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La decisión de Cristina Cifuentes

El relevo del director general del Canal de Isabel II fue determinante para destapar operaciones en paraísos fiscales de anteriores responsables y conexiones mediáticas

FOTO: Cristina Cifuentes, el pasado jueves. / VÍDEO: Declaraciones de Cifuentes sobre la Operación Lezo en el XVI Congreso del PP de Madrid.

Una operaria levantó el miércoles pasado las alfombras de los pasillos que dan al despacho de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que entre 2012 y 2015 perteneció a Ignacio González. Cristina Cifuentes, su excompañera y sucesora en el cargo, supo apreciar el patente contenido metafórico de esa operación de limpieza. La semana ha sido dura y dolorosa para el PP —otra más—, como explicó la propia Cifuentes en su discurso ante la ejecutiva regional reunida el jueves con urgencia para tratar de exorcizar los demonios internos.

El partido vive en estado de shock permanente: el propio González, expresidente regional, duerme en prisión con parte de su familia; dimite definitivamente la exlideresa Esperanza Aguirre; se suceden los episodios de corrupción y proliferan ahora quienes lo intuían o sabían todo. Pero la decisión determinante e inusual en política de denunciar ante la Fiscalía las maniobras oscuras de González y su entorno en el poderoso Canal de Isabel II correspondió a Cifuentes, lo que descubrió una guerra larvada con el más importante grupo mediático conservador en España y recelos en los dirigentes más acomplejados del PP.

La actual presidenta regional, que ha admitido recientemente que en ocasiones se hace "la rubia" en reuniones con hombres para arañar más cosas en las negociaciones, tomó posesión de ese despacho en la Puerta del Sol de Madrid un sábado 27 de junio de 2015. Al acto acudió, no por casualidad, Mariano Rajoy y seis ministros de su Gobierno. El presidente destacó entonces: "Lo que ocurra en Madrid es muy importante para España".

Auditoría de la Comunidad

Apenas un mes más tarde se constituía en la Asamblea de Madrid una comisión de estudios y de auditoría sobre el endeudamiento y la gestión pública en la Comunidad en los años del PP. La comisión empezó sus trabajos indagando sobre la faraónica y muerta Ciudad de la Justicia y, a comienzos de 2016, abordó el agujero negro del Canal de Isabel II, la empresa pública más potente de la administración regional (casi 1.000 millones de presupuesto en 2017). En sus primeras comparecencias fueron citados el consejero de Presidencia y nuevo presidente del organismo, Ángel Garrido, ahora mucho más que la mano derecha de Cifuentes; el exgerente Adrián Martín; y la exdirectora financiera de la entidad desde 2007, Fernanda Richmond, entre otros directivos y trabajadores del ente.

Diputada, delegada y ahora presidenta

Cristina Cifuentes es licenciada en Derecho y funcionaria del cuerpo técnico de la Universidad Complutense.

Ingresó en política en Alianza Popular con 16 años. Fue número 57 en las elecciones europeas de 1989. 

Fue diputada regional entre 1991 y 2012, esto es, seis legislaturas. Y delegada del Gobierno en Madrid entre 2012 y 2015.

Es presidenta de la Comunidad de Madrid desde el 25 de junio de 2015 y del PP de Madrid desde marzo de 2017.

Como conclusión de esas primeras informaciones genéricas sobre el Canal y sus filiales en Latinoamérica, muchas veces bloqueadas por esos exdirectivos, Cifuentes decidió exigir la destitución de Martín y buscó, con ayuda de cazatalentos, un nuevo director general para esa macroempresa. El contrato, en mayo de 2016, fue para Rafael Prieto, un gestor de multinacionales, de 53 años, con experiencia en compañías como PSA-Peugeot.

