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El Gobierno autoriza el 98% de pasos a la privada: así funcionan las puertas giratorias de los altos cargos

Partidos y expertos piden reformar la regulación de las incompatibilidades

La Oficina de conflictos de intereses (OCI), que puede vetar los empleos de todos los ex altos cargos durante los dos años posteriores a su salida de la Administración, ha concedido el 98% de las solicitudes para pasar a la actividad privada en los últimos diez años. Esos datos han provocado que los partidos, los expertos y el Tribunal de Cuentas apuesten por endurecer un sistema que actúa como un cortafuegos para impedir que las compañías premien con trabajos a políticos que les hayan podido beneficiar (estos cobran en ese tiempo una indemnización). Frente a las casi 400 solicitudes aprobadas desde finales de 2006, las denegaciones y sanciones no llegan a la decena, respectivamente, según las contestaciones a las solicitudes de información presentadas a través del portal de Transparencia por EL PAÍS y la fundación Hay Derecho.

La Oficina de conflictos de intereses Ampliar foto
Los exministros Jorge Fernández Díaz y José Manuel García Margallo.

"Las evaluaciones de compatibilidades son extremadamente laxas; no limitan prácticamente nada", opina Julio González García, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, sobre una normativa que afecta, entre otros, a exministros, exsecretarios de estado, exconsejeros de organismo reguladores como la CNMV o ex altos cargos militares. "Eso está en consonancia con lo que ocurre en España en otros ámbitos, como en el Congreso. También las autorizaciones de compatibilidad a los diputados han demostrado ser poco exigentes", añade. Este diario pidió la opinión de la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, que alegó problemas de agenda.

Oficina de conflictos de intereses

Cuando los exaltos cargos solicitan la autorización para realizar una actividad privada, la OCI pide informes al departamento en el que trabajaba antes el solicitante. Cuando los recibe, y si estos no ven inconveniente, expide una resolución de apenas unas líneas en la que deja constancia de que “no existen objeciones”. Así, los permisos de compatibilidad no se basan en investigaciones de la OCI y tampoco dependen de una evaluación externa o de una votación de un grupo de expertos independientes. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, del que dependen los integrantes de este organismo con 18 plazas de personal asignadas, siempre ha defendido que aplica la Ley a “rajatabla”.

¿Qué proponen los partidos para endurecer el sistema?

El PP y Ciudadanos se comprometieron en su pacto de investidura a crear un organismo independiente que supervise el trabajo de la Oficina. El PSOE apuesta por dotar a este departamento de independencia funcional y por prohibir durante cinco años la incorporación exnovo de exaltos cargos a empresas de sectores sobre los que hayan tenido responsabilidades. Podemos ya presentó una propuesta en el Congreso para que ese periodo de inelegibilidad sea de diez años y que el veto sea permanente cuando se trate de ocupar un puesto directivo o en el consejo de una empresa de un sector estratégico para el país. Y Ciudadanos, finalmente, aspira a que la Oficina rinda cuentas en el Congreso y a que se sancionen económicamente los incumplimientos en materia de incompatibilidad, según su programa electoral.

Siete denegaciones por incompatibilidad en 10 años

  • Alfonso Martinell. Fue director general de relaciones culturales y científicas de la agencia española de cooperación internacional. Quería trabajar para la Fundación Carolina.
  • Juan Antonio March. Exembador en Rusia. Quería trabajar para la Fundación Onuart.
  • José Enrique Gómez. Consejero delegado de la empresa nacional de innovación (Enisa). Quería asesorar a empresas.
  • Lourdes Arana. Directora general de la fundación española de ciencia y tecnología. Quería colaborar con la Universidad de Deusto.
  • Isabel Martín. Presidenta-Consejera delegada de la sociedad estatal España, expansión exterior. Sacyr quería ficharla.
  • Alberto Pons. Presidente de la autoridad portuaria. Se le denegó colaborar con la empresa Amarres deportivos
  • Joaquín José Rodríguez.. Director General de los Registros y del Notariado. Iba a incorporarse al Consejo de administración de Retamar. 

