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PSOE y Podemos se personarán como acusación en el ‘caso Lezo’

Los socialistas piden el cese del fiscal anticorrupción, Manuel Moix

Para el Gobierno son solo “dimes y diretes” sin importancia, pero para todos los partidos, salvo el PP, es motivo suficiente para desatar una tormenta política, con peticiones de comparecencia en el Congreso y con exigencias de dimisión. La actuación de la Fiscalía en la Operación Lezo, motivó ayer que PSOE y Podemos anunciaran que se personarán en el procedimiento como acusación popular. Ambos partidos, además, exigieron que sea destituido de su cargo el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Manuel Moix.

El detenido Pablo González, hermano de Ignacio González, a la salida de la Comandancia de la Guardia Civil.
El detenido Pablo González, hermano de Ignacio González, a la salida de la Comandancia de la Guardia Civil. EL PAÍS

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, se esforzó ayer en quitar importancia a la polémica sobre la actuación de la Fiscalía en el caso que ha llevado a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Para el ministro, solo son “dimes y diretes” hechos como que Manuel Moix, fiscal anticorrupción, intentara limitar la investigación y que solo cediera tras la inusual rebelión de la veintena de fiscales de la institución. “No es bueno sembrar la duda sobre el sistema judicial español porque funciona y porque el Estado de Derecho es una garantía de la democracia. Hago votos para que todo el mundo actúe con responsabilidad en este tema”, dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El portavoz, además, pidió “un esfuerzo por guardar la calma, dejar que las cosas sigan sus tiempos. La Justicia funciona, hay que dejar que los jueces funcionen, sin injerencias ni interferencias”.

En todo caso, en las próximas semanas tendrán que acudir a la Comisión de Justicia del Congreso el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Piden esa comparecencia PSOE, Podemos y Ciudadanos y el PP no tiene forma de evitarlo.

Se busca a la magistrada que dio el chivatazo

Durante su interrogatorio a Mauricio Casals, presidente del diario La Razón, el juez Eloy Velasco insistió en preguntarle por el nombre de la “magistrada de la Audiencia Nacional” que supuestamente le avisó de que sus conversaciones con Edmundo García Sobrino, consejero de la empresa editora y también imputado en la causa, estaban siendo intervenidas. Velasco aludía a una conversación incorporada al sumario entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en la se hablaba de ese supuesto aviso.

Casals, según fuentes conocedoras de la declaración, negó que ninguna magistrada le hubiera advertido. Ante la insistencia del juez, que preguntó entonces si alguien le había avisado de que podían estar escuchándole, Casals contestó con ironía que él ya era consciente porque poco después de llegar a Madrid, hace más de 30 años, le advirtieron de que su teléfono estaría pinchado.

Catalá y Maza ya comparecieron para dar cuenta de una polémica similar cuando fueron apartados los fiscales que querían acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Es probable que ante lo inevitable el propio ministro solicite comparecer en los próximos días en comisión.

Las próximas dos semanas no hay pleno en el Congreso y, por tanto, no habrá preguntas al Gobierno en el hemiciclo. El propio Mariano Rajoy si quiera tendrá que responder en la sesión de control del Senado, porque el próximo martes estará de viaje oficial en Brasil y, por ese motivo, ha excusado su ausencia.

La tesis del Gobierno y de la Fiscalía es que no hay obstrucción y la prueba, según dicen, es que la operación por orden judicial se desarrolló en todos sus términos.

“Información importante”


Sin embargo, la mayoría de grupos del Congreso han respondido alarmados por la situación. Incluso, PSOE y Podemos desbordaron la actuación parlamentaria para anunciar su personación como acusación en el procedimiento judicial de la Audiencia Nacional por el caso Lezo. Primero lo anunció la diputada de Podemos Gloria Elizo, para quien “es imprescindible hacerlo tras la quiebra de la voluntad de las acusaciones. Vamos a dar importantes informaciones para depurar responsabilidades de las personas que han estado atentando contra la limpieza democrática de este país”. Podemos ya está personado en el caso pequeño Nicolás y la investigación sobre Oleguer Pujol, de las que tiene información “relevante” para la Operación Lezo, según la diputada. 

Poco después, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, anunciaba la personación de su partido por la “dimensión del caso, su gravedad y a la alarma social que ha suscitado y porque afecta a los intereses generales de los ciudadanos de Madrid y a relevantes instituciones y empresas públicas”.

Ambos partidos coincidieron también en pedir que sea destituido el fiscal anticorrupción.
Así, Hernando anunció que van a solicitar que, en aplicación del artículo 46 del Estatuto del Ministerio Fiscal, se “separe del servicio” al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, tras abrirle un expediente disciplinario.

Ese artículo prevé que “la condición de Fiscal se pierde” por “renuncia” o “sanción disciplinaria de separación del servicio”. Sería necesario un expediente disciplinario abierto por sus superiores, es decir, los que le nombraron en febrero y que ahora defienden su actuación en este caso. El propio Maza, fiscal general del Estado, dio respaldo expreso a Moix frente a la veintena de fiscales que compone Anticorrupción.

“No creemos que pueda seguir cinco años al frente de Anticorrupción después de haber demostrado su falta de interés en perseguir la corrupción, sobre todo cuando afecta al PP”, aseguró el portavoz socialista.

Podemos, según Elizo, pide la dimisión de Maza y de Moix, y asegura que “es imposible mantener el crédito en las instituciones democráticas manteniendo a su vez a personas que lo que hacen es frenar la instrucción de procedimientos fundamentales de este país”.

Ciudadanos, en una posición más tibia, pide las comparecencias, pero no exige ninguna dimisión por el momento, porque asegura que primero debe escuchar las explicaciones. “No se deben solicitar dimisiones hasta no saber qué es lo que ha pasado”, aseguró el secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez.