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Lo que une Gürtel, Nóos y la carne de caballo ilegal

El nombre de Ramón Cerdá figura en los principales sumarios de corrupción. También está relacionado con el último fraude alimentario que investiga la Guardia Civil

Registro el pasado martes de la Guardia Civil en el matadero de Toreno (León).
Registro el pasado martes de la Guardia Civil en el matadero de Toreno (León).

¿Qué tienen en común los casos Gürtel o Nóos y la operación que está desarrollando la Guardia Civil contra la venta internacional de carne de caballo no apta para el consumo humano? Les une Ramón Cerdá, cuyo nombre ha aparecido en los sumarios de los grandes casos de corrupción, como Gürtel, Nóos o Hidalgo. Una empresa creada por Cerdá en 2009 y de la que se desprendió un año después —Kandelia Europea SL— está en el centro también de la operación contra el fraude de la carne de caballo, que aún está abierta y bajo secreto de sumario.

Kandelia acabó en 2015 en manos del ciudadano holandés Jan Fasen y de una de sus hijas, según figura en el Registro Mercantil y apunta la investigación que desarrolla la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona y que, de momento, ha supuesto la detención de 25 personas. A su vez, Fasen, que presuntamente está en el centro de la operación que desarrolla el Seprona, es un viejo conocido del negocio fraudulento con carne de equino. En 2013 estuvo relacionado con el enorme escándalo que se desató al localizarse en los mercados europeos ternera mezclada con caballo. Este mismo ciudadano protagonizó en 2009 otro caso más: hizo pasar como ternera halal (los alimentos que cumplen con los requisitos del Islam) carne de caballo.

Enrico Brivio, portavoz de salud de la Comisión Europea, ha mostrado este martes su "sorpresa" ante la presunta implicación de Fasen en este nuevo caso en España. La red vendía la carne de caballo en Bélgica, Italia, Rumanía, Holanda y Francia.

Pero la de este holandés es una historia aún en construcción y que los agentes del Seprona intentan desenmarañar dentro de la llamada Operación Gazel.

Condenas y detención

La historia de Ramón Cerdá —propietario de la web sociedadesurgentes.com— dio un vuelco el 14 de marzo, cuando fue condenado a 13 años y un mes de prisión por fraude, asociación ilícita, falsedad continuada en documento público y falsedad en documento mercantil en una trama del IVA relacionado con la compra de aparatos electrónicos.

En el Registro Mercantil aparecen más de 9.000 anotaciones a su nombre de cargos en sociedades. De hecho, se dedica profesionalmente a eso, a crear sociedades que luego otros compran. "Espero que sepa distinguir entre mi actividad y lo que ocasionalmente hagan mis clientes después de comprar las sociedades", se ha limitado a señalar este martes a EL PAÍS a través de un correo electrónico.

Es el mismo argumento que utiliza cuando es interrogado por los agentes, señalan a este diario fuentes policiales. El problema es que, con bastante asiduidad, algunos de sus "clientes" acaban investigados o condenados por corrupción y usan, precisamente, las sociedades que él creo para ocultarse.

El 14 de marzo tuvo que acudir a la Audiencia Nacional a escuchar la sentencia por la que fue condenado a 13 años y un mes de prisión. Solo unos minutos después de abandonar la Audiencia agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional lo arrestaron dentro de la Operación Praga, en la que fueron detenidas otras 29 personas e imputadas 27 más por el impago de cuotas de la Seguridad Social y el cobro indebido de prestaciones. Cerdá, supuestamente, está relacionado con tres empresas de la industria cárnica vinculadas a un fraude al erario de 1,6 millones, según las pesquisas de la Udef. En concreto, con la creación de las mercantiles Digosa XXI, Aristrandro Grupo Inversor y Frepamar Teca SL. La policía lo acusa de delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y organización criminal.

Pero el mes horribilis de Cerdá no acababa ahí. El 9 de abril la Audiencia Nacional lo volvió a condenar a 14 años de cárcel por otro fraude del IVA relacionado con el caso por el que fue condenado en marzo. Una mala racha para el hombre que se jacta de haber vendido 10.000 empresas a lo largo de su vida.

En el centro de las tramas de corrupción

Ramón Cerdá es un viejo conocido de la policía, ya que su nombre aparece ligado a la creación de empresas vinculadas a buena parte de los escándalos de corrupción que han sacudido España en los últimos años. Él está detrás de la creación de Good and Better, una de las empresas de Francisco Correa, quien en los últimos meses se sienta en el banquillo de los acusados por la primera etapa del caso Gürtel precisamente por la utilización de esta sociedad, entre otras, para facturar a la Comunidad de Madrid contratos supuestamente amañados por valor de varios millones de euros.

Cerdá también está en el origen de Novosfera Asociados 21 SL, una inmboliliaria con sede en Coslada (Madrid) que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres transformaron en auditora internacional tras aparecer en prensa las primeras noticias sobre el Instituto Nóos. Tras adquirirla, le cambiaron el nombre por el de De Goes Center For Stakeholder Management SL.

Este creador de empresas está relacionada también con Possibilitum Business, utilizada por el liquidador Ángel de Cabo para descapitalizar el Grupo Marsans del hoy encarcelado Gerardo Díaz Ferrán, y adquirir Nueva Rumasa a la familia Ruiz Mateos. De Cabo terminó en prisión por el saqueo del grupo empresarial del que fuera presidente de la CEOE.

Las sociedades de este creador de empresas también han aparecido en el caso Hidalgo, una operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en 2007 en Marbella, y en el más reciente caso Gowex. El presidente de esta compañía, Jenaro García, reconoció ante el juez Santiago Pedraz haber utilizado ocho de ellas para ocultar su patrimonio gracias a la colaboración de un testaferro, que fue el encargado de adquirirlas a Ramón Cerdá.

Otras empresas creadas por este que se han visto envueltas en problemas judiciales han sido Artemis 2000 (investigada en el caso que llevó al expresidente de la Diputaciónde Castellón, Carlos fabra, a prisión), Ekonos Group 2000 y La Luenga Inversiones SL (en el caso Mercalicante) y Tempero 9000 SL (del escándalo de la ITV en Valencia).

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