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El Constitucional amplía a los altos cargos de la Generalitat el deber de impedir la consulta

El tribunal suspende la partida de los presupuestos catalanes para el referéndum

Mariano Rajoy interviene en una conferencia. Sean Gallup Getty Images. Vídeo: Atlas

El pleno de Tribunal Constitucional dio este martes el primer paso para declarar ilegales las partidas que la Generalitat catalana ha reservado en sus Presupuestos para celebrar un referéndum independentista. El tribunal admitió el recurso del Gobierno contra varios apartados de las cuentas, lo que implica la suspensión inmediata de estos. Además, los magistrados advierten a todo el Govern y —por primera vez— a altos cargos vinculados a la ejecución presupuestaria de la responsabilidad penal en la que podrían incurrir si no atienden su requerimiento.

En los últimos tres años, el Constitucional se ha tenido que pronunciar en más de una decena de ocasiones sobre resoluciones adoptadas por la Generalitat o el Parlamento de Cataluña para avanzar hacia la independencia. En este tiempo, los magistrados han visto cómo la Generalitat no se daba por enterada de algunas de sus resoluciones y seguía adelante con iniciativas vetadas por el tribunal, como ocurrió con la consulta independentista del 9-N de 2014. En previsión de nuevos incumplimientos, el Constitucional (a petición del Gobierno) ha ido ampliando el círculo de responsables de la Generalitat a los que notifica sus acuerdos y advierte de las consecuencias de incumplirlos. Y este martes, por primera vez, los magistrados acordaron apercibir no solo a los miembros del Govern sino también a altos cargos vinculados a la ejecución del Presupuesto.

 Fue la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno de Mariano Rajoy, quien interpuso el recurso contra las partidas que el presupuesto autonómico reservaba al referéndum —o que podrían ser usadas para financiarlo— y quien reclamó al Constitucional que notificara la admisión a trámite a 19 personas. El tribunal, por unanimidad, ha aceptado la petición e insta a la “notificación personal” de su acuerdo al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; todos los consejeros; y cuatro altos cargos: el secretario del Govern, el secretario general de Economía y Hacienda, la directora de Contratación Pública y la directora general de presupuestos. Además, la resolución se notificará a un alto funcionario: la interventora general de la Generalitat.

El nuevo tribunal mantiene la unanimidad sobre Cataluña

El acuerdo adoptado ayer por el pleno del Constitucional es la primera decisión de calado del tribunal tras la renovación, en las últimas semanas, de cuatro de sus 12 magistrados y del presidente, cargo que ocupa ahora el conservador Juan José González Rivas.

Era la primera vez que se reunía el nuevo pleno y lo hizo para debatir sobre una de las materias que van a marcar su mandato. González Rivas se enfrenta al reto de mantener la unanimidad que logró su antecesor, Francisco Pérez de los Cobos, en las sentencias y resoluciones sobre el proceso independentista catalán. De momento ha conseguido que no haya discrepancias en la primera resolución: fue adoptada de forma unánime, aunque con debate en lo relativo a los apercibimientos a altos cargos.

El Constitucional advierte a todos ellos “de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir o ignorar la suspensión acordada”. En particular, les insta a abstenerse de “iniciar, tramitar, informar o dictar acuerdo alguno de disposición de las partidas presupuestarias impugnadas, o de cualesquiera otras, incluido el fondo de contingencia, adoptadas de conformidad con la disposición adicional 40, con el fin de financiar cualquier gasto derivado de la preparación, gestión y celebración del proceso referendario o del referéndum”, añade la providencia. Los magistrados, utilizando la misma fórmula empleada en ocasiones anteriores para los miembros del Ejecutivo catalán, aperciben a los altos cargos de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal”, en las que podrían incurrir si no atienden a su requerimiento.

Los apartados de la Ley de Presupuestos que quedan suspendidos son una disposición adicional que instaba al Gobierno catalán a “habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña”; y tres partidas que no hacían mención explícita a una futura consulta independentista pero estaban destinadas a “procesos electorales”, “consultas populares” y “procesos de participación ciudadana”, por lo que abrían una vía para ser empleadas para el referéndum. Estas tres partidas sumaban un presupuesto de 5,8 millones de euros, a los que hay que añadir otros 407.450 euros del programa 132 (organización, gestión y seguimiento de procesos electorales).

Cinco meses

La Generalitat ya preveía que el Constitucional pudiera anular las partidas de sus Presupuestos que explícitamente hacían mención a procesos electorales y consultas populares, por lo que la Consejería de Economía y Hacienda, encabezada por el republicano Oriol Junqueras, no descartaba buscar los recursos en otras partidas, especialmente en el llamado fondo de contingencia (dotado con 330 millones de euros). Pero el tribunal le ha cerrado también esa puerta al prohibir que se haga uso de “cualquier” partida, “incluido el fondo de contingencia”, para financiar cualquier gasto derivado del referéndum.

La suspensión acordada este martes puede mantenerse durante cinco meses. Antes de que se cumpla ese plazo, si el tribunal no ha dictaminado sobre el fondo del asunto (es decir, si aún no ha sentenciado si esas partidas presupuestarias son o no constitucionales), los magistrados deben decidir si mantienen o levantan el veto sobre esos apartados de las cuentas catalanas hasta que dicte sentencia. El recurso del Gobierno que se ha admitido a trámite se basa en la posible vulneración del artículo de la Constitución que establece como competencia exclusiva del Estado la convocatoria de referendos, los artículos referidos a la soberanía y los de reforma constitucional.

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