Dos meses después, en julio de 2016, ya con el control político y administrativo del Canal, Prieto constató varias operaciones irregulares que le llevaron a trasladar un auténtico dilema a Cifuentes. La nueva presidenta madrileña lo sopesó todo y comunicó la única solución que había encontrado al presidente del PP, Mariano Rajoy, y a Dolores de Cospedal, la secretaria general y su gran baluarte en la cúpula popular. Les informó de que no tenía más remedio que entregar esa documentación sobre actuaciones sospechosas del Canal a la Fiscalía Anticorrupción.

Diputados regionales del PSOE y de Podemos también habían comenzado a preguntar e investigar por su cuenta sobre la sorprendente expansión latinoamericana del Canal y tramitaron su propia denuncia ocho meses más tarde. Las llamadas de atención que alertaron entonces a los nuevos responsables del Canal se produjeron al seguir el rastro de varias operaciones que acababan con oscuros pagos en Suiza y en sociedades off shore, que son las empresas radicadas en paraísos fiscales que se utilizan sin ninguna actividad económica reconocida.

La compra en 2013 por 21,4 millones de euros de Emissao, una compañía brasileña de gestión de aguas, fue el detonante de todo. El Canal la adquirió por medio de su filial en Colombia, Inassa, y un año después esa sociedad valía solo 5,4 millones.

Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de Audiovisual Española 2000, editora de La Razón, presidía en esa época Inassa y era el hombre de confianza de González en el Canal. La cercanía entre Rodríguez Sobrino y González se evidenció en aquel viaje que ambos hicieron a Cartagena de Indias en 2008, en el que fueron espiados y grabados con unas sospechosas bolsas de plástico en las que, según dijeron, llevaban toallas.

Conmoción

La conmoción en el PP por la detención de González y su banda de amigos fue total, pero no hubo sorpresa. Cifuentes se apuntó rápidamente el tanto de que había facilitado al máximo la colaboración con la justicia. Rompía con otras imágenes del pasado en su partido. La oposición subrayó que no le quedaba otra.

El juez tomó declaración por escrito a Cifuentes y convocó en la Audiencia Nacional a la ahora jefa de gabinete de la presidenta regional, Marisa González Casado, periodista con casi 30 años de experiencia. Las 17 grabaciones con más de una hora de duración que Velasco mostró a Marisa González abrieron un flanco inquietante en la investigación. El juez citó de inmediato al presidente de La Razón, Mauricio Casals, y al televisivo director del mismo diario, Francisco Marhuenda, por un presunto delito de coacciones a Cifuentes y su equipo.

En algunas transcripciones del sumario secreto se escucha a Marhuenda contar a Rodríguez Sobrino su versión de una charla que mantuvo con Cifuentes a mediados de 2016: "Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede ganar". Casals conmina a Marhuenda en otra conversación a que deje claro a Cifuentes que esa "guerra" no sería solo de La Razón y que implicaría a otros medios del grupo como Antena 3, La Sexta y Onda Cero.

Marhuenda se permitió, en alguna de esas intervenciones, insultar a la jefa de gabinete y a Cifuentes y, tras declarar ante el juez, precisó que "nunca, nunca" había pretendido presión alguna. Sus insultos no provocaron una catarata de reacciones ni de asociaciones de prensa ni de otras dirigentes políticas o feministas.

El juez preguntó a las afectadas si consideraban una presión señalar un día en la sección del periódico Sube y baja al consejero Garrido por una mala gestión o un editorial muy contrario a la recién impulsada ley regional integral contra la violencia de género. Cifuentes y González Casado asumieron esas críticas normales en su trabajo. El magistrado no fue más profundo sobre los intereses de esos directivos en otros aspectos o negocios, según fuentes de la investigación, y les desimputó.

Una de las presiones más insistentes que ha sufrido el equipo de Cifuentes en este tiempo fue la reclamación de que la presidenta regional debía recibir en su despacho oficial a Rodríguez Sobrino, que estaba muy inquieto por la posible documentación que pudiera facilitarse al juez desde la Comunidad sobre su etapa en el Canal. Ese encuentro nunca se concedió.

