Catalá: “Algunos hacen daño a las instituciones para hacer daño al Gobierno”
El ministro de Justicia califica de "anécdotas puntuales" las polémicas de la fiscalía
Rafael Catalá, el ministro de Justicia, ha calificado este jueves de "anécdotas puntuales" las polémicas que rodean a la fiscalía en la investigación de los casos de corrupción que afectan al PP. Manuel Moix, el fiscal general Anticorrupción, intentó impedir registros vinculados a la operación Lezo con el apoyo de José Manuel Maza, el fiscal general del Estado. Al tiempo, Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid y principal investigado en el caso, celebró el nombramiento de Moix, de marzo, según una grabación recogida en el sumario. En consecuencia, el PSOE y Ciudadanos han pedido en el Congreso la reprobación de Maza y Moix, a los que acusan de entorpecer la investigación. Podemos, por su parte, apuesta por un pleno monográfico sobre la corrupción. "Frente a los que creen que pueden hacer daño a las instituciones porque de ahí hacen daño al Gobierno, yo quiero defenderlas en sus funciones", ha dicho Catalá.
Acompañado por Ana Pastor, la presidenta del Congreso, Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento, o Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del PP, Catalá se ha referido a la junta de fiscales que resolvió el pulso que enfrentó a Moix con los fiscales Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, responsables de la investigación de la operación Lezo. En la cita, la mayoría de fiscales apoyaron los registros, y Moix decidió permitirlos, aunque no tenía la obligación de hacerlo.
"Eso refuerza la independencia [de Moix]", ha argumentado el ministro durante un desayuno informativo organizado por El Economista. "Que haya debate dentro de la fiscalía me parece sano, razonable y dentro de las reglas del juego", ha seguido. "Quien dice las barbaridades que leemos estos días hacen un daño tremendo al conjunto de la sociedad, y de nuestro sistema democrático, porque no hay nada peor que minar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones democráticas, sobre todo cuando esas críticas no están fundamentadas en la realidad, sino en alguna anécdota que pueda puntualmente existir y en el desconocimiento", ha añadido. "He leído auténticas barbaridades", ha subrayado. "Nuestro poder judicial es independiente y la fiscalía defiende el interés general a través de las 2.500 personas que cada día desempeñan con ejemplaridad sus funciones".
Mensaje de Ignacio González
La oposición, sin embargo, también ha criticado su papel y ha llegado a exigir su dimisión tras conocerse que se intercambió mensajes con González, investigado por su gestión del Canal de Isabel II.
“Ojalá se cierren pronto los líos”, decía el mensaje de noviembre de 2016. Esta es la versión que ha expresado este jueves Catalá: "Conozco a Ignacio González desde 1996. Cuando me felicita por el nombramiento, se lo agradezco y le digo que a ver si salimos de estos líos, en referencia a que llevábamos un año de gobierno en funciones, con investiduras fallidas... no tiene nada que ver con su situación judicial".
Según el Ministro, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del Partido Popular, se puso en contacto con él para transmitirle su apoyo al conocerse esa polémica: "Estas cosas pasan. Sigamos trabajando".
A favor de revisar los aforamientos y los indultos
Rafael Catalá, el ministro de Justicia, se ha mostrado favorable a eliminar los aforamientos de los políticos tras ver cómo Murcia se convertía este martes en la primera Comunidad Autónoma que modifica su estatuto para eliminar la protección jurídica especial de sus diputados, que hasta ahora no podían ser juzgados en tribunales ordinarios.
"Los aforamientos son percibidos como un privilegio impropio y habrá que revisarlos, pero con carácter general no en una Comunidad Autónoma creando la paradoja de que un presidente autonómico no esté aforado y otro sí", ha dicho Catalá.
El Ministro también se ha mostrado a favor de recoger en la Ley de indultos, que solo se ha modificado dos veces desde el siglo XIX, la prohibición de conceder esta gracia a condenados por delitos de corrupción política, seguridad vial o violencia de género. El Congreso debatirá próximamente esta medida.
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