Podemos califica de “víctimas” a los agresores de Alsasua

Podemos cree que los nueve imputados por la agresión en 2016 a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra), procesados por terrorismo, son también "víctimas", por estar siendo sometidos a "un juicio injusto y desproporcionado", según ha afirmado la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Ione Belarra. El partido se ha reunido este miércoles en el Congreso con los familiares de los nueve imputados y ha suscrito un manifiesto junto a otros grupos como ERC, EH Bildu, PDeCAT y PNV en el que reclaman la puesta en libertad a los tres jóvenes que permanecen en prisión, así como la "eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo". El manifiesto ha provocado malestar en algunos diputados de Podemos, que se han desmarcado del mismo, como el guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos y el juez en excedencia Juan Pedro Yllanes.

Podemos equipara, por tanto, a agresores y guardias civiles en la condición de "víctimas". "Las personas que han sido agredidas son víctimas, y las personas que están siendo sometidas a un proceso judicial injusto y desproporcionado son también víctimas. Nos solidarizamos con todas las víctimas", ha manifestado este miércoles la portavoz adjunta de Podemos tras la reunión con las familias de los agresores de Alsasua. "Lo que estamos reivindicando aquí es que esto es una pelea de bar, en cualquier otro lugar de España sería juzgado por un juzgado de primera instancia", ha añadido Ione Belarra.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha valorado como una "banalización" del terrorismo la calificación de la agresión de Alsasua como tal. "Convertir una agresión automáticamente en un delito de terrorismo es banalizar el terrorismo", ha sostenido en La Sexta. "Es una irresponsabilidad decir que es terrorismo porque las víctimas sean guardias civiles", ha abundado.

La portavoz adjunta del grupo ha querido aclarar, en todo caso, que Podemos está en contra de "todas las formas de violencia", al tiempo que destacaba el "consenso muy amplio" que se ha suscitado el apoyo a las familias de los agresores de Alsasua dentro del grupo parlamentario.

No obstante, algunos diputados de Podemos han manifestado su malestar con la iniciativa y se han desmarcado de la postura oficial. "Desde el minuto uno hemos estado con las víctimas de Alsasua, con los guardias civiles agredidos y sus parejas. Lo demás son manipulaciones", ha escrito el diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado Ramos en su perfil de la red social Twitter. Delgado Ramos no ha firmado el manifiesto porque no lo comparte "al 100%", ha explicado en los pasillos del Congreso, ya que "quita valor" a lo prioritario, que a su juicio es "el apoyo a los guardias civiles y sus parejas". Precisamente la organización de la que Delgado fue portavoz, la Asociación Española de Guardias Civiles, ha difundido esta tarde un comunicado en el que se muestra indignada por el "menosprecio" que a su juicio lleva a cabo Podemos hacia los dos guardias civiles víctimas de la agresión. "Que no se equivoque Podemos, las víctimas han sido y son los dos agentes y sus mujeres y los agresores no son héroes a los que haya que homenajear", afirma la asociación.

El diputado y magistrado en excedencia Juan Pedro Yllanes ha expresado también su desacuerdo con el texto, que sin embargo sí ha firmado, porque supone una "injerencia en la separación de poderes", al decirle a la justicia cómo debe calificar los hechos.

La declaración, suscrita por Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes, ha sido firmada por 74 diputados y 14 senadores, y destaca la "preocupación" de los grupos por la calificación judicial de los hechos como delitos de terrorismo. "La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran todas las libertades, las garantías judiciales y la seguridad jurídica que a todas personas nos deben proteger", dice el texto.

Tras la reunión con las familias de los agresores, el diputado de ERC Joan Tardá ha manifestado la "solidaridad del republicanismo catalán" con los agresores, "víctimas de una gran arbitrariedad", así como de la "violencia" y "venganza" del Estado español en este caso. El representante del PDeCAT, Sergi Miquel, se ha quejado de la "instrumentalización" del caso "que se suma a los prejuicios entre los dos bandos", mientras que el diputado de EH Bildu Oscar Matute ha hablado de "atropello democrático" con el que se ha "intentado ejemplarizar". Por el PNV, Joseba Aguirretxea ha pedido "ecuanimidad" de la justicia. "Las acusaciones de terrorismo están fuera de lugar", se ha quejado el diputado.

La agresión ocurrió en octubre de 2016 en el bar Koxka de Alsasua (Navarra). Los dos guardias, un teniente y un sargento, estaban tomando una consumición con sus parejas cuando uno de los jóvenes procesados, Jokin Unamuno, les increpó. A continuación, entre 20 y 25 personas, según el relato de la juez, rodearon a las dos parejas y les comenzaron a insultar y amenazar. Cuando intentaron abandonar el bar, el grupo comenzó a golpearles causándoles diversas lesiones. El teniente sufrió, entre otras heridas, una fractura en el tobillo que precisó una intervención quirúrgica en la que se le colocaron una placa y tornillos.

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó el pasado noviembre auto de procesamiento contra nueve los supuestos autores, de entre 19 y 24 años, por delitos de terrorismo en concurso ideal de lesiones, atentado y delito de odio. Además, la juez envió al Juzgado Central de Menores la causa contra dos de los supuestos agresores, que no han cumplido aún los 18 años. De los nueve procesados, tres permanecen en prisión.

La magistrada afirma en su auto que todos los procesados “conocían con anterioridad la condición de guardias civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados”. La agresión se produjo, según Lamela “dentro del ambiente del movimiento Alde Hemendik! (¡Fuera de aquí! en euskera), cuyo objetivo principal desde sus inicios es la negativa a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como de las Fuerzas Armadas, en Navarra y el País Vasco”.

La noticia provocó en su día debate sobre si podía haber un delito de terrorismo sin una organización activa detrás. La Fiscalía de la Audiencia Nacional y la sala de lo Penal de este tribunal entienden que sí. Otros penalistas discrepan de esta interpretación y consideran que la agresión debería sancionarse de otra forma.