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El Gobierno y las comunidades afrontan el plan de violencia escolar con dos años de retraso

El presupuesto para las medidas previstas asciende a 3,7 millones de euros, un 0,12% del total del Ministerio de Educación

Fue uno de esos sucesos que conmocionan a un país durante semanas. Un alumno de 13 años irrumpió en el instituto Joan Fuster de Barcelona y mató a un profesor con una ballesta el 20 de abril de 2015. Un día después el entonces ministro de Educación, José Ignacio Wert, anunció la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para abordar la violencia en las aulas. Se comprometió a revisar los protocolos autonómicos que buscan frenar el acoso escolar e incluir “elementos de mejora”. En enero de 2016, el actual ministro Íñigo Méndez de Vigo presentó el borrador de un plan de convivencia escolar que quedó en suspenso durante el año que el Gobierno estuvo en funciones. Este jueves, Educación y los consejeros regionales empiezan a debatir ese plan, que incluye unificar protocolos, recoger datos de convivencia en tiempo real, preparar mejor a los profesores o designar a un responsable de referencia en cada centro.

Un policía local en la entrada de un colegio de Palma.
Un policía local en la entrada de un colegio de Palma.

El documento que este jueves debatirán el ministro de Educación con los consejeros del ramo en la conferencia sectorial de educación tiene 148 páginas, 73 iniciativas (de las que parte ya están en marcha) y plazos de ejecución que van desde el año pasado –cuando se puso en marcha, por ejemplo, el teléfono de atención a las víctimas de violencia escolar- hasta 2020.

El presupuesto para las distintas medidas asciende a 3,7 millones de euros, un 0,12% del presupuesto total del Ministerio de Educación, aunque hay actividades cuyo coste está “por determinar”, según el documento. El recorte del gasto educativo (lo que aportan el Estado, las administraciones regionales y locales y otros actores) ha sido de 8.900 millones durante la crisis. El plan se abre ahora a debate y puede sufrir modificaciones con las aportaciones de las comunidades autónomas.

Sus objetivos pasan por “asegurar la inclusión” de todos los alumnos en los centros educativos, que haya más participación de las familias en las escuelas, que se incluya más temática relacionada con la convivencia escolar en la formación de los profesores, garantizar “procesos integrales de educación de los sentimientos y las emociones” en las aulas o prevenir la violencia “desde la primera infancia”, es decir, de cero a tres años. 

El PSOE rechaza el plan contra el acoso escolar del Gobierno

EP

La consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez, que ha ejercido como portavoz socialista este jueves en una rueda de prensa, ha dicho que el PSOE rechaza el Plan Estratégico de Convivencia Escolar que propone el Gobierno porque supone una invasión de las competencias de las comunidades autónomas. Pérez ha subrayado que se trata de una maniobra de “marketing” ya que esta propuesta del PP supone una inversión de 60 millones de euros de los que solo está dispuesto a aportar cuatro millones. 

Los ocho consejeros de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura y Comunidad Valenciana) van a solicitar esta tarde en la Conferencia Sectorial de Educación al ministro, Íñigo Méndez de Vigo, más inversión, la reformar el sistema de conciertos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la creación de un grupo de trabajo autonómico para el pacto educativo.

"Lo que tenía que haber hecho el Ministerio, en su labor de cooperación y coordinación, era una propuesta global atendiendo a lo que hacen todas las comunidades autónomas". La consejera ha añadido que en algunas ya hay teléfonos para atender casos de acoso escolar "las 24 horas del día, los 365 días del año" y "atendido por profesionales", como el que puso en marcha el ministerio el pasado 1 de noviembre.

