de cambiar las leyes, o de transmitir a la opinión publica lo que hacemos y quienes somos", asegura.
