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La ‘policía patriótica’ entra en hibernación

La jubilación de cuatro comisarios salpicados por escándalos no despeja las dudas sobre la eficacia de la operación limpieza anunciada por Zoido

El comisario Villarejo, tras declarar en 2016 en el juzgado por el caso del ático de Ignacio González. Efe

El calendario le ha hecho buena parte de la operación limpieza al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Desde el pasado verano, tres de los comisarios salpicados por el escándalo de la llamada policía patriótica —Eugenio Pino, José Manuel Villarejo y Jaime Barrado— se han jubilado al cumplir los 65 años. El cuarto, Marcelino Martín Blas, lo hará el próximo 11 de abril. Cuatro salidas a las que se han unido en la última semanas el cese de un quinto alto mando policial, Enrique García Castaño, y la disolución de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) después de que revelaciones periodísticas le pusieran en bandeja a Zoido actuar contra ambos.

Para Interior, la polémica y convulsa etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del ministerio ya está enterrada antes de que en breve se inicie en el Congreso la comisión de investigación sobre la misma. Sin embargo, en el seno de la Policía Nacional hay serias dudas de que esto sea cierto. "Algunos de los protagonistas de estos sucesos siguen y, además, en lugares privilegiados y bien retribuidos, como embajadas", señala un alto mando policial que prefiere permanecer en el anonimato.

Buena parte de esas dudas surgen de la identidad de la persona que Interior ha puesto al frente de la policía como director Adjunto Operativo, el comisario Florentino Villabona, considerado por muchos como "un buen profesional" y "un currante", pero también muy vinculado con el PP desde que trabajó en el Ayuntamiento de Málaga. Además, su pasado está ligado, precisamente, a su antecesor en el cargo, el ya jubilado Eugenio Pino. "Era el comisario general de Seguridad Ciudadana con Fernández Díaz en Interior y, por tanto, miembro de la Junta de Gobierno que, entre otras cosas, aprobó la creación de la Brigada de [Análisis y] Revisión de Casos", señala un veterano de la institución. Desde otras instancias, se insiste en que sus primeras decisiones, aparte del cese del comisario García Castaño y la disolución del grupo policial que elaboró en secreto informes sobre el 11-M y el caso Faisán, revelan su intención de mantener lo que para muchos es "el mal endémico" de la institución: la politización de la misma. "Ha cesado a dos jefes superiores de policía, a un comisario provincial, al jefe de Formación [el comisario Carlos Lobato] y a otro alto cargo para colocar gente de su cuerda. Y no serán los últimos", recalca este alto mando. "Se sigue premiando el amiguismo frente a la profesionalidad", se lamenta otro agente.

Sobre el papel, el mandato del comisario Villabona es solo de unos meses ya que su jubilación se producirá a finales de este año. Varios altos cargos consultados dudan que dicho tiempo lo dedique a continuar con la limpieza que anunció Zoido. De hecho, le recriminan que varios de los mandos policiales cuyos nombres se han visto salpicados sigan ocupando puestos muy cotizados en la institución, como son los destinos en las embajadas. El inspector jefe Pedro Agudo, que tuvo que dimitir en su día como asesor del entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó, sigue destinado en la legación de España en Roma. Hace unos meses se le concedió una medalla roja, que lleva aparejada una incremento de su retribución de manera vitalicia. Como agregado de Interior en México está el también inspector jefe Bonificacio Díaz, considerado una de las personas de máxima confianza del comisario Pino en la DAO.

A La Haya fue destinado José Ángel Fuentes Gago, el agente que sirvió de enlace entre Fernández Díaz y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Y el comisario José Luis Olivera, quien en octubre de 2012 acudió a la Fiscalía Anticorrupción de Cataluña junto al también comisario Marcelino Martín Blas a pedir el registro de la sede de CiU justo antes de unas elecciones, se mantiene al frente del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) después de haber aspirado, incluso, a ser el nuevo DAO. No son los únicos, pero sí los que coinciden todos en señalar.

