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Los seis pasos para amañar una adjudicación de 61 millones

Un informe de la UCO recién incorporado al sumario del 'caso Púnica' detalla los pasos que siguió la trama para hacerse con un contrato del Ayuntamiento de Valdemoro

Registro en el Ayuntamiento de Valdemoro en octubre de 2014.
Registro en el Ayuntamiento de Valdemoro en octubre de 2014.

Llamadas de teléfonos, correos electrónicos, reuniones, facturas falsas, dinero negro para pagar sobornos y más de un año de gestiones en la sombra. El último informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, dentro del caso Púnica detalla de manera pormenorizada todos los pasos que la trama siguió para amañar la adjudicación de un contrato de eficiencia energética de 60,8 millones de euros en el Ayuntamiento de Valdemoro. El documento policial destaca que para ello hizo falta la presunta participación y connivencia de, al menos, 21 personas, entre empresarios y funcionarios públicos. La Guardia Civil destaca que fue el mismo mecanismo que la red utilizó en otros consistorios de la Comunidad de Madrid para hacerse de modo irregular con concursos.

1. Acceso privilegiado a datos. En octubre de 2012, 14 meses antes de que se firmara el contrato de eficiencia energética en el Ayuntamiento de Valdemoro y la filial española de Cofely-GDF Suez, dos de los principales implicados en la trama intercambiaron el primer correo electrónico presuntamente dirigido a amañar este concurso. Pedro García, directivo de la compañía y señalado por la investigación como uno de los supuestos muñidores de las irregularidades, cruzaba en aquellas fechas varios mensajes con el constructor David Marjaliza, socio de Francisco Granados y ahora colaborador de la Justicia, en los que este último facilitaba al primero "los datos de facturación del Ayuntamiento de Valdemoro” que iban a servir para elaborar de manera irregular los pliegos para decidir la adjudicación. Entre esa información, el informe de la UCO destaca que figuraban las claves de acceso que se utilizaban en el Consistorio para consultar las facturas de consumo de energía de los diferentes edificios municipales, conocer el número total de contadores o saber cuántas farolas había en la localidad. Unos datos clave para preparar la oferta de un concurso que aún tardaría meses en hacerse público.

2. Manipulación de la consultoría previa. La investigación ha permitido determinar que Cofely envió toda esa información recabada gracias a "funcionarios y responsables de dicho Ayuntamiento" a una tercera sociedad, en este caso Consultoría Lumínica, para que esta elaborase para el consistorio la obligatoria auditoria previa y que ésta fuera, además, a medida de los intereses de la multinacional. La UCO considera que esta sociedad era, en realidad, un tentáculo de Cofely, con la que colaboraba desde hacía tiempo y que por este trabajo supuestamente recibió 8.000 euros. Eso sí, para difuminar dicha dependencia, los cobró utilizando empresas interpuestas. En este caso, Ruta Energética, del constructor David Marjaliza. Este adelantaba en primera instancia el dinero para posteriormente emitir facturas falsas a Cofely por la realización de trabajos inexistentes para recuperar dichos fondos y, además, cobrar su comisión por su labor de intermediario con el Ayuntamiento, donde los agentes destacan que el hoy arrepentido tenía gran “influencia”.

3. Pliegos a medida. En noviembre de 2012, nueve meses antes de que se anunciase el concurso, el directivo de Cofely Pedro García envió a Marjaliza borradores de los pliegos y los anexos que debía publicar el Ayuntamiento de Valdemoro para convocar el concurso. Era el inicio de una cadena de mensajes que, según la UCO, ponía de manifiesto que en la confección de dicha documentación técnica estaban trabajando empleados de la multinacional junto a varios técnicos y cargos de confianza del propio consistorio, que en algunos momentos llegan a prescindir de la intermediación de García y Marjaliza para tratar directamente entre ellos cuestiones concretas de los pliegos. Las investigaciones han revelado al menos dos "reuniones físicas" entre un funcionario del Ayuntamiento y trabajadores de Cofely varios meses antes de que se convocase el concurso para la elaboración de dicha documentación técnica.

4. Minusvalorar la oferta económica. Esos correos electrónicos y reuniones se tradujeron en una coincidencia casi total “en formato y contenido” entre los pliegos que finalmente publicó el equipo de gobierno de Valdemoro, entonces encabezado por el popular Jose Carlos Boza Lechuga, hoy imputado, y los que había remitido Cofely. En este punto, el informe de la Guardia Civil destaca que "el hecho de que una empresa participe en la confección de unos pliegos para más adelante participar en la licitación del concurso está expresamente prohibido". Con ello, la multinacional consiguió incluir en los mismos una fórmula entre los criterios objetivos de adjudicación que a la hora de decidir el ganador del concurso restaba de manera significativa importancia al precio de la oferta económica para, de este modo, aunque la de Cofely fuese la más cara, seguir siendo la ganadora. Una maniobra que, según destaca el informe, la trama también utilizó supuestamente en municipios como Parla, Serranillos del Valle, Collados Villaba y Almendralejo, entre otros.

5. Evitar a los interventores municipales. El análisis policial de la documentación también ha revelado que los pliegos presuntamente elaborados por la trama y posteriormente utilizados por el Ayuntamiento contenían otras irregularidades con el supuesto objetivo de eludir el control de los interventores municipales. Así, el informe de la UCO destaca que se incluyeron de manera intencionada en el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) algunas cláusulas sobre revisión de precios, subrogación de personas, criterios de adjudicación y solvencia económica que debían haber figurado en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones (PCAP). De este modo, la trama evitaba que las mismas fuesen sometidas al escrutinio de los interventores del Ayuntamiento, que hubieran puesto serias objeciones al concurso. Uno de ellos era el criterio de solvencia, que figuraba definido en el PPT con "unos requisitos difíciles de cumplir para otras empresas del sector diferentes a Cofely". Una manera de evitar la competencia, en opinión de los investigadores.

6. Desviar dinero municipal para sobornos. La Guardia Civil pone especial énfasis en la cláusula del pliego que permitía a la empresa adjudicataria destinar el 2% del importe de la licitación a contratar todos los años una auditoría de su elección para fiscalizar el cumplimiento del contrato. Según la investigación, "Cofely se valió de esta oportunidad" para contratar a una empresa de Marjaliza que no realizaba servicio alguno -la auditoría la iban a elaborar los propios trabajadores de la multinacional- y que "servía únicamente para generar facturación instrumental que se utilizaría para hacer frente a otros pagos". ¿Cuáles? La UCO concluye que para los "cohechos" a los funcionarios y cargos públicos que colaboraban en el amaño y para abonar al constructor el dinero que éste había adelantado durante todo el proceso, además de su supuesta comisión. De este modo, cada ejercicio se iban a desviar 130.000 euros del erario con tal fin. El contrato tenía una duración de 15 años.

Finalmente, en agosto de 2013, el Ayuntamiento de Valdemoro hizo público el concurso. En diciembre de ese año, el alcalde José Carlos Boza Lechuga firmaba el contrato con Cofely, la única empresa que se presentó al mismo. Era el punto final de todo un proceso repleto de supuestas irregularidades en el que la Guardia Civil asegura que se cometieron hasta seis delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, revelación de secretos y malversación. Una larga lista de la que hace responsable a doce cargos públicos y funcionarios del consistorio, entre ellos el entonces regidor, Boza Lechuga; a cinco directivos de la multinacional, y a cuatro empresarios, incluido David Marjaliza. Todo por un contrato de 60,8 millones de euros, el segundo de importe más elevado supuestamente amañado por la Púnica.

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