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El presidente de Murcia reduce a errores administrativos la acusación por prevaricación y malversación

Pedro Antonio Sánchez descarga en los técnicos la responsabilidad en la tramitación del proyecto del Auditorio

El presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez (PP), descargó este lunes en los técnicos municipales la responsabilidad de los posibles “errores administrativos”, tal y como los calificó, en la tramitación del proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras mientras fue alcalde, y por los que tuvo que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia murciano, imputado por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad.

Tras más de cuatro horas de declaración, durante las que solo respondió a las preguntas del fiscal y del juez, Pedro Antonio Sánchez volvió a descartar su dimisión. “Estamos cumpliendo el pacto”, reiteró en referencia al acuerdo de gobernabilidad al que llegó con Ciudadanos para poder acceder a la presidencia de la región. Pese a que el pacto especifica claramente el compromiso de apartar de la política a cualquier cargo imputado por corrupción política, Sánchez sitúa ahora su salida en el momento en el que concluya la investigación y el juez decida si ha de sentarse en el banquillo, trámite que califica de “imputación formal”.

La juez de Lorca Consuelo Andreo considera que en la adjudicación, construcción y recepción del auditorio de Puerto Lumbreras se cometieron irregularidades, tales como aprobar el proyecto redactado por el arquitecto Martín Lejárrega sin licitación previa, ni expediente de contratación y pagar por duplicado algunos trabajos. Según explicaron fuentes del caso, el desconocimiento de los detalles técnicos del proyecto del auditorio fue la base de la declaración del presidente murciano.

“Ha dicho literalmente que firmaba sin leer”, explicó Ginés Ruiz, uno de los abogados de las acusaciones particulares que representan al PSOE y a Podemos. El otro letrado de la acusación, José Miguel Muñoz, el presidente insistió en que su papel como alcalde de Puerto Lumbreras entre 2006 y 2011, el periodo transcurrido desde que se planteó el proyecto del auditorio hasta su recepción formal, era de “impulso político” mientras que los aspectos técnicos los gestionaban los funcionarios municipales, en los que ha dicho tener plena confianza.

“Las cuestiones técnicas no las recordaba, o no las sabía. No ha especificado ni una sola aclaración sobre por qué se inició la obra antes de recibir la subvención o sobre el retraso en el concurso de ideas”, desveló Muñoz. Según explicó ante el tribunal, como alcalde solo se preocupaba de “mejorar las infraestructuras culturales” del municipio.

Ante el juez Julián Pérez Templado, Sánchez aseguró que “todo el dinero de la subvención” de seis millones de euros que aportó la comunidad autónoma al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para construir un auditorio se invirtió en esa obra. Una obra, eso sí, con un “proyecto modificado”, tal como admitió en una comparecencia ante los medios de comunicación al salir de los juzgados.

Todo el dinero invertido

Su versión fue la misma que en anteriores ocasiones: “Puerto Lumbreras recibió una subvención para hacer una obra, que está hecha a través de un proyecto modificado, que está hecho al 100% y todo el dinero de la subvención está invertido en la obra”. “Nadie discute que se haya perdido un euro, excepto PSOE y Podemos que lo discuten todo porque esa es su estrategia, generar la duda”, argumentó y recordó que la Asamblea Regional de Murcia tiene abierta una comisión de investigación por ese asunto en la que se le ha negado poder participar. “La obra que se hace tiene el valor de la inversión y hay allí construida una obra por un importe que coincide con el dinero subvencionado”, añadió. “No estamos hablando de dudas en la aplicación de unos fondos”, insistió.

“La obra se quedó corta porque llegó la crisis”, alegó respecto a la acusación de la juez de Lorca de que al proyecto le faltaba al menos un 38% por ejecutar cuando se recepcionó. Lo que no aclaró fueron las supuestas irregularidades que, por ejemplo, vio la juez de Lorca ante la ausencia de un concurso para plantear el proyecto. Ni por qué se justificó el proyecto a posteriori y se adjudicó al arquitecto que había presentado la idea inicial. Sobre este, Martín Lejárraga, también imputado, Sánchez dijo que apenas lo conocía, y que solo “aportaba ideas” al Consistorio.

 

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