La Operación Lezo contamina las instituciones y arrincona al Gobierno
Los escándalos y la corrupción copan la agenda política con peticiones de dimisión
La llamada Operación Lezo, además del efecto directo de los graves hechos de presunta corrupción que se investigan, ha causado la contaminación de importantes instituciones, como varios ministerios o la fiscalía. Todo ello en un contexto de corrupción, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, citado a declarar como testigo en un juicio por uno de los escándalos que afectan al partido más votado. Ese clima perturba la complicada legislatura y, en todo caso, marca y distorsiona la agenda política. Acorrala al Gobierno y dificulta su intención de llegar a acuerdos en el momento en el que negocia los Presupuestos para 2017.
Por el momento, la Operación Lezo ya ha desencadenado la dimisión de una destacada dirigente como Esperanza Aguirre y agita los cimientos del PP. Ese procedimiento incluye, además, indicios de cierta connivencia de los implicados con algunas instituciones, concretados en zonas de sombra que apuntan a que los ahora encarcelados pudieron ser alertados de las investigaciones. Se incluye la posible alerta de una magistrada, cuya identidad intenta determinar el juez Eloy Velasco.
El número dos de Interior, José Antonio Nieto, recibió en su despacho a Pablo González, ahora encarcelado y hermano del presidente de la Comunidad de Madrid, también en prisión. Hay indicios de presión a los políticos que, como la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, han aportado datos a la investigación. Y este martes se supo que en el sumario consta un SMS del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a Ignacio González.
“Ojalá se cierren pronto los líos”, decía el mensaje de noviembre de 2016. Esta es la versión de Catalá: “Me felicita por el nombramiento. Como 300 mensajes más... Y le digo: ‘Gracias. Ojalá se cierren pronto los líos’. No tus líos, ni tus temas judiciales, ni nada parecido. Venimos de estar un año en funciones, dos elecciones, investiduras fallidas... A esos líos me refiero”.
En todo caso, esa relación desató las peticiones de comparecencia de la oposición y las dudas de todos los grupos, salvo el PP. Ya antes, la fiscalía quedó en esa zona de sombra cuando se supo que el propio Ignacio González se felicitaba del nombramiento de Manuel Moix como fiscal anticorrupción, incluso antes de producirse. El expresidente de la Comunidad de Madrid y el exministro Eduardo Zaplana sabían en verano que Moix ocuparía ese cargo, es decir, cuando el Gobierno estaba en funciones y faltaban meses para que el fiscal presentara su candidatura para ocupar la vacante.
Y fue necesaria hace una semana una insólita rebelión de una veintena de fiscales ante Moix, que se plantaron ante su intención de impedir uno de los registros.
Antes ya hubo polémica por los cambios en puestos clave de la fiscalía, tras el cese de Consuelo Madrigal por negarse a hacer esos nombramientos. Todas esas polémicas tienen reflejo directo en el Parlamento, donde el resto de la agenda ha quedado arrinconada para que dos ministros, un secretario de Estado y el fiscal general sean llamados a comparecer para dar explicaciones.
No hay pleno de control en el Congreso hasta el 10 de mayo, pero ya este martes este caso centró el crispado pleno del Senado, con peticiones de dimisión de Catalá de PSOE y Podemos por supuesta obstaculización a la justicia. Para Catalá, la prueba de su voluntad de combatir la corrupción son las detenciones y acciones judiciales. “Ustedes se alinean con las tesis más antisistema y hacen un gravísimo daño”, respondió el ministro. Juan Ignacio Zoido, titular de Interior, dijo en el Senado que su número dos se limitó a recibir a un directivo de Mercasa —Pablo González— y “no tenía la menor idea de que iba a ser investigado”. PSOE, Podemos y Ciudadanos reprocharon a Zoido sus contactos con los investigados. Él los minimizó y dijo que fueron “meramente protocolarios”.
Explicación de Rajoy
Al tiempo, PSOE y Ciudadanos piden que la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP se constituya antes de 10 días, para que Rajoy comparezca en mayo. Tendrá obligación de decir verdad, lo que no ocurriría si acudiera al pleno. El artículo 502.3 del Código Penal asegura que “el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses”.
En este clima, el Gobierno debe cerrar un pacto antes del próximo miércoles con el PNV para superar el primer trámite de los Presupuestos. La negociación avanza, pero el clima turbio dificulta el anuncio formal del pacto.
Micrófonos ocultos en el despacho de González
Ignacio González y otros investigados en la Operación Lezo, sobre todo Edmundo Rodríguez, expresidente de Inassa, sabían desde el primer minuto —en julio de 2016— que les estaban investigando y hablaban con precaución por teléfono. González, además, tenía un sistema de encriptación en su teléfono móvil que hacía aún más inaccesible el contenido de sus llamadas. Por este motivo, el juez instructor que actuaba como refuerzo en la causa, Alejandro Abascal, ordenó que se colocaran micrófonos en su despacho, donde el expresidente de la Comunidad de Madrid hablaba sin tapujos al sentirse seguro, según la Cadena SER.
La medida, poco habitual, se complementó con seguimientos con micrófonos portátiles de última generación para grabar conversaciones a distancia y está recogida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015 para casos de especial gravedad. Agentes de la Guardia Civil fueron de madrugada al despacho, abrieron la puerta con una ganzúa y escondieron los micrófonos, con la presencia del secretario judicial, que levantó acta.