“El problema no es procedimental”, opina Marcos Vaquer Caballería, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Carlos III. “Hay que dotar a la oficina de verdadera independencia, porque ahora su titular es un director general de un Ministerio, lo que no asegura en modo alguno su autonomía funcional, aunque la ley la proclame”, argumenta. “Y hay que aumentar su transparencia”, añade. “Además, la ley también le atribuye otras funciones de vigilancia y comprobación sobre las que poco o nada se sabe de cómo las ejerce”.

"El principal problema y agujero del sistema reside en que la oficina no realiza ninguna comprobación de las actividades de los ex altos cargos que no presentan ninguna solicitud de autorización”, advierte Jaime Castellano, investigador de Hay Derecho y coautor de un estudio sobre las puertas giratorias basado en todas las compatibilidades concedidas y denegadas. “El sistema confía en la buena fe de los ex altos cargos. No hay mecanismos de control y seguimiento”, añade. “Si un ex alto cargo envía una solicitud a la oficina para que le autorice una cierta actividad, se analiza la petición, y lo normal es que se apruebe si vemos las resoluciones emitidas. Pero el problema es que un ex alto cargo podría ejercer una actividad sin pedir permiso previamente, porque nadie les controla ni hace seguimiento”.

Puertas giratorias

Las indemnizaciones por abandono del puesto que reciben durante dos años los ex altos cargos van de los casi 4.600 euros mensuales que cobra un exministro hasta los cerca de 10.000 que percibe el expresidente de una comisión nacional.

Los altos cargos están obligados por la Ley a presentar una declaración de bienes y otra de actividades cuando toman posesión, y de nuevo cuando abandonan el cargo. El Tribunal de Cuentas denunció en un informe de abril de 2016 que la OCI no había comprobado la veracidad de las declaraciones de los altos cargos. Su conclusión es contundente: “No se realizó actuación alguna de comprobación de la realidad de los datos declarados por los altos cargos”. Pese a que la OCI puede pedir colaboración de las administraciones tributarias y de la seguridad social para verificar los datos declarados, “no se utilizó”. Tampoco para detectar posibles omisiones. En las alegaciones al informe, la OCI respondió que los altos cargos son los responsables de la veracidad y actualidad de sus declaraciones, pero el Tribunal de Cuentas no estuvo de acuerdo: “Un adecuado control de sus actividades tras el cese exige la realización de comprobaciones sobre las mismas”, señala.

Según los datos proporcionados por la Oficina, los exsecretarios de Estado, exembajadores y exconsejeros de organismos reguladores fueron los más activos en la búsqueda de nuevas actividades. Entre las autorizaciones concedidas, una permite a una exconsejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores irse al patronato de la fundación de un banco, o al antiguo jefe de gabinete del ministro de Industria Miguel Sebastián pasar a la empresa ACS. Además, hasta once exministros han pedido y recibido autorización de la oficina para trabajar durante los dos años posteriores a que dejaran su ministerio, en lo que sus equipos califican como un ejercicio de “transparencia”.

Uno de los últimos exaltos cargos que ha obtenido el visto bueno de la OCI es Arsenio Fernández de Mesa, exidirector de la Guardia Civil. No solo ha sido fichado para el consejo de administración de Red Eléctrica Española, sino que se le han autorizado otras dos actividades privadas en las empresas Absylum Integral Services y Preventia Neuro-Technology, tal y como acaba de publicar el Portal de Transparencia.

El listado de las autorizaciones para que los altos cargos puedan irse a trabajar a la privada fue la única información novedosa que aportó el Portal de Transparencia cuando se inauguró en diciembre de 2014. Hasta entonces no se publicaba este registro. Actualmente tampoco se publican los informes en los que se basan las autorizaciones. La OCI no los facilita por considerarlos información interna y “preparatoria” que no debe divulgarse, según la respuesta que dio a EL PAÍS. Expertos como el catedrático Julio González consideran que deberían ser públicos.

