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Las preguntas que no responderá el comisario Villarejo en el Parlamento

Villarejo no será convocado a la comisión de investigación sobre la denominada “policía patriótica”

El comisario José Manuel Villarejo, en una imagen tomada de un vídeo.
El comisario José Manuel Villarejo, en una imagen tomada de un vídeo.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez no será convocado a la comisión de investigación sobre la denominada “policía patriótica” creada en el Congreso de los Diputados. Él mismo había levantado la liebre sobre la existencia de una red de policías que investigaban a políticos (especialmente a los independentistas), por orden del anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero los representantes del PP y del PSOE han decidido que el polémico policía y empresario quede fuera de la cita en el Parlamento.

Tampoco comparecerá su jefe teórico, el también comisario jubilado Eugenio Pino, número dos de la Policía Nacional durante los últimos cinco años. La semana pasada, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata decidió que se le investigue por falsear el caso Pujol. Según el magistrado, el anterior Director Adjunto Operativo (DAO) incorporó al sumario de blanqueo contra el expresidente catalán Jordi Pujol un pendrive con documentos, a sabiendas de su posible procedencia ilícita.

Este y otros sumarios corren ahora el riesgo de ser archivados o, por lo menos, que se rechacen buena parte de las pruebas. Es otra secuela de la existencia de una policía paralela que actuaba bajo unos intereses muy diferentes a los que se espera de la Fuerzas de Seguridad de un país.
Sin entrar en las razones por las que los dos primeros partidos en el Congreso de los Diputados han decidido que los policías no acudan a declarar, queda claro que la investigación sobre la posible existencia de un grupo de policías que actuaban al dictado del ministro del Interior para investigar a sus contrincantes políticos, quedará coja si los principales sospechosos no dan su versión de los hechos. Mañana mismo declarará el anterior ministro.

Hay toda una batería de preguntas que el comisario-empresario dejará sin respuesta sobre la supuesta existencia de esa policía paralela. Éstas son algunas de las cuestiones que debería aclarar José Manuel Villarejo:

¿Quién le ordenó que investigara a los políticos catalanes proclives a la independencia?

¿Quién mandaba en la llamada policía patriótica?

¿Viajó usted a Ginebra en compañía de otro policía para recibir un "pantallazo" de un ordenador de un banco suizo en el que supuestamente aparecía una cuenta del por entonces alcalde de Barcelona, Xabier Trías?

¿Cuánto dinero pagaron al informante?

¿Fueron fondos reservados de la Policía Nacional?

¿Realizó usted, o coordinó la elaboración, del informe PISA (Pablo Iglesias S. A.)? ¿Quién lo ordenó?

¿Ha realizado usted alguna investigación que luego ha entregado a la UDEF para que esta unidad la asumiera como suya?

¿Participó en la operación de grabación en el restaurante La Camarga de Barcelona, de la conversación entre la diputada del PP catalán Alicia Sánchez Camacho y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola Victoria Álvarez Martín?

¿Por qué un abogado socio suyo, Rafael Redondo, acompañó a Victoria Álvarez a declarar a la comisaría de Canillas, en Madrid?

¿De quién recibía usted las órdenes para realizar sus investigaciones?

¿A quién informaba de sus pesquisas?

Cuando hacía estos trabajos, ¿los hacía como comisario de policía o como investigador privado?

¿Cobraba por ello aparte de recibir su sueldo como funcionario público?

¿Qué "grandes servicios al Estado", como afirma el anterior ministro del Interior, ha realizado usted?

¿Eran servicios o recados del ministro?

Además de estas preguntas, quedan otras cuestiones por aclarar. Como, por ejemplo, la historia de cómo amasó su inmensa fortuna compaginando su trabajo de funcionario público con sus actividades privadas. O, lo que es más grave, los movimientos de capital entre las 16 sociedades de su propiedad (las cuatro sociedades matriz de su entramado empresarial movieron más de 20 millones de euros entre 1992 y 2010), que a juicio de dos informes policiales presentan indicios de blanqueo de capitales.

Aunque la Fiscalía de Madrid ha decidido no investigar el asunto, todavía está abierta la posibilidad de que alguna otra instancia del Ministerio Público decida seguir adelante con el asunto. Aunque esa es otra historia.

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