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La justicia pide nueve meses de prisión para un hombre que mató a un gato callejero

La vista oral se ha fijado este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo

Una camada de gatos callejeros buscan comida en la ciudad de Estambul.
Una camada de gatos callejeros buscan comida en la ciudad de Estambul. GETTY

Las condenas por maltrato animal que aplica la justicia española se han endurecido en los últimos tiempos, incluso cuando las víctimas de este tipo de delitos son animales que viven en la calle. Un ejemplo es la pena que ha solicitado la Fiscalía del Principado de Asturias al acusado de matar a un gato callejero en marzo de 2014 en Oviedo, porque le molestaba una colonia de felinos que se había instalado cerca de su propiedad, según ha informado el organismo judicial en una nota de prensa. 

Se espera que Galicia apruebe la ley más avanzada de protección animal a lo largo de 2017

El hombre, del que no han trascendido los datos personales, llegó a utilizar "algún producto sin determinar" contra los animales para dañarlos, pero solo logró que muriera uno. El gato de color negro y de unos ocho meses— apareció muerto el 24 de marzo delante del domicilio del acusado. Después, el hombre arrojó el cuerpo del animal desde un puente ubicado entre las calles San Mateo y Fernando Alonso de la capital asturiana. 

Las últimas cifras difundidas por el SEPRONA, las del periodo 2016, contabilizan más de 12.400 actuaciones contra el maltrato o abandono, de las que 783 se convirtieron en infracciones penales.

El avance en la protección de los derechos de los animales aparece en la última reforma del Código Penal y en una ley orgánica que regula las penas (contempladas en el artículo 337) por estos delitos. Se incorporó un agravamiento de las sanciones "cuando se hubiera causado la muerte del animal" con penas de 6 a 18 meses de prisión y de inhabilitación especial, de 2 a 4 años.

Hace un mes, la misma Fiscalía de Asturias solicitó nueve meses de prisión para un hombre de Llanes que maltrató a su mascota, una perra clasificada como potencialmente peligrosa, hasta provocarle la muerte. Según la investigación, el dueño no había registrado al animal, que tampoco llevaba microchip. El ayuntamiento de la localidad le abrió un expediente sancionador. El acusado solo quería a la mascota por sus camadas y esperó a que la perra pariese para retirarle todos sus cachorros. Este hecho provocó al animal un cuadro nervioso que le causó una inflamación aguda de las mamas, que le terminó ocasionando la muerte.

La pena más grave por este tipo de delitos se impuso en Málaga a principios de este año. La Justicia condenó a la presidenta del Parque Animal de Torremolinos a tres años y nueve meses de cárcel y a una multa de 19.800 euros. La sentencia aludía a "delitos continuados, falsedad e intrusismo profesional" hacia perros y gatos durante casi tres años.

Está previsto que Galicia apruebe este año la ley más avanzada de protección animal hasta la fecha en España, según recoge un comunicado del partido animalista PACMA. La regulación reconocerá la figura de las colonias felinas callejeras. Cada ayuntamiento tendrá la obligación de identificar a estas comunidades, esterilizar los animales y procurarles un control sanitario adecuado.

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