José Manuel García-Margallo, titular de Exteriores en el anterior Gobierno, fichó como tertuliano fijo del programa de Ana Rosa en Telecinco tras abandonar su puesto. Es el último de los 11 exministros que ha pasado por la OCI para pedir permiso para dedicarse a la actividad privada. Esta le autorizó la compatibilidad en enero pasado.

“Yo volví a donde estaba, a todas mis posiciones anteriores, a la actividad privada de la que venía”, explica Cristina Garmendia, exministra de Ciencia e Innovación. “También pedí permisos para cosas que estaba estudiando, sin que fueran decisiones tomadas, porque quería ver si tenía compatibilidad total, como es lógico. Solamente con que estés explorando (la posibilidad de un trabajo) debes pedir el permiso”, sigue Garmendia, que obtuvo decenas de autorizaciones. “Tienes que explicitar para lo que se te requiere. No me suena que pidieran más datos: no depende tanto de qué vayas a hacer como de si esa empresa o institución es incompatible con las decisiones en las que hayas estado involucrado”.

Mientras los partidos dan con una fórmula para la reforma, los exaltos cargos trabajan: nada les impide ocupar el puesto que quieran en la empresa que se lo ofrezca más de dos años después de dejar la Administración.

Ocho sanciones a ex altos cargos

Oficina de conflictos de intereses
Una de las resoluciones de sanción impuesta por la Oficina de Conflictos de Interés.

El informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó la actividad de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) entre 2012 y 2014 le criticó por no haber tramitado ni conocido denuncia alguna sobre presuntos incumplimientos de la Ley de Conflictos de Intereses, y por no haber iniciado, instruido o resuelto ningún expediente sancionador.

En los diez años de actividad de esta oficina han sido sancionados ocho ex altos cargos, según la respuesta de la OCI a una solicitud de información de este diario. Se conocen los nombres de seis de ellos, porque sus sanciones, graves o muy graves, están penalizadas con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La OCI se negó a divulgar el nombre de los otros sancionados y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), el organismo que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia en España, desestimó la reclamación de EL PAÍS para que los hiciera públicos al considerar que se trata de “datos personales” relativos a la comisión de una infracción administrativa.

Una infracción leve consiste en la “no declaración de actividades o de bienes y derechos patrimoniales” en los registros dentro de los plazos establecidos. La sanción es simplemente una amonestación. Si el alto cargo recibe un apercibimiento y, pese a ello, sigue sin presentar la declaración, se considera falta grave y se publica en el BOE. La omisión de datos entraría también en esa categoría. La infracción muy grave se da cuando se incumple la norma de incompatibilidades o se dan datos falsos en la declaración. En ese caso la sanción puede llegar a la destitución (si aún están en el cargo público) o la no percepción de la pensión indemnizatoria.

Entre los sancionados está Luis Hernández, inspector general de Sanidad del Ministerio de Defensa, que siguió ejerciendo de médico –y cobrando por ello- mientras ejercía como alto cargo. También Almudena Muñoz, directora general de Casa del Mediterráneo, que no presentó la declaración de bienes tras su cese, pese a que se la pidieron, y Marta Plana, que ejerció cargos en una empresa privada pese a recibir la pensión compensatoria durante los dos años siguientes a su cese como consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

Estos expedientes tampoco son públicos. Pese a que el Ministerio de Hacienda publica en su página web el informe que envía la OCI al Congreso dos veces al año, el documento no incluye las resoluciones relativas a los procedimientos sancionadores. Este diario pudo acceder a ellas porque se entrega una copia al Congreso de los Diputados. En este enlace se pueden consultar las resoluciones de los tres altos cargos mencionados anteriormente. 

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