El desarme de ETA no es como el del IRA o las FARC
El procedimiento, sin contrapartidas, se basa en la propuesta del Gobierno vasco de diciembre de 2014
“El proceso de desarme de ETA es atípico. No sigue el patrón de los referentes más conocidos y recientes como el del IRA en Irlanda del Norte o el de las FARC en Colombia. Su diferencia fundamental estriba en que estos procesos fueron fruto de una negociación y acuerdo de paz. No es este el caso del desarme de ETA”, señalan expertos en estos procesos de entrega de armas.
“El desarme de ETA, a diferencia de los del IRA o de las FARC, no ha sido negociado con los Gobiernos español y francés, como pretendía la banda armada, y carecerá de contrapartidas. Será unilateral”, confirman fuentes del Ejecutivo vasco. ETA se ha comprometido a entregar las armas, cuyos depósitos están en Francia, a la justicia gala a través de intermediarios como el Comité Internacional de Verificación y representantes de la sociedad vasco-francesa.
Por el contrario, en el caso del IRA, el Gobierno irlandés, los partidos y la organización armada pactaron crear una comisión de desarme. Una representación internacional lo verificó en presencia de sendos enviados de las partes enfrentadas, un cura católico y otro protestante. Por su parte, el desarme de las FARC está calificado como “conflicto armado interno”, sometido al derecho internacional humanitario, y la entrega de armas se está haciendo ante un equipo de la ONU. Sin embargo, el desarme de ETA no se ubica como proceso final de un conflicto armado interno.
El modo de entrega de las armas es otro rasgo diferencial del desarme de la banda terrorista vasca. “Al entregar el armamento a la justicia francesa, ETA se compromete con la legalidad a no destruir las armas que los jueces analizarán para descubrir posibles delitos cometidos con ellas. Las armas del IRA y las FARC fueron destruidas”, señalan las mismas fuentes. El procedimiento de entrega del armamento de ETA le aproxima al proceso de desarme seguido por el Ejército Revolucionario Bretón (ARB), señalan los expertos. El ARB fue un pequeño grupo nacionalista radical que realizó algunos atentados con explosivos en Francia y cuya acción más conocida fue el robo de ocho toneladas de explosivos en colaboración con ETA en Plevin en 1998. El ARB se desarmó en 2000, entregando a la justicia los explosivos robados que controlaba y el escaso armamento del que disponía.
Una tercera diferencia radica en la administración de las entregas. “El desarme de ETA será completo, definitivo y a través de un único acto”, asegura el Gobierno vasco. “No fue así el del IRA, que realizó una entrega en cuatro plazos de tiempo. Ni será el de las FARC, que ha realizado recientemente su primera entrega”, aseguran las fuentes consultadas. Aunque se desconoce el número de armas de ETA —se especula entre 200 y 300 unidades entre fusiles, subfusiles y pistolas, además de material explosivo—, resulta evidente que el armamento del que disponía el grupo terrorista irlandés y la guerrilla colombiana es muy superior.
ETA, cuando declaró el cese definitivo del terrorismo en octubre de 2011, pretendió realizar un proceso de desarme similar al del IRA y las FARC. Trataba de materializarlo a través de un sellado de su armamento y su inutilización, supervisado por verificadores internacionales enviados oficialmente por los Gobiernos español y francés. La banda terrorista vasca rechazaba una entrega de armas y que estas pudieran ser analizadas para sortear el riesgo de que la justicia abriera nuevas causas. Asimismo, pretendía un desarme a plazos para difuminar la imagen de derrota y ofrecer una escenografía bilateral con los Gobiernos español y francés. Por ello, tras el cese definitivo del terrorismo, mantuvo una delegación en Noruega para negociar las condiciones del desarme. Ambos Gobiernos se negaron y en febrero de 2013 el Ejecutivo del PP logró la expulsión de la delegación etarra del país nórdico. Pese a ello, ETA mantuvo su posición. Tampoco la cambió cuando en diciembre de 2014, ante la persistencia del bloqueo, el Gobierno vasco le ofreció la creación de un “comité para el desarme” con representantes de las instituciones vascas, la sociedad y el Comité Internacional de Verificación. El Ejecutivo vasco se comprometía, a su vez, a avalar la legalidad del desarme ante el Gobierno del PP.
Esta propuesta del Gobierno de Iñigo Urkullu es básicamente la que, finalmente, ha asumido ETA. Para ello han tenido que pasar más de dos años en los que la banda ha interiorizado la imposibilidad de un desarme bilateral con los Ejecutivos español y galo e, incluso, el riesgo de que la sucesiva incautación de depósitos por la policía francesa dejara el desarme reducido a la mínima expresión. Sobre la base de la propuesta del Gobierno vasco, ETA ha otorgado mayor protagonismo a los intermediarios de la sociedad vasco-francesa como receptores de la geolocalización de su armamento. Pero ha asumido de dicha propuesta el papel de los verificadores internacionales; la presencia de las instituciones vascas y navarras; y la legalidad del proceso de desarme al ser la justicia francesa la destinataria del armamento.
A su vez, el Gobierno de Rajoy está dejando hacer. Al realizarse el desarme en territorio francés no le acarrea ningún coste y cumple su exigencia básica: que ETA entregue la geolocalización de sus arsenales y que la justicia sea su destinataria. En la no beligerancia de Rajoy cuenta, también, la pérdida de la mayoría absoluta. Necesitado del PNV, ha establecido una buena relación con el lehendakari Urkullu, convertido en garante del proceso y comprometido a informarle de su marcha.
