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“El sistema debe utilizarse como instrumento de convergencia”

El consejero castellanomanchego defiende la solidaridad total para poder financiar todas las competencias de las comunidades

Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla la Mancha.
Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda de Castilla la Mancha. EL PAÍS

Juan Alfonso Ruiz Molina es el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. Del PSOE, reclama que el Estado aporte más recursos para financiar las competencias regionales.

Pregunta. ¿Qué es lo que más perjudica a Castilla-La Mancha del sistema de financiación?

Respuesta. La insuficiencia de recursos para atender los servicios que son competencia de las comunidades autonómicas. Hay una insuficiencia que viene de lejos. Cuando se hicieron las transferencias se utilizó la metodología del coste efectivo. Fue un mal sistema para determinar la financiación porque consolidaba la buena o mala distribución que realizaba el Estado de los servicios públicos en los diferentes territorios. En su día ya protestamos por eso.

P. ¿Habría que suprimir entonces el statu quo [un mecanismo por el que ningún territorio pierda sobre el modelo anterior, lo que limita las posibilidades de mejorar]?

R. No, es absurdo que puedan existir comunidades que como resultado del nuevo modelo reciban menos.

P. ¿Debería poner el Estado más dinero?

R. Creo que hay que garantizar la equidad vertical del sistema. Deberíamos replantearnos toda la cesta de impuestos del sistema tributario. Sobre eso decidir qué parte debe ir a financiar competencias del Estado y cuál a financiar competencias de las comunidades.

P. Dice que hay que replanteares la cesta de impuestos.

R. Hay que revisar todo el sistema tributario para que tengamos una mayor recaudación sin aumentar el esfuerzo fiscal individual. Una vez que tenemos eso, el segundo paso debe de ser hacer esa distribución equitativa entre los diferentes niveles de administración en función de las competencias.

P. ¿Algún nuevo impuesto?

R. Habría que aprovechar más la imposición sobre temas medioambientales.

P. Uno de los debates tiene que ver con limitar la solidaridad entre los territorios

R. No se deben poner puertas a un principio esencial que es la solidaridad. Además, el modelo de financiación debe ser utilizado también como un instrumento de convergencia entre las comunidades, para reducir las diferencias de renta y riqueza. Creo que eso no se ha hecho adecuadamente a lo largo de todos estos años.

P. ¿Había que ampliar la cesta de servicios del Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales?

R. Creo que no todos los servicios que prestamos las comunidades tienen el mismo nivel de prioridad. Hay otros servicios, como el tema de vivienda pública, que lo estamos dejando de la mano de dios, cuando es fundamental.

P. Las comunidades más prosperas piden más capacidad fiscal

R. Tener mayor participación en la cesta de impuestos significa tener más financiación. Esas comunidades consideran que como sus ciudadanos son más ricos deben tener más dinero. Eso es lo contrario a lo que defiendo.

P. ¿Como se determina el coste de los servicios públicos.?

R. Tenemos que tener en cuenta cuánto nos cuesta a cada comunidad prestar los servicios públicos fundamentales. ¿Cuánto nos cuesta en Castilla-La Mancha prestar la sanidad y la educación en un territorio de 79.000 km cuadrados, con una población muy dispersa, envejecida, etc.? Creo que esas variables (las que se utilizan para determinar la población ajustada) hay que potenciarlas. En Castilla-La Mancha y en otras regiones tenemos un problema de despoblamiento que hay que atacar.

P. ¿Es más caro prestar esos servicios en Castilla-La Mancha?

R. Con la dispersión que tenemos en Cuenca y Guadalajara, por ejemplo, acercar los servicios sanitarios al nivel que puedan tener en Madrid nos cuesta 10 veces más. Incurrimos en una serie de gastos muy por encima de los que tienen otros territorios que tienen la población más concentrada, o más jóvenes, o son más ricas. También es importante poner de manifiesto ver la potencia del sector privado en la prestación de determinados servicios. Si hay ofertas de servicios privados, por ejemplo sanitarios, pues hay gente que opta por el sector privado en lugar del público para la prestación de esos servicios. Pero hay comunidades en los que el sector privado es débil, como ocurre en Castilla-La Mancha.

P. Dicen que el debate de la financiación es el pulso entre las comunidades más prósperas y las que tienen menos renta.

R. Es un debate entre aquellas que han estado abandonadas durante muchos años y por tanto no hemos tenido la misma capacidad de progresar que han tenido otras, que por sus propias condiciones geográficas, son más proclives a tener más riquezas como es la parte del arco mediterráneo o el País Vasco. Soy de la opinión que las dos castillas hemos estado bastante abandonadas. Entre otras cosas por nuestra propia idiosincrasia. En Castilla-La Mancha nos ha salido mucho más caro acercar los servicios sanitarios a los ciudadanos, intentando que fuera en igualdad de condiciones que en otras, porque hemos tenido que crear una infraestructura mayor que otras. En sanidad, por ejemplo, se vivía mucho del traslado a Madrid para el tratamiento de cualquier patología.

P. ¿Qué opina de la ordinalidad [un principio por el que las regiones deben mantener la posición que ocupan por financiación per cápita antes y después del reparto]?.

R. Yo entiendo que el orden que deben mantener las comunidades debe ser inversamente proporcional a su renta per cápita.

P. Acusan a Madrid de dumping fiscal

R. Hay determinadas comunidades que se pueden permitir unos lujos en el ejercicio de sus capacidades normativas. Creo que debemos establecer límites a esa capacidad normativa estableciendo unos mínimos y unos máximos a determinados impuestos. Es una contradicción que hablemos de convergencia a nivel fiscal en la Unión Europea y no seamos capaces de converger en un ámbito más reducido.

P. Cómo se reparte la financiación a nivel horizontal.

R. Primero hay que determinar el nivel de prestación adecuado de sanidad, educación, o de servicios sociales, para garantizar ese mismo nivel en cada territorio. Hay que tener en cuenta la dificultad que nos cuesta prestar esos servicios, la diferencia de coste que tenemos unas comunidades frente a otras. Y hay que fomentar los mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas y el Estado. Creo que es la asignatura pendiente que queda.

P. Los economistas dicen que las autonomías han ejercido su corresponsabilidad fiscal aprobando 79 impuestos que en realidad aportan muy poco.

R. Tenemos que negociar con el Estado cuales son los hechos imponibles que nos quedamos cada uno. A las comunidades casi no nos quedan hechos imponibles disponibles. Me da igual de donde provengan los recursos me preocupo más por el gasto. Una vez que tuviera un sistema de financiación con el que estuviera satisfecho, sí que me gustaría tener cierto margen de maniobra para saber si los ciudadanos quieren un nivel de prestaciones de servicios mejor con una mayor carga tributaria o prefieren menos impuestos con un nivel inferior. Pero lo que me preocupa más es en participar en los órganos de decisión de la política tributaria del Estado. Echo de menos que no tengamos unas funciones ejecutivas en la agencia tributaria.

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