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Rajoy declarará ante el tribunal en la fecha que se ajuste a su agenda

El presidentel del tribunal, en su voto particular, sugiere el presidente declare por videoconferencia

Rajoy asiste al XIV Congreso Nacional del Nuevas Generaciones del PP.
Rajoy asiste al XIV Congreso Nacional del Nuevas Generaciones del PP. EL PAÍS

El tribunal que enjuicia el caso Gürtel de corrupción argumenta, por dos votos contra uno, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debe comparecer como testigo en una fecha aún por determinar. Los magistrados se acogen a los artículos 702 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y establecen que el jefe del Ejecutivo “tendrá que comparecer ante el tribunal, en una fecha que se señale según calendario fijado para el juicio con aplicación de las previsiones necesarias para evitar perturbar el adecuado ejercicio de su cargo”. Contra la resolución no cabe recurso.

El voto particular discrepante del magistrado Ángel Hurtado da a entender que Rajoy testificará en persona ante el tribunal. Hurtado sugiere que lo haga por videoconferencia para "por ser medio menos perturbador para el desempeño de las funciones de su cargo" y también "por razones de seguridad y de orden público".

El pasado 18 de abril, el tribunal, tras un intenso debate interno, decidió citar al jefe del Ejecutivo pese a que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado consideraban que su testifical no era “ni útil ni pertinente”. El tribunal, sin embargo, considera que la decisión del PP, presente en la sala como persona jurídica como partícipe a título lucrativo, de no prestar declaración en el juicio es "significativa" y hace necesaria la comparecencia de su máximo dirigente.

Fue la acusación popular de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), encabezada por el veterano letrado progresista José Mariano Benítez de Lugo, la que reclamó al tribunal la testifical de Rajoy el pasado 31 de marzo. Era la tercera vez que lo pedía. La primera fue en enero de 2015, y fue desestimada. El tribunal, sin embargo, accedió en julio de 2016, a petición del extesorero del PP Luis Bárcenas, a que declarasen como testigos antiguos miembros de la cúpula del PP como Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato. Estas citaciones contaron con un voto discrepante del magistrado Hurtado, al que le tocó presidir la sala después de que fuera recusada la presidenta de la Sección Segunda, Concepción Espejel.

El tribunal recuerda que rechazó en dos ocasiones –en febrero y en octubre de 2016- la testifical de Rajoy por razones de prudencia y proporcionalidad y para “evitar una innecesaria interferencia en la vida política del país”. En la última negativa, no obstante, el tribunal dejó la puerta abierta a que pudiera testificar el presidente “de considerarlo necesario, a la vista del desarrollo del juicio oral”.

“Pues bien, ese momento ha llegado”, afirma el magistrado Julio de Diego, ponente del auto. Tras renovar Adade su petición, el grupo mayoritario considera que “la situación en la que se encuentra el tribunal es muy diferente a la de antes del inicio de las sesiones del juicio”. Desde octubre se ha realizado el interrogatorio de los acusados y los responsables civiles, así como de la mayoría de los testigos.

En su voto discrepante, el magistrado Hurtado denuncia “la falta de una auténtica motivación” en el auto de la mayoría. El presidente del tribunal hace suyos los planteamientos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideran que durante el juicio “no ha surgido elementos nuevos” que conecten la declaración de Rajoy con el objeto de la vista oral, y si ha aparecido alguno “era de carácter absolutamente insustancial o irrelevante”.

"Al no haber habido una revelación inesperada, como no la ha habido desde que se iniciaron las sesiones del juicio, no cabe admitir una prueba solicitada extemporáneamente", sostiene Hurtado. Este magistrado considera también que el hecho de que Rajoy forme parte de los "órganos centrales del PP" no justifica por sí mismo que sea llamado como testigo a este juicio, en el que, expone, la financiación ilegal "va referida a la pudo haber tenido lugar en los municipios de Majadahonda y de Pozuelo de Alarcón en 2003".

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