Las mujeres que intentaron lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el Congreso
Cuatro ponentes de la norma recuerdan cómo se hizo la ley que buscaba la paridad entre hombres y mujeres en la vida pública y privada
El siglo XXI llevaba ya varios años recorridos pero los pasillos del Congreso de los Diputados de 2007 lo transitaban solo 126 diputadas (un 36 %) frente a 225 parlamentarios. La sociedad pedía igualdad y el programa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero había prometido garantizarla. Después de sacar adelante la Ley contra la Violencia de Género aquellas Cortes debían eliminar las barreras que impedían la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, empezando por la representación parlamentaria. Algunos señores se retorcían en su escaño, sobre todo los de partidos pequeños y los nacionalistas. “Veían que su silla se podía mover y ponían objeciones que no sabían cómo verbalizar”, recuerda Mercè Pigem, ponente de Igualdad de la entonces Convergència i Unió (CiU).
“El escollo más grande con el Partido Popular (PP) estaba ahí”, según Mariví Monteserín, que lideraba las negociaciones desde el PSOE. La norma reformaba la Ley Electoral -y más de 20 leyes a través de disposiciones adicionales- para obligar a los partidos políticos a un mínimo de una proporción de 40-60 % de hombres y mujeres en tramos de cinco en sus listas electorales. “Recordaba un poco al debate del derecho al voto. Las posiciones eran apasionadas, porque ahí está el núcleo, el corazón de la igualdad para que sea efectiva: sin representación en igualdad todo lo demás se tambalea”, según la socialista que ahora es alcaldesa de Avilés. Para el PP, según declaró su entonces secretario general Ángel Acebes, la imposición de la paridad en las listas era "absurda" y "excluyente".
La ley se aprobó en el Congreso el 15 de marzo 2007, un día que Zapatero dedicó a Clara Campoamor, la diputada que defendió el voto femenino 75 años antes. "Hoy es el primer día de una sociedad distinta" que quedará transformada "para bien, radicalmente y para siempre", dijo el entonces presidente del Gobierno. El 22 de marzo fue sancionada y el día siguiente la publicó el BOE.
"El PP se abstuvo al final y quedó un poco atrás en la historia”, opina Monteserín. “Siempre nos hemos negado a las cuotas, e incluso lo llevamos al Tribunal Constitucional [que desestimó su recurso], porque somos partidarios de convencer, no de vencer”, dice Susana Camarero, portavoz del PP de aquella ley que ahora cumple una década, parafraseando a Miguel de Unamuno. 10 años después, concede que la paridad en los parlamentos ha conseguido que las mujeres “se incorporen de forma más rápida”, pero mantiene su férreo no a las cuotas en los puestos directivos de las empresas.
“Dentro de las dificultades conseguimos llegar a acuerdos”, dice Camarero, que recuerda el año que duraron las negociaciones en el Congreso como el tiempo en que más a gusto se ha sentido trabajando en un grupo humano. “No tengo más que buenos recuerdos, las portavoces nos hicimos muy amigas”, coincide Margarita Uría, entonces diputada del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Todas evocan la expectación que generó la ley y la ilusión y el orgullo por participar en lo que Uría recuerda como “una poderosa ola de cambio” en la sociedad española. “Recuerdo aquella época, aquellos dos mandatos de Zapatero, como un periodo muy bueno. Pasamos de planes de actuación -que dependían siempre de la buena voluntad y del dinero del Gobierno de turno-, a derechos consagrados en leyes, que se podían reclamar”, explica Pigem. La norma, cuenta, se tramitó en la Comisión de Asuntos Sociales porque la que servía para tratar temas relacionados con la mujer no tenía capacidad legislativa.
La propuesta estrella que se quedó "corta"
Soledad Murillo, la feminista que impulsó la ley
En los círculos feministas a la Ley de Igualdad se la conoce como "ley Murillo", por el nombre de su impulsora. Soledad Murillo fue la primera mujer en tener un cargo público en un puesto para la igualdad en la recién creada Secretaría general de Políticas de Igualdad en aquel primer Gobierno de Zapatero.
Murillo, profesora de Sociología en la Universidad de Salamanca, evoca el tiempo de negociación de la norma como un periodo muy extenso. En 2005 comenzaron a trabajar en él en la Moncloa y entró en el Consejo de Ministros en 2006. Recuerda que la confusión, que permanece, entre discriminación e igualdad: "La discriminación se entendía bien por todo el mundo a la hora de negociar qué queríamos meter en la ley pero igualdad no". El concepto de representación de 40-60 % fue lo que más costó sacar porque "se planteó desde el principio paridad".
En 2008, durante la segunda legislatura de Zapatero, se creó el Ministerio de Igualdad, a cuyo frente estuvo Bibíana Aido, que tenía como principal objetivo la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. El Ejecutivo, recuerda, sufrió una presión parlamentaria enorme y "la ministra fue sacrificada" y el Ministerio, cerrado en 2010. "Fue una barbaridad, absolutamente negativo".
