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Un centenar de joyeros, al banquillo por un fraude de más de 150 millones

La organización introducía oro en España como inversión para ahorrarse el IVA

Un furgón policial traslada a cinco de los joyeros acusados, en julio de 2007. Ampliar foto
Un furgón policial traslada a cinco de los joyeros acusados, en julio de 2007.

El negocio parecía perfecto. Importaban oro de gran calidad desde Suiza y lo introducían en España declarándolo como inversión, así se ahorraban el pago del IVA. Luego simulaban vender el material precioso a sociedades fantasma, pero los compradores reales eran mayoristas y fabricantes que no aparecían en las facturas y que lograban también eludir el pago de impuestos. Todos salían ganando. Hasta que les descubrieron. La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba, María Teresa García, ha abierto juicio oral contra 102 joyeros, principalmente de esta ciudad andaluza, por defraudar supuestamente más de 150 millones de euros a Hacienda entre 2002 y 2006.

El final de la instrucción llega más de una década después de que inspectores de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectaran numerosas irregularidades en la importación de oro para la fabricación de joyas. Tras un año de investigación, los agentes lograron identificar a los dos cabecillas de la trama, P. J. R. G. y P. J. R. F. (padre e hijo), quienes movían los hilos desde la empresa catalana Recuperaciones y Afinaciones S. L. La bautizada Operación Fénix se saldó en varias fases con decenas de detenidos tanto en Córdoba como en Barcelona, Cáceres, Jaén y Málaga.

Tanto los dos cabecillas como un tercer socio (A. G. L.) están acusados de defraudación fiscal tanto del IVA como del impuesto sobre sociedades y del IRPF. A estos delitos, se suman los de falsedad en documento mercantil, delito contable y blanqueo de capitales. En total, 108. Asimismo, otros 12 joyeros están acusados de ser “cooperantes necesarios” en cada una de las faltas.

Para los dos cabecillas, la fiscalía solicita cuatro años de cárcel por cada uno de los delitos, lo que eleva la petición a más de 400 años. Por su parte, las penas más bajas del ministerio público son de dos años de prisión para siete acusados.

Bajo el paraguas de una directiva de la Unión Europea de 1998 —que establecía que el material precioso que se adquiera como inversión está exento del pago del IVA—, el entramado importaba desde Suiza oro fino de 999,9 milésimas y lo introducía en España. Desde la empresa de Barcelona, ante un pujante mercado de oro y plata, los cabecillas vendían la mercancía a otras compañías, que en realidad eran pantallas que tenían al frente a testaferros insolventes. En esas transacciones el metal aún figuraba como una inversión. Pero, los verdaderos compradores eran mayoristas y fabricantes de joyería, gran parte de ellos residentes en Córdoba, cuna del sector y que hoy cuenta con más de 1.250 empresas. Al igual que entonces, esta ciudad andaluza acapara el 60% de la producción nacional de joyas, según los datos de la Asociación de Joyeros, Plateros y relojeros de Córdoba, que denuncia el daño que casos como este hacen al negocio.

En el auto fechado el pasado viernes, la juez requiere a los acusados que, en el plazo de 15 días, presenten unas fianzas que oscilan entre los 25 millones de euros y los 236.000. El montante total supera los 109 millones.

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