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Las manzanas podridas de policía y Guardia Civil

La Guardia Civil expulsa a 315 efectivos y la policía a 106 durante la última década

El expolicía Lars Sepúlveda, que robó 154 kilos de heroína y cocaína, en 2009 con pasamontañas.

La escena borda el surrealismo cañí: a las puertas del centro de promoción de Carabanchel (Madrid), donde hace una década se celebraban las pruebas de acceso al Cuerpo Nacional de Policía, se paró un furgón del que salió un tipo esposado y custodiado por dos guardias civiles. Era uno de los miles de aspirantes a policía, que cumplía prisión preventiva en la cárcel de Granada, y al que un juez había dado permiso para realizar las pruebas. Acabó el examen y regresó a su celda. El Cuerpo ofertaba ese año 5.000 plazas.

La policía y la Guardia Civil sufren manzanas podridas que merman su reputación. Sin embargo, en la última década el Instituto Armado ha expulsado a 315 efectivos, el triple que el otro Cuerpo (106), pese a que las plantillas son bastante similares en tamaño (65.287 policías y 77.427 guardias civiles). Entre los delitos cometidos por estos agentes díscolos destacan asesinatos, homicidios y secuestros. Pero también tráfico de drogas, cohecho y violencia machista “muy grave”, según los datos que han ofrecido ambos Cuerpos al Portal de la Transparencia.

¿A qué se debe que la Guardia Civil triplique las sanciones a policías? Las razones de esta disparidad están en la dureza de los regímenes disciplinarios que sancionan a ambos Cuerpos –más estricto el del Instituto Armado-, además de la soledad que sufren los primeros en las zonas rurales, que provoca comportamientos impropios ante la sensación de impunidad por la escasa vigilancia de los mandos superiores, según denuncian las asociaciones de guardias civiles.

“Hemos reclamado históricamente que el Código Militar no se nos aplique en funciones policiales. De momento sin éxito”, denuncia Juan Fernández, portavoz de AUGC, la asociación mayoritaria en el Instituto Armado. Fernández estima que padecen “un régimen mucho más severo en un Cuerpo tan castrense”. “No hay diálogo previo, cuando surge un problema simplemente se actúa y se sanciona”, critica. Un portavoz de la Guardia Civil subraya: “Todas las expulsiones en la Guardia Civil son por la comisión de delitos, ninguna por faltas muy graves”.

Asuntos Internos de la policía investigó 804 casos en 10 años

Las investigaciones en la policía y la Guardia Civil difieren en su modus operandi. Cuando la policía quiere investigar a unos agentes sospechosos de cometer ilegalidades, Asuntos Internos desplaza varios agentes a la comisaría bajo lupa y estos se incluyen como refuerzo en una unidad concreta. Solo el jefe superior de zona conoce la investigación en marcha. Sin embargo, Asuntos Internos de la Guardia Civil está acostumbrada a trabajar desde fuera, dado que muchas de sus investigaciones suceden en puestos con muy pocos agentes y ubicados en zonas rurales donde es imposible pasar desapercibidos.

Asuntos Internos de la policía, cuyas pesquisas suelen pasar desapercibidas salvo excepciones como el caso Faisán por el chivatazo en el bar de Irún al entorno de ETA, abrió en la última década 804 investigaciones. Y como resultado, esta unidad propuso la expulsión de 124 policías, cifra que los mandos del Cuerpo redujeron a 103 policías apartados. De ellos, 92 fueron policías de escala básica (el 86,7%) y 14 mandos (13,2%).

Estos garbanzos negros que provocan mayor escándalo en ambos Cuerpos suelen saltar a los medios de comunicación. Entre ellos, el agente José Manuel Rodríguez Talamino, agente de la UCO (Unidad Central Operativa) detenido en la Operación Púnica y que ejerció de topo para el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. Y el comisario Jesús Figón, agregado del Ministerio del Interior en la embajada de España en Brasil, mató a su esposa en 2015 por una discusión. Cada cierto tiempo surgen agentes que son tentados por el dinero fácil del narcotráfico. Hace ocho años destacó Lars Sepúlveda, que sustrajo 154 kilos de cocaína y heroína de la Jefatura Superior de Sevilla durante varios años, robo por el que fue condenado a 17 años de cárcel.

La Guardia Civil, a diferencia de la policía, carece de sindicatos. Y mientras que la expulsión de los policías las firma el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ratifica la destitución de los guardias civiles.