El PP ha querido mostrar su apoyo a Cifuentes en este caso, sobre todo en público a través de los denominados jóvenes vicesecretarios nacionales y otros portavoces. Aguirre y González estaban ya de retirada en la política, se habían generado muchos enemigos y se consideran fácilmente amortizables. Desde la cúpula del PP se comprende que Cifuentes tenía escasa capacidad de maniobra ante la imparable deriva judicial del caso pero destacan que ahora debe manejar y resolver ella "la guerra y el lío mediático que se avecina" con un grupo como Atresmedia tan importante para el partido conservador.

Ni Rajoy, de viaje, ni Cospedal, con antiguas relaciones muy estrechas con Aguirre y González, ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se han explayado sobre este conflictivo caso. Marhuenda fue durante años jefe de gabinete y colaborador estrecho de Rajoy y Casals, al que los medios etiquetan como El príncipe de las tinieblas del Grupo Planeta en Madrid. Casals desayuna frecuentemente en el hotel Ritz con Santamaría.

Cifuentes, que ha asentado su proyección política con constantes apariciones en televisiones, no quiere perpetuar ni desarrollar este conflicto con ese grupo de comunicación y se propone preservar sus buenas relaciones con Antena 3, La Sexta y Onda Cero.

La Operación Lezo ha tocado así de lleno al PP y a Cifuentes en un momento que parecía, en teoría, de su máximo esplendor. A sus 52 años se encontraba al fin en posición de gestionar una de las administraciones con más poder y presupuesto de España (18.538 millones de euros). Después de haber asumido el mes pasado el mando también en la presidencia del PP de Madrid se había convertido con el gallego Alberto Núñez Feijóo en uno de los valores seguros para el futuro de su partido.

Del ‘trío de las Gin-tonic’ a conquistar el poder en Madrid

Cifuentes, hija de militar y de familia numerosa de derechas, se afilió a la Alianza Popular de Manuel Fraga con 16 años. En 1991, con 27, irrumpió con fuerza en aquel antiguo parlamento regional madrileño de la calle San Bernardo como diputada, con sus irrenunciables tacones, sus chillones modelos conjuntados de Moschino y su pelo rubio formando parte del trío de las Gin Tonic, un grupo de diputadas populares que llamaban mucho la atención pero a las que prácticamente nadie en su partido hacía ningún caso. Allí aguantó seis legislaturas pasando, sin molestar, por una decena de cargos más institucionales que de relevancia política.

Los que más la ignoraban entonces y siguieron haciendo durante décadas fueron sus jefes directos en el PP, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Botella, Esperanza Aguirre y sus pretorianos: Ignacio González y Francisco Granados. Aprendió el oficio, lo que funcionaba bien y, sobre todo, lo que se hacía muy mal. No se enfrentó nunca con ningún sector del complicado PP de Madrid pero tampoco se decantó por ninguna de las partes.

En 2012, ya con Rajoy en La Moncloa, accedió a un cargo más rimbombante que operativo como el de delegada del Gobierno en Madrid, se rodeó bien y le dedicó todo el empeño. Estableció su casa en su despacho y evolucionó hacia las posiciones más modernas y progresistas del partido. Su despegue mediático levantó ampollas y sus entonces ya exjefes empezaron a mirarla pero con recelo.

Ante las elecciones locales de 2015, Rajoy optó por Cristina Cifuentes para liderar la candidatura a la Comunidad de Madrid, una de las instituciones más relevantes de España, sin mirar más al pasado. Cuando el verdadero poder ha estado finalmente en su mano, la rubia Cifuentes no ha querido vengarse pero tampoco tragarse los sapos ajenos.

Fe de errores

Una versión anterior decía que fueron diputados regionales del PSOE y de IU los que habían comenzado a investigar sobre la expansión latinoamericana del Canal cuando en realidad fueron disputados socialistas y de Podemos.

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