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“Esto a veces quema”

Los diez funcionarios que tramitan los casos de violencia de A Coruña soportan eternas jornadas, retrasos en informes y falta de medios

Oficinas del juzgado especializado en violencia machista de A Coruña.

En el juzgado de violencia de género de A Coruña casi nada se puede dejar para mañana. La gran mayoría de los procedimientos son juicios rápidos, hasta seis han llegado a despachar en un solo día, y sus diez trabajadores, que no han recibido ni un solo refuerzo desde 2007, soportan frenéticas jornadas que se pueden prolongar incluso diez horas durante varios días seguidos. Un ritmo impredecible y desquiciante para tomar decisiones tan sensibles como una orden de alejamiento y que las estadísticas no son capaces de reflejar. “Los juicios rápidos por alcoholemia se hacen en menos de 20 minutos. Pero aquí puede haber casos en que dos horas no llegan, porque la materia es muy específica y compleja”, explica el juez, Miguel Filgueira, que en sus 12 años de experiencia en violencia machista ha comprobado el peso que la injusticia social, la dependencia económica y la soledad tienen en esta lacra.

Una de las grandes trabas, relata Filgueira, es la demora de los informes forenses, fundamentales para tomar cualquier decisión. Los saturados equipos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), dependiente de la Xunta, tardan una media de seis meses en emitir sus dictámenes, una dilación que impide regular situaciones tan delicadas como la custodia de los hijos.

La jurista Inmaculada Montalbán, experta en este tipo de delitos, atribuye este asunto a los recortes de personal en las Administraciones públicas que se han producido desde 2008, cuando estalló la crisis. "Se produjo solapadamente el desmantelamiento de equipos psicosociales no renovando contratos, amortizando plazas, y hoy en día los órganos especializados en violencia tienen que esperar meses para obtener un informe de valoración", admite.

Sala con la que cuenta el juzgado para la vícitma, comunicada con la sala de vistas.
Sala con la que cuenta el juzgado para la vícitma, comunicada con la sala de vistas.

En A Coruña, para los juicios rápidos, estas pruebas dependieron durante mucho tiempo de que el único forense de guardia que asiste al resto de juzgados de la ciudad pudiese hacer un hueco entre autopsia y autopsia. Hasta que, por su propia iniciativa, el juzgado de violencia contra la mujer, el único existente en este partido judicial de 400.000 habitantes, empezó a enviar a las víctimas con cita previa a la sede del Imelga, donde hay más profesionales disponibles.

Los expedientes aquí siempre tienen rostro y está desencajado. Al otro lado de las mesas se sientan mujeres desesperadas, temerosas, desorientadas o huidizas, algunas acompañadas de niños criados en hogares infernales, un mundo doloroso que multiplica el estrés y que los funcionarios atienden como pueden, con buena voluntad y pragmatismo. Deben resolver desde el regreso a su pueblo de una maltratada sin dinero cuyo marido fue directo al calabozo hasta el alojamiento de un agresor octogenario separado por orden judicial de su pareja.

Y tienen que estar pendientes de que víctima y agresor no se crucen. Ellas cuentan con una minúscula sala en la que refugiarse y ellos permanecen fuera, en el hall del edificio, pero los funcionarios no pueden bajar la guardia ante la amenaza de lo imprevisible. “Algún encuentro desagradable en el último año hemos tenido, pero no es lo habitual”, señala el juez. El juzgado de violencia de género de A Coruña echó a andar en 2007 en un gélido cuchitril en el que los funcionarios trabajaban con abrigo y solo podían separar a la víctima de su agresor metiéndola en el cuarto de baño.

Las víctimas no reciben atención psicológica ni social en el propio juzgado, que acaba asumiendo inevitablemente tareas de información y asesoramiento que no le corresponden. “El funcionario de justicia no está capacitado para esa labor y le quita tiempo para realizar su trabajo”, critica Javier Fernández, del sindicato Alternativas na Xustiza. “Sin un equipo psicosocial en el juzgado es más fácil que la víctima se eche atrás y que finalmente no se atreva a denunciar, no declare o no se aleje del agresor”.

El juez Filgueira aboga por mejorar la coordinación con otras Administraciones para que las mujeres sean arropadas por psicólogos o trabajadores sociales desde el mismo momento de la intervención policial, de igual forma que reciben asistencia jurídica. “Hay mucho por hacer para optimizar los recursos que ya tenemos y coordinarlos más eficientemente”, apunta el titular de este juzgado coruñés que asume tanto causas penales como civiles.

Una mujer ojerosa, encorvada y de mirada esquiva entra en el despacho del juez. Dos días antes la policía acudió a su casa por un altercado. Ella afirmó que había recibido de su marido insultos y un golpe que no dejó señal. Hoy se acoge a su derecho a no declarar contra él. El magistrado se preocupa de que entienda las consecuencias de su decisión, pero no puede ir más allá, no puede condicionarla. Se dicta el sobreseimiento y ella regresa junto a su esposo. “A veces esto quema”, suspira uno de los trabajadores.

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