El PP adapta su estrategia contra la corrupción a sus casos regionales
Los Congresos autonómicos del partido aprueban diferentes medidas contra esta lacra
Los Congresos autonómicos que el PP celebró en marzo han reflejado las distintas sensibilidades del partido en la lucha contra la corrupción y han servido para que la formación adapte sus estatutos autonómicos a los casos que le han afectado en cada región. Mientras que en Madrid o en la Comunidad Valenciana se han adoptado medidas extra contra esta lacra, en las Islas Baleares se ha relajado la exigencia de que sus representantes pongan su cargo a disposición del partido cuando son imputados (ahora será con la apertura de juicio oral) y en Murcia se ha apostado por la defensa de la presunción de inocencia. Además, las marcas regionales del PP han asumido como elemento unificador la creación de una oficina del cargo popular, aprobada en el Congreso nacional.
El PP perdió 2,5 millones de votos y siete gobiernos autonómicos en las elecciones de mayo de 2015. Aquella cita electoral se produjo al mismo tiempo que los casos Bárcenas, Acuamed, Púnica o Gürtel destapaban presuntas tramas de corrupción vinculadas a representantes de la formación de Génova. El PP busca ahora fórmulas para recuperar a un electorado que señala una y otra vez a la corrupción como el segundo gran problema de España, según el CIS. Sin embargo, las decisiones que ha tomado a nivel autonómico no son uniformes. Estos son los casos más destacados en las distintas ponencias aprobadas y enviadas a la dirección nacional.
Islas Baleares. La dimisión, con la apertura del juicio oral. El PP balear aprobó en 2015 un código ético que daba un paso más allá que la normativa nacional del partido, puesto que comprometía a los firmantes a poner su cargo a disposición de la formación en el caso de ser imputados. El documento, excepcional en el PP, coincidía con las medidas de regeneración propuestas por Podemos o Ciudadanos. Sin embargo, los nuevos estatutos relajan ese compromiso al fijar que la dimisión solo llegará cuando se produzca la apertura de juicio oral, un paso procesal posterior al de la imputación, como ha defendido siempre Génova. Fuentes del PP balear confirman que la carta ética será modificada para adaptarla a la nueva normativa autonómica.
Murcia. Defensa de la presunción de inocencia. El PP ha vivido en esta región su último escándalo por un presunto caso de corrupción. Tras la dimisión del presidente Pedro Antonio Sánchez por su imputación en el caso Auditorio, el partido, tanto a nivel nacional como regional, se remite a los estatutos recién aprobados en esta Comunidad para pedir que se abra un debate sobre las denuncias falsas y la presunción de inocencia. "Desde el Partido Popular lucharemos contra la corrupción en todas sus formas, también contra la acusación falsa y mezquina", establece ese texto. Y subraya: "Para ello debemos hacer compatible esa deseada regeneración política con el principio constitucional de presunción de inocencia". Sánchez, que está imputado por cuatro delitos en el caso Auditorio y podría estarlo próximamente por otros tres en el caso Púnica, se dice víctima de acusaciones instigadas por intereses políticos. Los estatutos del PP murciano recogen esa idea al señalar la "irrupción de partidos oportunistas".
Comunidad Valenciana. Oficial de cumplimiento normativo. El PP regional, que vio cómo el presidente Francisco Camps dimitía en 2011 y luego perdió el Gobierno en 2015, apuesta por "elaborar un plan de cumplimiento y prevención de la normativa (...) para garantizar que toda la organización territorial del PPCV, incluidos sus representantes públicos e institucionales, empleados y agentes vinculados, cumplen con el marco normativo aplicable". El proyecto impulsado por Isabel Bonig incluye crear la figura de un Compliance officer encargado de elaborar un "protocolo de actuación, seguimiento y formación" para impedir actuaciones que vulneren la ley. ¿La razón? "El PPCV es el partido que previene la corrupción y que, por ello, busca e implanta medidas dentro de nuestra organización que evite que existan personas dentro de nuestra formación que intenten aprovecharse de nuestras siglas en beneficio propio", reza la ponencia del PP valenciano, al que han afectado los casos Taula, Brugal, Púnica o Gürtel.
Cataluña. Más funciones para el secretario general. El ascenso de Xavier García Albiol a la presidencia autonómica del PP ha incluido cambios organizativos y funcionales. Santi Rodríguez es el nuevo secretario general. Los nuevos estatutos le encomiendan la misión de "velar por el comportamiento ético de los afiliados y, muy especialmente, de los cargos públicos y miembros de la dirección". Sin embargo, su papel no es meramente fiscalizador. El nuevo reglamento le otorga la iniciativa en posibles procesos de sanción ante casos de presunta corrupción: "Recabará toda la información que se remita al partido o se difunda en los medios de comunicación, la analizará y contrastará, y propondrá actuaciones a los órganos del partido".
Madrid. Un código ético que "amplía" las medidas nacionales. El PP de Madrid ha incluido en sus estatutos un anexo que fija en la normativa el código ético que impulsó Cristina Cifuentes para su equipo en 2016. Firmar una declaración de compromiso con este documento pasa a ser obligatorio. El texto especifica su voluntad de ir más allá de las medidas establecidas por el PP nacional al admitir que su objetivo es "profundizar y ampliar" esas "obligaciones". Así, establece como causas de renuncia al cargo "ser investigado formalmente por delitos de corrupción"; "cooperar (...) con la finalidad de cometer fraudes fiscal, blanqueo de capitales, delitos económicos, delitos de corrupción o cualquier otro delito contra la Administración Pública"; "dar, ofrecer, aceptar o solicitar regalos, favores, donaciones, invitaciones, viajes"; "forzar o facilitar oportunidades de negocio"; e "incurrir en una falta grave de ejemplaridad".
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