El Consejo de Europa valida la reforma del Constitucional pero pide mejoras

El Consejo de Europa —una organización consultiva europea, ajena a las instituciones de la UE— ha avalado la compatibilidad de la reforma del Tribunal Constitucional español con “los estándares europeos”, pero recomienda a España que realice algunas “mejoras”. Dicha reforma —aprobada en 2015 por el PP en solitario, con el objetivo de fortalecer al tribunal frente al incumplimiento de sus sentencias por parte del Gobierno de Cataluña— permite que el Constitucional aplique medidas ejecutivas para obligar al resto de poderes a cumplir sus veredictos. Entre ellas, la suspensión temporal de cargos públicos.

En un comunicado hecho público este sábado, el Consejo subrayó que, en los casos en que un representante público “se niega a ejecutar las sentencias del Tribunal Constitucional, está violando los principios del imperio de la ley, la separación de poderes y la cooperación leal entre los órganos estatales”. Y su incumplimiento supone una falta equivalente a “hacer caso omiso de la Constitución y del poder constituyente”. Sin embargo, remarca que, aunque reforzar la capacidad del Constitucional para garantizar la ejecución de sus propias sentencias es legítimo, el ejercicio de dicha facultad “es la excepción y esta tarea está usualmente atribuida a otros poderes estatales”.

“Debería replantearse la decisión de atribuir al tribunal la total y directa responsabilidad de ejecutar sus propias sentencias con el fin de promover una percepción del tribunal como un árbitro neutro, como un juez de leyes. Para cualquier medida ejecutiva, el tribunal no debería actuar motu proprio sino bajo requerimiento de los partidos políticos”, sugiere la comisión. De hecho, es lo que hasta ahora ha hecho el Constitucional: instar a la fiscalía a que actúe ante la desobediencia de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña.

Por otra parte, el Consejo de Europa expresa sus dudas sobre la pertinencia de las medidas aplicables por el tribunal en caso de ejercer esta facultad; y pone el acento sobre la posibilidad de suspender en sus funciones a cargos públicos, aplicar multas a individuos e imponer el pago de grandes cantidades.

Medidas ejecutivas

“La Comisión de Venecia es consciente de que el Tribunal Constitucional tendría que tomar medidas ejecutivas en una situación en la que ya enfrenta la negativa a ejecutar sus mandatos. La negativa a cumplir también las medidas ejecutivas podría suponer un cuestionamiento de la autoridad del propio tribunal y de la misma Constitución”, advierte.

Por eso propone que, en casos como esos, “intervengan otros cuerpos del Estado para defender la Constitución”. Subraya también que, aunque ampliar las capacidades ejecutivas del tribunal “pueda parecer en un principio un incremento de poder”, la división de competencias contribuye al fortalecimiento de los mecanismos de “pesos y contrapesos” y a la independencia del Constitucional. Pese a ello, incide en que la introducción de dichos poderes entre las facultades de este órgano de garantías “no contradice” los estándares europeos.