Mientras, los considerados principales instigadores de la llamada política patriótica se defienden y niegan la existencia de una Operación Cataluña o cualquier otro tipo de maniobra. Eugenio Pino concedió una entrevista recientemente en la que negaba cualquier irregularidad y defendía la creación de la BARC. Ahora, tras el revuelo mediático que originaron sus palabras y que llevaron a Zoido a disolver este grupo policial, se muestra más parco en palabras, pero igual de firme tras declarar en la Audiencia Nacional sobre el origen de los pendrives con datos sobre el caso Pujol que aparecieron por sorpresa en dependencias policiales y que el juez José de la Mata ha puesto en cuarentena.

"Algunos de los protagonistas de estos sucesos siguen", señala un mando

"Cuando encontréis la brigada política me lo decís, que yo también quiero saber cómo es", asegura mediante mensajes de móvil a EL PAÍS. El antiguo DAO insiste en que la célebre BARC ni fue creada ni actuó con fines políticos, pero que ahora ha sido el chivo expiatorio de todo el escándalo. "Era un lujo, el problema es que nadie la ha defendido", asegura, para a continuación añadir: "Es lo de siempre: una cabeza de turco, un culpable. Que busquen y comparen, y si hemos hecho algo mal, que se depuren responsabilidades", concluye.

Desde su entorno se señala como responsable de "todo el embrollo" al que bautizan como "el tándem". Este lo forman los comisarios José Manuel Villarejo y Marcelino Martín Blas, en su día amigos y colaboradores y hoy enfrentados en los tribunales. El primero, imputado en una pieza separada del sumario del Pequeño Nicolás por su presunta implicación en la grabación de una conversación del segundo con agentes del CNI, se le ha señalado en los últimos meses como muñidor de oscuros sucesos, como el caso de la doctora Pinto y la reciente filtración de grabaciones que intentan desprestigiar a la Casa Real y al CNI. Su entramado empresarial y elevado patrimonio también ha sido puesto bajo sospecha, pero el ministro Fernández Díaz salió públicamente en su defensa. EL PAÍS ha contactado en los últimos días con él, pero ha declinado mantener un encuentro al encontrarse fuera de Madrid. No obstante, él también asegura que no forma parte de una policía patriótica. "Pregunte a Marcelino [Martín Blas] y a [Ignacio] Cosidó sobre el uso de policías con fines políticos. En su día lo denuncié y tengo sello y número de registro de entrada de esas denuncias", advierte antes de insistir en que "en Cataluña solo me limité a conseguir datos de inteligencia sobre acciones delictivas de los Pujol y, cuando los tuve, los puse a disposición judicial".

Enfrentado a él se encuentra el comisario Martín Blas, cuya jubilación se producirá el próximo 11 de abril. Jefe de la Unidad de Asuntos Internos hasta que salió derrotado en su enfrentamiento con Villarejo, Interior le dio la patada hacia arriba y le incluyó en el Consejo Asesor de la Policía, un órgano convertido en el cementerio de elefantes de la institución. Sin embargo, consiguió mantenerse al frente de la investigación del caso del Pequeño Nicolás por decisión del juez Zamarriego y en sus informes incorporados al caso no ha dudado en señalar como presuntos responsables de irregularidades a su rival y al jefe de ambos, el comisario Pino. Su último movimiento antes de retirarse ha sido apartarse de las pesquisas y presentarse como acusación particular en el sumario. No obstante, su nombre también aparece en algunos de los episodios más oscuros de la etapa de Fernández Díaz en el Ministerio. Él fue uno de los dos comisarios que en 2012, y pese a que no era competencia de su unidad, pidió a Anticorrupción registrar la sede de CiU. Además, el pasado octubre, el expropietario del banco andorrano BPA Higini Cierco presentó ante la justicia del pequeño país una denuncia en la que le acusaba al comisario de haberlo extorsionado para que facilitase información sobre las cuentas opacas de los Pujol. EL PAÍS ha intentado en los últimos días entrar en contacto con él, pero no ha sido posible.

