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Expedientado un soldado por grabar a un mando sin su consentimiento

La grabación, admitida como prueba por un juez, se considera falta disciplinaria

La diputada Zaida Cantera, en los pasillos del Congreso de los Diputados. Ampliar foto
La diputada Zaida Cantera, en los pasillos del Congreso de los Diputados.

La grabación de conversaciones entre dos interlocutores, sin que uno de ellos tenga conocimiento de que está siendo grabado, ha sido prueba crucial en procesos por corrupción, como la trama Gürtel, y en casos de malos tratos o custodia de menores. Sin embargo, los militares que graben a sus jefes sin su consentimiento se arriesgan a ser castigados disciplinariamente.

Ese es el caso del soldado A. A. F. P., a quien se le piden 14 días de sanción económica, equivalentes a una semana de sueldo y complementos, como autor de una falta grave de deslealtad a un superior y otra leve por ofender a un compañero.

El militar grabó una conversación con un coronel y otra con un soldado y presentó ambas grabaciones como prueba en una denuncia por abuso de autoridad contra el primero. Una vez archivada la denuncia, se ha abierto expediente disciplinario al denunciante. El instructor del expediente asegura no ser “ajeno a determinadas sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre la legitimidad de aportar como prueba en un proceso una grabación de conversaciones mantenidas por uno de los interlocutores” e incluso admite que los militares tienen “el deber de actuar siempre correctamente, tanto que nunca debiera haber inconveniente en que una conversación fuera grabada”, y sus actuaciones se deberían poder considerar públicas, “si no afectan a la seguridad nacional”.

Pero ello, advierte, “no significa que el hecho de grabarlas a escondidas e incluso negando el estar haciéndolo” no merezca ser castigado. La grabación subrepticia, agrega, “supone una deslealtad manifiesta y una actitud carente de cortesía, valentía, educación y respeto, no solo frente a sus superiores sino frente a compañeros y subordinados [...] impropia de un servidor público y, a la sazón, militar”.

En sus alegaciones, el soldado argumenta que la grabación resultaba imprescindible para probar unos hechos que, a su juicio, constituían delito, por lo que “no va a pedir permiso previamente” al supuesto autor. Además, considera que su contenido no afectaba a la seguridad nacional ni a la intimidad del coronel, ni tampoco ha sido públicamente difundido.

No se trata de un caso aislado, ya que varios guardias civiles han sido ya sancionados por idéntico motivo. Para Zaida Cantera, comandante retirada y diputada del Grupo Socialista, la sanción disciplinaria de las grabaciones deja en una clara indefensión a las víctimas de acoso laboral o sexual en organizaciones fuertemente jerarquizadas como las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil, donde no es fácil encontrar testigos y la palabra del subordinado se enfrenta a la del superior. “Castigar las grabaciones permite que se perpetúe el acoso”, advierte.