Cuando en paralelo a la justicia penal la policía tramita de forma interna una sanción muy grave de algún agente o mando, esta llega al Consejo de la Policía y el instructor propone una sanción que oscila entre la suspensión de varios meses y la expulsión definitiva. A veces los sindicatos, si consideran que el castigo a su afiliado es demasiado duro, pelean por rebajarlo y la Dirección General accede a sus peticiones. “Hay expedientes defendibles y otros que nos callamos. Damos la cara por aquellos cuya sanción es demasiado elevada”, detalla José María Benito, del sindicato UFP. Sin embargo, la Guardia Civil no lleva a su Consejo las sanciones, las tramita y punto. Las asociaciones solo tienen opción de discutir las normativas de manera genérica. Es decir, todas las expulsiones propuestas de guardias civiles se concluyen sin reparo alguno.

En la relación de mandos apartados por la policía desde 2006 destaca un comisario principal –máxima categoría en la escala de mandos- que fue apartado por acoso sexual en 2012. Se trata de Mauricio Moya, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional, que había acosado a una subordinada. Un año después un inspector jefe abandonó el puesto por un delito de detención ilegal y secuestro. En 2014 y 2015 tres inspectores incurrieron en tráfico de drogas, malversación y estafa.

“En la época de Zapatero se crearon 5.000 plazas todos los años y no hubo los controles necesarios. Se coló gente de todo tipo, muy buena y algún chorizo. Coincidió con el boom inmobiliario y la gente ganaba más alicatando”, analiza Benito. Ramón Cosió, portavoz del SUP, incide: “106 expulsados son muchos, sobre todo al comparar con el resto de funcionarios. Eso sí, un cambio de impresiones acalorado con un jefe puede ser motivo de sanción”, critica. “Sin embargo, en las expulsiones de garbanzos negros sí apoyamos a la Administración”, matiza.

En su estadística, la Guardia Civil ha rechazado detallar los galones de sus mandos y miembros de la escala básica apartados del servicio, y se limita a informar de que las expulsiones han descendido en los últimos años. Si entre 2006 y 2010 abandonaron el Instituto Armado 197 agentes, solo 118 efectivos lo hicieron entre 2011 y 2015.

Y si las expulsiones ofrecen un buen termómetro sobre la ética de los agentes y la salud del Cuerpo, casi mejor medidor son las faltas graves y muy graves que cometen en acto de servicio los 142.714 miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y ahí el salto entre los castigos que asumen los guardias civiles y los policías se dispara hasta multiplicarse por cuatro. Entre 2007 y 2016 las sanciones por faltas graves (suspensión de uno a tres meses) o muy graves (separación del servicio desde los tres meses hasta definitiva) en el Instituto Armado ascendieron a 7.012, mientras que en la policía, entre 2006 y 2015 se limitaron a 1.659.

Hace un año a guardia civil Alicia Sánchez optó por vestir su propio chaleco antibalas adoptado a su anatomía, y a pesar de que recientemente un juez Togado Militar archivó la causa por insubordinación tras la denuncia de un superior, la Guardia Civil le ha abierto un expediente disciplinario por falta grave.

Desde 2007 la Guardia Civil registró 8.639 faltas leves (suspensión de uno a cuatro días), mientras que la policía no las contabiliza, al no ser elevadas desde las comisarías repartidas por núcleos urbanos de todo el país hasta la Dirección General ubicada en Madrid.

En la policía entre los motivos para las faltas graves y muy graves destacan la falta de obediencia a los superiores, consumir drogas de forma habitual o el extravío del arma reglamentaria, lesiones graves o cohechos. Entre los expedientes de 2016 figura uno abierto a un policía de Ibiza que estaba de baja y en la noche del 16 al 17 de agosto de 2015 hizo de guardaespaldas para el empresario Hans Thomas Gross y su pareja sentimental Paris Hilton. “Acompañándolos en su vehículo Rolls Royce hasta la zona privada de la discoteca Amnesia, realizando actividades de seguridad y protección en todo momento”, subraya el expediente policial. Además, ese verano el policía realizó funciones de guardaespaldas en la casa ibicenca del citado empresario. El instructor propuso una suspensión de dos años y dos meses por una falta muy grave y otra grave.

En Valencia, otro policía agredió al árbitro de un partido de fútbol de aficionados disputado en 2013. El agente pegó un puñetazo y patadas que provocaron al colegiado hemorragias, la pérdida del bazo y la desviación del tabique nasal. Condenado a 10 meses de prisión, la propuesta del Consejo de la Policía dictada el pasado 22 de agosto fue solo de cinco meses de empleo y sueldo.

Sobre las manzanas podridas, un portavoz policial apunta: “Es la propia institución la primera interesada en erradicar cualquier conducta irregular de sus miembros y por eso tiene articulados mecanismos internos de autocontrol, con una Brigada específica, para evitar y sancionar este tipo de actos”.

Después de años de relativa sequía, Interior ha recuperado las convocatorias masivas para policía y Guardia Civil con 4.300 plazas. “A partir de ahora espero que no cometamos los mismos errores, porque los delitos y temas de agentes expulsados son más graves que en los años 90”, resume un sindicalista que pide el anonimato.

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