Villarejo: "Me limité a conseguir datos de delitos de los Pujol"

Es en este abierto enfrentamiento entre los dos comisarios en el que varios altos mandos policiales consultados se escudan para minimizar la existencia de la policía patriótica". "Aunque la imagen es otra, ni ha habido guerra interna ni grandes bandos. Eran cuatro mandos que encontraron el respaldo de un ministro [Fernández Díaz] obsesionado con el soberanismo catalán y Podemos para campar a sus anchas", recalca uno de ellos. José Manuel Sánchez Fornet, antiguo dirigente sindical en la Policía y actual portavoz del Observatorio contra la Corrupción, incide en esta idea: "Si por Operación Cataluña se entiende investigar las ilegalidades cometidas por políticos catalanes, sí existió. Como se puede llamar Operación Madrid el caso Púnica porque ha destapado cómo robaban otros políticos en esta comunidad. ¿Qué hay de ilegal en ello?". Fornet, que no oculta su amistad con Villarejo, admite que "desde el Ministerio [del Interior] se ha fomentado esta situación y se han incitado maniobras más o menos oscuras", entre las que cita el Informe Pisa, sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, que acabó archivado por la Audiencia Nacional.

Todo ello ha generado, en opinión de un alto mando consultado, la situación de interinidad que desde hace meses se vive en una de los grupos policiales clave en la lucha contra la corrupción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), sin jefe desde que su anterior responsable, el comisario Manuel Vázquez, fuera ascendido a jefe superior de Policía de Galicia. Ese puesto lo ocupa hoy en funciones el comisario José Manuel García Catalán, el mismo hombre al que supuestamente se envió a Nueva York a recoger un informe relativo a la financiación de Podemos.

"En la UDEF muchos no quieren investigar nada que huela a político por temor a verse utilizados", señala este agente. "De hecho, en los últimos años algunos integrantes de la misma la han abandonado para irse a la empresa privada o, simplemente, a otros grupos donde esperan recibir menos presiones. No me extraña que la Guardia Civil nos haya comido el terreno en los últimos años", recalca otro mando consultado que, como la mayoría, exige el anonimato para mostrar su opinión por temor a represalias. En este escenario, la comisión de investigación creada en el Congreso para intentar aclarar qué ocurrió en Interior durante la etapa de Fernández Díaz genera pocas expectativas en el seno de la propia policía. "No creo que vaya más allá de lo estético", señala

Monica Gracia, secretaria general del mayoritario Sindicato Unificado de la Policía (SUP), quien considera que para que algo cambie realmente en la institución "se debe acabar antes con ese juego de puestos a dedo y privilegios. Hasta que no sea así, siempre habrá altos mandos que se presten a estos enjuagues políticos".

