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Ciudadanos exige una auditoría de contratos y subvenciones en Murcia para apoyar al PP

El partido de Rivera envía al de Rajoy sus condiciones para pactar la investidura

Para permitir que Fernando López Miras sea investido el jueves como presidente de Murcia, Ciudadanos exige al PP una auditoría de los contratos y las subvenciones que ha firmado el Gobierno autonómico en la última década; la eliminación de los aforamientos; y la expulsión de los investigados por corrupción cuando sean llamados a declarar. Así se lo ha trasladado el partido de Albert Rivera al de Mariano Rajoy, que necesita su apoyo para cerrar la crisis abierta por la imputación de Pedro Antonio Sánchez en el caso Auditorio, que acabó provocando su dimisión. Ciudadanos también quiere que el expresidente renuncie al acta de diputado.

Miguel Sánchez, en una imagen de archivo. Ampliar foto
Miguel Sánchez, en una imagen de archivo. EFE

Mientras el PP vive en estado de shock la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, y la citación como testigo de Mariano Rajoy en el caso Gürtel, Ciudadanos negocia en Murcia un pacto de investidura marcado por otra trama de presunta corrupción. Tras la dimisión de Sánchez por su imputación en el caso Auditorio, el partido de Rivera quiere emplear el pacto de investidura como un cortafuegos que evite cualquier duda.

"Lo primero que tenemos que ver es que el PP se compromete claramente con la regeneración", ha dicho Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia. "Ahora mismo estamos en la eliminación de los aforamientos, en ser bandera y punteros en la regeneración", ha añadido. "Las líneas rojas no se han movido".

El PP y Ciudadanos abordan en Murcia la solución de los conflictos sobre las medidas anticorrupción que les enfrentan en toda España. El primer paso lo ha dado el partido de Rivera al dejar de emplear el término "imputado", que utilizó en el pacto murciano de 2015, y cambiarlo por el de "investigado". Ciudadanos reacciona así a que Sánchez se negara a dimitir tras su imputación: ha actualizado la terminología del documento y ha detallado qué delitos obligan a la dimisión o la expulsión (los delitos contemplados en los artículos 404 a 444 o 472 a 509 del Código Penal). El segundo paso ha sido lograr que el pleno en el que se debe decidir la eliminación de los aforamientos preceda al que tiene que elegir al nuevo presidente (serán el próximo miércoles y jueves, respectivamente). Y el tercero ha sido el impulso de una Ley de lucha contra la corrupción que incluya un ente independiente dedicado a proteger y orientar a los denunciantes de esta lacra.

Además, Ciudadanos ha pedido la eliminación del impuesto de sucesiones; derogar el impuesto del sol; y medidas en educación, turismo y protección del medio ambiente. Sin embargo, el futuro de un acuerdo que las dos partes aceptan como ineludible se juega en las reformas para luchar contra la corrupción. El resurgimiento a escala nacional del caso Gürtel ha fortalecido las posiciones de Ciudadanos. En consecuencia, el partido de Rivera ha endurecido su discurso: pide que Sánchez, ya dimitido como presidente regional, abandone también su acta de diputado autonómico.

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