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La corrupción urbanística

Prenafeta pacta con la fiscalía y reconoce los delitos del ‘caso Pretoria’

El ex alto cargo de Pujol ocultó 14,98 millones de euros procedentes de comisiones públicas y privadas

Lluís Prenafeta a su llegada a la Audiencia Nacional. Vídeo: ATLAS. Foto: EFE (Emilio Naranjo)

Lluís Prenafeta, secretario de la Presidencia de Cataluña entre 1980 y 1990 y uno de los hombres de máxima confianza del expresidente catalán Jordi Pujol, ha admitido este martes en el juicio del caso Pretoria los delitos por los que le acusa el fiscal. Prenafeta ha reconocido como cierto que ocultó al fisco 14,9 millones de euros procedentes de comisiones. Con esta admisión de los delitos, Prenafeta, que se enfrentaba a una petición de seis años y diez meses de prisión por tráfico de influencias y blanqueo de capitales, obtendrá previsiblemente una rebaja en la condena.

Prenafeta ha aceptado que todos sus bienes presentes y futuros sirvan para el pago de la multa que pide para él la fiscalía, y que asciende a 13,6 millones de euros más un decomiso de otros 5,8 millones, cantidad que totalizan sus ganancias ilícitas. Su esposa, Lluisa Mas, también ha reconocido los hechos que se le atribuyen.

Según la fiscalía, Prenafeta mantuvo ocultos al fisco español entre 2000 y 2007 un total de 14,98 millones de euros. De esta cantidad 637.890 euros “procedían de la actividad delictiva cometida por su labor de intermediación en las adjudicaciones” urbanísticas en San Andrés de Llavaneras y Badalona junto con el exconsejero de Economía Macià Alavedra y el exdiputado autonómico socialista Luis García. Otros 4,63 millones procedían de labores de intermediación privada prestadas a Siemens y 8,6 millones corresponden a pagos de la multinacional Alstom a través de una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes, paraíso fiscal. El 1,1 millones de euros restantes son de origen desconocido.

Durante el interrogatorio, Prenafeta ha admitido a la fiscal Ana Cuenca que en 2009 presentó a Artur Mas, delfin de Pujol y posteriormente presidente de la Generalitat, al empresario Isaac Lahuerta. “Quería que le concertara un desayuno con Mas, fue un desayuno corto en el que se habló de todo, incluso de futbol, pero sobre todo de la crisis económica del país”, ha asegurado Prenafeta, que ha reconocido las comisiones de intermediación de entre el 3% y el 4%, pero no el haberse apoyado en contactos políticos para sus negocios.

La fiscal ha hecho escuchar un pinchazo telefónico entre Prenafeta y Artur Mas en la que concierta en ese encuentro. En esa conversación, Prenafeta evita citar el nombre del empresario, a quien califica de "controvertido" y acuerda con Mas que este acudiera acompañado de Germá Gordó, diputado de Convergència y a quien la fiscalía considera en otras investigaciones como el contacto de los contratistas con la Generalitat y con el partido fundado por Jordi Pujol.

Sobre Prenafeta –secretario de la Presidencia de la Generalitat entre 1980 y 1990- y Alavedra –conseller de Economía desde 1990 hasta 1997-, la fiscalía sostiene que desempeñaron “un papel relevante en la actividad delictiva desplegada en los municipios de Sant Andreu de Llavaneres y Badalona”.

La fiscal recuerda que ambos mantenían “una estrecha relación personal” con el entonces presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y que ambos “sabedores de la facilidad con la que se movía Luis Andrés García en estos municipios y del ascendiente e influencia que también ellos ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña”, se concertaron con él para influir en los tiempos del desarrollo urbanístico y las adjudicaciones de terrenos. Ello les permitió “recibir ilícitas comisiones procedentes de los empresarios que, gracias a sus influencias, lograron las adjudicaciones en estos municipios”.

Tanto Luigi como Prenafeta y Alavedra ocultaron sus ingresos ilícitos, según el fiscal, “sirviéndose -principalmente- de un complejo entramado societario así como de diversas cuentas bancarias abiertas en entidades situadas en territorios off shore”.