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El Gobierno impulsa el cierre masivo de registros civiles

La propuesta de reforma garantiza una oficina por comunidad y deja en manos del ministerio o de cada autonomía que se mantengan las 8.000 restantes

Una oficina del Registro Civil, en Madrid.
Una oficina del Registro Civil, en Madrid.

Las protestas por los planes del Gobierno de Mariano Rajoy para privatizar el Registro Civil, traspasando sus funciones a los registradores de la propiedad, forzaron en 2015 la paralización de la reforma de estos organismos públicos creados en 1870 para dejar solemne constancia de nacimientos, matrimonios y defunciones. Ahora, de nuevo al frente del Ejecutivo pero sin mayoría absoluta, el PP vuelve a intentar "modernizar" este servicio público con unos cambios legales que entrarán en vigor en parte el próximo 30 de junio. Su propuesta mantiene el cierre masivo de miles de oficinas por la informatización de los trámites y plantea que al frente de los registros civiles ya no esté ni un juez ni tampoco un registrador de la propiedad, sino un letrado de la Administración de Justicia.

Si actualmente en España funcionan más de 8.000 registros civiles (431 en juzgados de primera instancia y 7.667 en juzgados de paz), con la reforma del Gobierno la ley solo garantizaría una oficina por cada comunidad autónoma, con la excepción de Canarias y Baleares, que contarían con una por isla. Si el Ministerio de Justicia y los gobiernos autonómicos así lo consideran, el borrador de reforma de la Ley 20/2011 permite crear otra Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes, un límite que solo se podrá rebasar "por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio".

Si el gobierno autónomo de turno decide mantener más oficinas, ¿tendrá que hacerse cargo de su financiación? Fuentes oficiales del Ministerio de Justicia eluden responder a esa cuestión hasta que la ley entre en vigor. "Esa es la jugada: cargarles el registro civil a las autonomías", afirma desde Sevilla Francisco Lasheras, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones Justicia de Paz, que con sus 225 jueces de paz afiliados es la mayor de España. Lasheras se confiesa muy preocupado por el futuro de este servicio que acerca la justicia a los habitantes de las localidades más pequeñas, envejecidas y mal comunicadas. "Si no se protesta [contra la reforma del Gobierno], dejaremos que se produzca una discriminación tremenda entre los ciudadanos que viven en un lugar o en otro".

La alarma ha saltado también entre los sindicatos. UGT y CC OO exigen al Gobierno una "rectificación inmediata". Alternativas na Xustiza-CUT, una central asentada en Galicia, uno de los territorios con la población más dispersa y de más edad, el proyecto supone, no solo la amortización de un montón de plazas de empleo público, sino "el alejamiento absoluto de la justicia para los ciudadanos". Para esta central, los cambios impulsados por el Gobierno de Rajoy conllevarán tarde o temprano el fin de los juzgados de paz —Galicia cuenta con 272— al vaciarlos de competencias.

"Es el fin del Registro Civil gratuito"

En estos dos años de paralización de la entrada en vigor de la ley de 2011 que reforma este servicio público, los registros civiles ya han perdido atribuciones. Las tramitaciones de nacimientos y defunciones las pueden realizar ahora los hospitales y las autorizaciones de matrimonios, los Ayuntamientos. La tramitación de los expedientes para la adquisición de la nacionalidad española por residencia ha pasado a manos de la Dirección General de los Registros y del Notariado, con sede en Madrid. "Con esta nueva fórmula, el ciudadano tendrá que presentar la solicitud y correspondiente documentación a través de aquellos gestores administrativos cuyo Colegio tenga firmado convenio con el Ministerio de Justicia, previo pago de la cantidad correspondiente", explican desde Alternativas na Xustiza.

El papeleo le puede salir al ciudadano por una media de 400 euros, calculan los sindicatos. Esta cantidad incluye, además de los honorarios del gestor, una tasa inicial de 100 euros y el coste de la prueba de conocimientos sobre España. Justicia replica que contratar a un gestor administrativo "no es en absoluto obligatorio". "Cuestión aparte es que los ciudadanos puedan utilizar sus servicios por su comodidad", señalan desde el ministerio, donde admiten que están firmando convenios con colegios profesionales de gestores para "facilitar las gestiones" y "mejorar la calidad de las solicitudes". "Es el fin del Registro Civil gratuito", proclaman los sindicatos.

El Gobierno precisa reunir una mayoría simple en las Cortes para sacar adelante la reforma de la Ley 20/2011 y asegura que ya mantiene negociaciones con otros grupos políticos. Justicia promete que el cierre de registros civiles será "gradual" y "paralelo" al despliegue de una plataforma informática que propicie la creación de "un Registro Civil digital". "El proceso será largo, de no menos de cinco años, y se abordaría de forma tranquila, flexible y dialogada", subrayan fuentes oficiales del ministerio.

El próximo 30 de junio, cuando está marcado que entre en vigor la ley de 2011 paralizada hasta hoy, se producirán algunos cambios inmediatos si el Gobierno saca adelante su reforma. Se creará el Registro Civil Central en Madrid y los juzgados que actualmente acogen este servicio en exclusiva serán automáticamente suprimidos para convertirse en oficinas generales del Registro, quedando el magistrado de turno liberado y tomando las riendas el letrado de la Administración de Justicia. Las demás dependencias judiciales que realizan estas tareas, desde juzgados de primera instancia hasta jueces de paz, proseguirán con su labor hasta que la Administración competente implante el nuevo modelo "teniendo en cuenta las posibilidades presupuestarias, técnicas y organizativas". Eso sí, aquí serán también los letrados de la Administración de Justicia los nuevos encargados del registro.

La reforma pretende erradicar el papel de los registros, digitalizando los ingentes fondos dispersos por los 8.000 registros del país y diseñando aplicaciones informáticas comunes para todas las oficinas que permitan que los trámites sean íntegramente telemáticos. Pero el ministerio evitar dar plazos y datos de inversión para este proceso. "Es pronto", afirman desde el departamento de Rafael Catalá.