De la cadena perpetua a seis meses de cárcel por un mismo vertido tóxico en Europa
La UE adolece de falta de unidad en las condenas por delitos sobre el medio ambiente
¿Qué pena se impone en Europa por un vertido tóxico con afecciones graves a las personas o daños medioambientales? Depende del país. En Malta supone hasta la cadena perpetua; en Grecia e Italia, hasta 20 años de cárcel; en España y Eslovenia, 12; en Francia y Portugal, cinco; y seis meses como máximo en Luxemburgo.
Una directiva europea de 2008 —que los Estados de la UE están obligados a trasponer— logró unificar los criterios en la lucha contra los daños medioambientales más importantes. Se obligó a todos los Estados a considerar como delitos nueve grandes grupos de conductas, entre las que figuran, por ejemplo, esos vertidos tóxicos graves.
Pero en el apartado dedicado a las penas la directiva simplemente señala que cada Estado se debe asegurar de que se "castiguen con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias". Esto ha supuesto una gran disparidad de penas en la UE, en muchos casos, en función de la sensibilidad que existe en cada Estado hacia cada problema. "En Alemania no se tiene la misma percepción de los delitos urbanismo que en España", ejemplifica Antonio Vercher, fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo.
Casi una década después, la Comisión Europea está revisando esta directiva. Y la Red Europea contra los Delitos Ambientales y la organización SEO/BirdLife han elaborado un estudio comparando las penas de cárcel que acarrean esos nueve delitos en cada Estado. "La disparidad es tal que el número de países con penas iguales para un mismo delito ambiental no supera el 32% en ninguno de los nueve tipos penales que recoge la directiva", señala SEO/BirdLife, que apuesta por una armonización.
El informe señala a Luxemburgo, Estonia, Dinamarca y Austria como los países con las menores penas. "España se halla en la mitad de esta escala de severidad, con penas que oscilan entre los 12 años por vertidos o emisiones peligrosas y el año de cárcel por el traslado de residuos", añade SEO/BirdLife.
Efectividad
Pero una elevada pena no implica necesariamente una alta efectividad en la persecución de los delitos. David de la Bodega, responsable del programa de justicia ambiental de SEO/BirdLife, pone como ejemplo la muerte de una especie protegida. En el Reino Unido acarrea una pena máxima de seis meses; en España se eleva hasta los dos años. "Pero en el Reino Unido esa pena de seis meses supone el ingreso en prisión y en España no se entra en la cárcel por dos años si no se tienen antecedentes", añade.
El informe también analiza las condenas por delitos medioambientales. En el caso español las relacionadas con la flora y la fauna, por ejemplo, representaban en 2012 solo el 17% de las sentencias condenatorias por crímenes medioambientales. Mientras, los relacionados con el urbanismo acumularon ese mismo año el 52,9% de las condenas.
A los problemas por la disparidad en la UE, Juan Luis García, teniente de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil, añade las diferencias que existen dentro de España. "En casos como el lobo o el tráfico de angulas nos encontramos con que cada comunidad tiene su propia legislación", apunta sobre la dificultad de perseguir los delitos medioambientales. "A esto hay que añadir luego la interpretación que cada Audiencia Provincial hace de cada caso", añade.
Pese a la disparidad en las penas dentro de la UE, los autores del informe aplauden los "beneficios" de "formar parte de la UE". "La mayoría de los países analizados consideran que la legislación comunitaria ha mejorado y completado su normativa interna", apunta el estudio. Y se ha logrado que conductas como "la producción, la importación, la exportación, la comercialización o la utilización de sustancias destructoras del ozono" o "el comercio de ejemplares de especies protegidas de fauna y flora silvestres" se persigan como delitos en toda Europa.
Pinchazos, seguimientos y linces muertos
El teniente del Seprona de la Guardia Civil José Antonio Alfaro apuesta también por caminar hacia una armonización de las penas por delitos medioambientales dentro de la UE. Alfaro es actualmente el experto nacional destacado de España en la Europol para delitos medioambientales. Cree que esa falta de unidad dificulta a veces la persecución de los casos que implican a varios países.
Alfaro aboga por incluir en las distintas legislaciones comunitarias los delitos contra el medio ambiente como conductas graves. “Eso permitiría el uso en las investigaciones de técnicas complejas, como pinchazos telefónicos o seguimientos”, añade este miembro de Europol, que hasta hace un año estaba destinado en el Seprona en Huelva. “En muchas ocasiones”, añade, “que no se puedan usar estas técnicas dificulta extraordinariamente el trabajo”. Pone como ejemplo las muertes de linces en Huelva, algo bastante habitual. “Solo conseguí que me autorizaran un pinchazo en uno de los casos, y solo durante una semana”.
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