Como explica, no se trataba solo de quitar un Ministerio, sino de "devaluar las políticas de igualdad", porque un Ministerio con entidad propia tiene su propia voz y toma decisiones al mismo nivel que los otros. Con todo, Zapatero mantuvo la Secretaría de Estado de Igualdad. En 2011, con la llegada del PP, se suprimió y se creó la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Uno de los principales hitos de la ley, para la entonces diputada catalana, era el permiso de paternidad, porque “para erradicar de raíz la desigualdad había que incorporar a los hombres al espacio privado”, según Pigem. “Se hablaba de un antes y un después, pero el proyecto de ley salió del Consejo de Ministros con un permiso de ocho días. Como medida era muy pequeñita, muy corta, y costó bastante llegar a los 15 días”, recuerda. En la cabeza de todos estaba la cifra de un mes, que no se ha hecho efectiva hasta 2017, 10 años después. Para conseguir la corresponsabilidad de hombres y mujeres, el grupo catalán también propuso que los permisos para cuidar a personas mayores fueran por consanguinidad y, solo en casos excepcionales, por relaciones de afinidad. “Al final las mujeres cuidan a sus padres y a los padres de su marido, y eso son años sin cotizar que después se notan en las pensiones”, explica. La medida se rechazó porque según ella, tenía dos costes: “Económico y de mentalidad”.
La ley introdujo la obligación de incorporar en las empresas de más de 250 empleados planes de igualdad en la negociación colectiva y quería una representación equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración. La patronal consideró aquello “un rejón de muerte al diálogo social”. “La CEOE siempre ha sido contraria a las cuotas y al avance de los tiempos”, opina Monteserín. Para ella aquellos informes de impacto de género en las empresas eran un “instrumento poderoso” para lograr la corresponsabilidad, porque "obligaban a pensar, y nada genera más cambios que ponerse a pensar”. Con el tiempo, se han quedado en un trámite burocrático que, según Pigem, se despachan con cuatro coletillas para afirmar que esto y aquello “no va a suponer desigualdad”.
El balance de las ponentes de la ley una década después es que las cosas han mejorado pero España está muy lejos aún de la igualdad real. Camarero, que fue secretaria de Estado de Igualdad y Asuntos Sociales entre 2014 y 2016, recuerda algunos datos: “Somos el 60 % de licenciadas cada año y el 80 % de las decisiones de compra, pero seguimos estando un 30-60 % en los puestos directivos, donde el 30 somos las mujeres, y aunque hemos crecido del 11 al 20 % en los consejos de administración, estamos muy lejos de la equidad. Se está recuperando el empleo femenino pero seguimos teniendo brecha salarial y sigue habiendo techo de cristal”.
Qué cambiarían si hiciesen la ley hoy
La crisis ha frenado el avance de la ley porque se ha cebado especialmente en las mujeres, pero desde el principio hubo quien criticó la voluntariedad de muchas de las medidas que proponía. El fallecido diputado del Grupo Mixto, José Antonio Labordeta, intentó cambiar algunas expresiones del texto legislativo para hacerlas obligatorias -"podrán" por "adoptarán", "procurarán atender" por "atenderán"; "podrán adoptarse" por "se adoptarán"- , pero todas sus enmiendas fueron rechazadas. “Después de diez años creo que se podrían revisar cuestiones que la ley modulaba y planteaba en positivo, para caminar despacio, e introducirlas en imperativo”, reconoce Monteserín.
“Las circunstancias son diferentes y ahora se podría ir más allá y hacer obligatoria la paridad en todos los niveles de la Administración y en las empresas de más de 250 empleados”, coincide Pigem. “No creo que España esté en condiciones de penalizar. A las empresas no hay que obligarlas, hay que mostrarles las bondades de incorporar mujeres”, dice Camarero, que ahora preside la Comisión de Igualdad del Senado. Si estuviese en su mano volver atrás y cambiar algo sería precisamente la parte de la ley que imponía la paridad en las listas electorales. "Es posible que hayan ayudado -concede-, pero no son el modelo perfecto".
Bien avanzada la segunda década del siglo XXI, más allá del valor intangible de poner el tema de la igualdad en la agenda, el mayor logro de la ley es un permiso de paternidad aún desigual y que 138 mujeres se sienten en los escaños del Congreso junto a 212 hombres. Es un 39,4 %, que no llega ni al mínimo obligatorio del 40 %. Ninguna de ellas encabezó las listas electorales en las pasadas elecciones generales.
Este jueves 23 de marzo charlaremos en directo en nuestro plató con Mariví Monteserín, portavoz de la Ley de Igualdad en el Congreso cuando se negoció y se aprobó. Puedes enviarnos tus preguntas y seguir la entrevista en nuestra página de Facebook.