La ‘Operación Cataluña’ y otras maniobras

  • Operación Aiko. Así fue bautizada en junio de 2012 las investigaciones sobre el alquiler y posterior compra de un ático de lujo en Estepona por parte de Ignacio González. Jorge Fernández Díaz le puso punto final solo 46 días después de iniciada y cesó al entonces comisario general de Policía Judicial, Rodríguez Ulla. Los ocho informes policiales que se redactaron entonces se incorporaron el pasado octubre al sumario en el que está imputado el expresidente madrileño.
  • Caso Interligare. La filtración de informes policiales sobre la existencia de una supuesta red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba provocó la caída del comisario que lo elaboró, Jaime Barrado, y la salida rumbo a la embajada de España en Italia del jefe de Gabinete de Ignacio Cosidó, el inspector jefe Pedro Agudo, en un oscuro incidente que nunca se aclaró.
  • La visita de dos comisarios. El 29 de octubre de 2012, el comisario José Luis Olivera, actual máximo responsable del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITO) y su compañero Marcelino Martín Blas, jefe de Asuntos Internos, intentaron convencer sin éxito a los fiscales Anticorrupción de Cataluña de que se registre la sede de Convergencia a pocos días de las elecciones catalanas de aquel año.
  • Informes apócrifos. El 16 de noviembre de 2012, pocos días antes de las elecciones catalanas, se publica en prensa un supuesto informe policial con el sello de la UDEF que asegura que Jordi Pujol y Artur Mas tienen cuentas en Suiza. El documento no tiene firma y el entonces jefe de la unidad policial, el comisario Vázquez, niega la autoría del mismo. Interior abrió una investigación sobre su origen, pero la cerró sin resultados poco después.
  • Cinco notas anónimas. Semanas después llegan a las redacciones de los periódicos cinco documentos sin ni siquiera un membrete policial con datos sobre la corrupción en Cataluña supuestamente recogidos entre "sindicalistas de los Mossos […], algunos imputados que quieren negociar y sector judicial no nacionalista". En ellos se recogía información de causas ya judicializadas, pero también otra sin ningún sustento. En uno se aseguraba que Jordi Pujol "creía en las brujas".
  • El informe de Mato. En octubre de 2013, Interior cesó al comisario general de Policía Judicial, José García Losada, máximo responsable entonces de la UDEF. Su salida se vinculó al malestar existente en el PP por los informes que esta unidad había incorporado a los casos Gürtel y Bárcenas que señalaban como beneficiarios de las actividades de la trama a los populares y a la ministra de Sanidad, Ana Mato.
  • La cuenta de Trías. A finales de octubre de 2014, solo dos semanas antes de la consulta del 9-N, El Mundo publicó que el entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trías, tenía una cuenta en un banco suizo desde la que habría transferido 12,9 millones de euros a una entidad andorrana. El banco UBS desmintió la información y el político presentó una querella. Ante la inexistencia de indicios contra el regidor, Anticorrupción archivó las diligencias que abrió entonces.
  • Grabación del ministro. En junio de 2016, el diario Público saca a la luz una grabación en la que se escuchaba a Fernández Díaz y al entonces director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, hablar sobre casos de corrupción en los que pudieran involucrar a soberanistas o familiares suyos. De Alfonso llegaba a plantear ser él mismo quien filtrase los escándalos, para evitar que la UDEF "se queme".
  • Pequeño Nicolás. El 14 de octubre de 2014 la Policía detenía al joven Francisco Nicolás en una investigación de la Unidad de Asuntos Internos, pese a que en el caso no aparecía inicialmente ningún agente de la Policía Nacional implicado. El caso terminó derivando en un grave enfrentamiento entre Martín Blas, Villarejo y Pino a cuenta de la grabación ilegal que sufrió el primero de una reunión que mantuvo con el CNI. Villarejo está imputado.
  • El banquero de BPA. El 18 de octubre de 2016, el expropietario del banco andorrano BPA Higini Cierco presentó ante la justicia del pequeño país una denuncia en la que acusaba al comisario Martín Blas y a otro policía de extorsión. Según el banquero, ambos le presionaron para que les informase sobre las cuentas opacas de la familia Pujol en BPA a cambio de no actuar contra la entidad bancaria que en aquel momento, 2014, era investigada por varios casos de supuesto blanqueo internacional de capitales. 
  • El expediente PISA. A punto de constituirse las Cortes surgidas de las elecciones de junio de 2016, varios medios publicaron datos sobre la presunta financiación irregular de Podemos recogidos en un informe policial. Pese a que ninguna unidad policial figuraba como autor del mismo, Interior se lo atribuyó a un grupo "inteligencia" policial adscrito a la DAO. Finalmente, el Tribunal Supremo, al que llegó el documento junto a una querella de Manos Limpias, lo rechaza de plano.
  • Los pendrive de los Pujol. La Policía ha sido incapaz de explicar al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata el origen de los pendrive con decenas de correos electrónicos que ha intentado incorporar a la causa contra los Pujol. El comisario Pino tuvo que declarar por ellos, aunque no aclaró nada de unos dispositivos de memoria con los que también aparecen supuestamente relacionados miembros de la agencia de detectives Método 3. 
  • Informes Faisán y 11M. La última polémica, ya con Zoido en el Ministerio del Interior. El comisario Eugenio Pino reveló que una brigada creada por él había realizado informes sobre casos cerrados, como los atentados de Atocha y el chivatazo a ETA. Algunos de los documentos aún no han aparecido y la BARC ha sido disuelta.