Un observatorio para tener datos

La primera medida prevista es activar el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar. En realidad, sería la reactivación de un organismo que ya existe. Se creó en 2007 y no se había vuelto a reunir desde 2011. Un portavoz del ministerio explica que se ha hecho una reestructuración y se pondrá en marcha con menos miembros después de que el propio ministro señalara públicamente que, con la composición actual, le parecía demasiado amplio y poco operativo. Este observatorio, por ejemplo, impulsó el Estudio estatal sobre la convivencia escolar en la educación secundaria obligatoria, un informe de 2010 que señaló que el acoso escolar afecta al 4% de los alumnos en España. “Empezar por reflotar el observatorio es una buena medida porque hay que basarse en datos”, considera Ana Cobos, presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE). “A veces, lamentablemente, se actúa a golpe de actualidad. Así que está bien recopilar información para hacer una actuación estratégica a medio largo plazo con medidas bien pensadas”.

 Preparar a los profesores

El documento incluye una docena de puntos relacionados con el papel del profesor. Por un lado, para mejorar su formación en convivencia escolar. Por el otro, para incluir estos conocimientos como puntuables en los procesos selectivos de acceso a la carrera docente. Incluye un programa de becas para que asistan a jornadas y congresos sobre estos temas, aunque ese punto no incluye aún  partida presupuestaria. “Los docentes necesitan mucha más formación psicopedagógica que les ayude a identificar necesidades y gestionarlas”, añade Ana Cobos. “Cuando un niño no recibe la atención educativa que necesita, el asunto puede desembocar en mala convivencia”. La dificultad, como recuerda Ana Lillo, es poner en marcha estos planes que contemplan una “liberación horaria” (dar menos clases para dedicar ese tiempo a formarse, otro aspecto cuyo presupuesto también está pendiente de determinar) cuando se han perdido más de 30.000 profesores. “Es un plan insuficiente, con buenas palabras pero sin la dotación económica necesaria. No podemos trabajar la convivencia con los recortes y la masificación que hay y de los que el documento no dice una palabra”, resume Lillo.

Un responsable de convivencia

Hay centros que ya lo tienen. Se trata de un profesor que, normalmente en su tiempo libre, ejerce como “responsable de convivencia” en el centro en el que trabaja. El plan estatal, que alude a “una figura de referencia” pero no especifica si debe ser o no un profesor (pueden ser orientadores o alguien del personal directivo del centro), contempla que disponga de horas específicas para eso y que su función será sensibilizar a la comunidad educativa sobre convivencia y garantizar que se cumplen los protocolos de detección de casos de violencia y acoso. La cuantía para hacer esto posible también está “pendiente de determinar”.

Los más vulnerables

Los colectivos considerados como más vulnerables están recogidos en el documento. Entre otros, pide especial atención a los estudiantes inmigrantes, minorías étnicas, alumnos con discapacidad, mujeres (las alumnas suelen sufrir más situaciones de acoso escolar, por ejemplo) o el colectivo LGBTIQ­+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queer u otros). Y hace hincapié en la necesidad de abordar una educación “inclusiva”, que tenga como objetivo “alcanzar la igualdad de oportunidades para todas las personas […] y dirigir esfuerzos a contrarrestar las barreras”, según el documento. “La situación que ha dejado la crisis en los centros, después de un recorte de 9.000 millones, es muy grave. Hay centros en los que ni siquiera tienen profesores de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales o colegios masificados”, señala la psicóloga experta en acoso escolar Ana Lillo. “No se puede hablar de educación inclusiva sin especificar cómo se va a poner en pie y, con los recursos actuales, es muy difícil”.

Datos “en tiempo real”

También contempla la recogida de datos “en tiempo real” sobre la convivencia en los centros escolares, una medida que considera que no tendrá coste y que prevé poner en marcha a lo largo de este año. En otro punto prevé un protocolo “sistematizado” de recogida de datos sobre acoso y ciberacoso, transferible a las comunidades autónomas. O elaborar informes periódicos con los resultados del observatorio para hacer un seguimiento de estos casos. La puesta en marcha de un programa de cooperación territorial para coordinar todos los resultados, financiado por el ministerio, es la medida que incluye mayor presupuesto, 1,5 millones de euros.

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