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“Lo primero que hay que hacer es definir el coste de los servicios”

El consejero riojano considera que el actual sistema perjudica a su comunidad porque no valora adecuadamente el nivel de población envejecida y su dispersión geográfica

El consejero de Hacienda de La Rioja, Alfonso Domínguez Simón.
El consejero de Hacienda de La Rioja, Alfonso Domínguez Simón.

Alfonso Domínguez Simón, consejero de Hacienda de La Rioja (PP) rechaza que su comunidad sea una de las más beneficiadas por el sistema de financiación, pese a que la mayoría de expertos así lo señalan. Explica que la austeridad y un gestión más eficiente con impuestos más bajos le permiten tener más recursos.

Pregunta. ¿Qué habría que cambiar en el actual sistema de financiación?

Respuesta. El sistema actual adolece de algunos defectos muy importantes: la falta de transparencia, la falta de previsibilidad de los ingresos que cada año tienen las comunidades autónomas. Y está sustentado sobre un criterio, que consideramos que perjudica notablemente a nuestra comunidad, que es la población ajustada, que no tiene en cuenta nuestras singularidades.

P. ¿Qué factores habría que tener en cuenta para calcular la población ajustada?

R. Todos los criterios que hay (edad de la población, dispersión geográfica, insularidad...), pero con una perspectiva más clara. Aquellas comunidades que tienen una baja población, con poca densidad, y además, envejecida están perjudicadas. El coste fijo de prestación de los servicios públicos es más caro para las que tienen estas tres características que para aquellas que tienen una población más concentrada.

P. Habría que tener en cuenta los precios que afectan al coste de la vida.

R. Si, consideramos que debe ser un criterio que se incorpore, pero no debe de ser una de las puntas de lanza.

P. Los expertos sitúan a La Rioja como una de las autonomías mejor tratada por el sistema.

R. Nosotros contestamos de manera efusiva a estos informes, que establecen el núcleo del sistema a través de la financiación por habitante y población ajustada. Creemos que las comunidades con poca población, dispersa y envejecida salen perjudicadas. La consecuencia es que apareciendo arriba en posición relativa, tenemos un déficit de financiación porque no se tienen en cuenta los costes fijos de prestación de los servicios.

P. Hay otras comunidades que apuestan por ganar capacidad fiscal.

R. Comenzar a pensar el sistema de financiación por la capacidad fiscal es empezar la casa por el tejado. Cualquier economía, familiar, empresarial y también una economía pública, lo primero que hace es determinar cuáles son sus costes. Y a partir de ahí definir cuáles son los ingresos.

P. ¿Cómo se determinan los costes?

R. Para determinar los costes hay que hacer tres ejercicios claros: Primero, determinar cuáles son las competencias que tiene que asumir cada administración, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Segundo, necesitamos conocer cuánto cuesta prestar los servicios en cada una de las comunidades. Y una vez hecho esto, hay que hacer una cartera mínima de servicios que prestan todas las comunidades. Conocidas esas tres variables, podemos entrar a debatir cómo se financian esos costes y ahí podemos hablar de la capacidad fiscal.

P. Pero ya se conoce el coste de los servicios.

R. Hay que determinar el coste efectivo. Este es distinto y divergente en cada una de las comunidades. Por ejemplo, el corredor del Henares en Madrid y Guadalajara, con más de un millón de habitantes, presta un servicio sanitario con 20 instalaciones sanitarias. Y en La Rioja, con 300.000 habitantes, necesitamos 200 instalaciones sanitarias para poder prestar los mismos servicios sanitarios.

P. El debate ahora es si hay que limitar la solidaridad.

R. Cada economía regional tiene una capacidad fiscal y aporta al sistema en función de su economía. Las comunidades autónomas del corredor del Mediterráneo o Madrid, tienen una capacidad para generar ingresos mucho mayor que otras. Pero este no tiene que ser el ejercicio principal, sino el determinar los costes efectivos de prestación de los servicios. Si somos capaces de llegar a un acuerdo sobre los costes, las competencias y los servicios mínimos, seremos capaces de ver cuántos de esos ingresos necesitan cada una de las comunidades. El ejercicio que hay que hacer debe ser el contrario, primero definir los costes y luego los ingresos.

P. ¿Habría que eliminar el statu quo [un mecanismo por el que ningún territorio pierda sobre el modelo anterior, lo que limita las posibilidades de mejorar]?

R. El statu quo tiene que mantenerse. Tendrá que ser necesario que el Estado ponga más recursos para que se mantenga.

P. ¿Qué opina de la ordinalidad [un principio por el que las regiones deben mantener la posición que ocupan por financiación per cápita antes y después del reparto]?

R. Es un criterio al que nadie puede negarse.

P. ¿Habría que incrementar la cartera de servicios fundamentales?

R. Habría que establecer un suelo más que un techo en cuanto a los servicios públicos. A partir de ese suelo, que garantiza la igualdad entre todos los españoles en la prestación de servicios públicos, cada autonomía en función de su autonomía política y financiera debería ser capaz de decidir sus políticas de gasto y también de ingreso.

P. Acusan a algunas comunidades de dumping fiscal.

R. Madrid tiene una presión fiscal muy reducida. Pero La Rioja es la comunidad donde sus ciudadanos realizan un menor esfuerzo fiscal. Creemos que la presión fiscal reducida tiene muchos efectos positivos. Es curioso que las comunidades que menor presión fiscal tienen son las que están mejor financiadas, las que están más cerca de la consolidación fiscal en cuanto a objetivos de déficit y deuda pública, en contraposición de aquellas con una presión fiscal más alta.

P. ¿Hay que armonizar impuestos?

R. Creemos que la armonización de determinados impuestos puede ser positivo, pero no debe significar una subida de impuestos a los ciudadanos.

P. Algunas dicen que no bajan impuestos porque no se lo pueden permitir.

R. Preferimos decir que podemos permitírnoslo porque estamos bien gestionados, porque hacemos una política clara de consolidación fiscal. La Rioja es una de las comunidades que más esfuerzo ha hecho durante el proceso de consolidación fiscal y ese esfuerzo es el que nos permite una política de impuestos reducidos.

P. También hay quien piden más competencias tributarias

R. El sistema también debería tener un buen elemento de corresponsabilidad fiscal. En La Rioja consideramos que la unidad de mercado es imprescindible para la economía nacional. Y creemos que no debería haber distorsiones entre determinados impuestos, que tienen que ver sobre todo con la actividad económica. Fuera de eso, estamos dispuestos a asumir más autonomía tributaria.

P. ¿Hay que hacer una quita de la deuda del FLA?

R. La Rioja forma parte del grupo de comunidades que más esfuerzo ha hecho en consolidación fiscal, más esfuerzo en reducción del gasto público, del déficit y el objetivo de deuda. Estaríamos dispuestos a hablar con el Estado en cuanto a los mecanismos de financiación siempre que se tengan en cuenta los esfuerzos que nuestros ciudadanos han realizado durante los duros años de la crisis, siempre que no salgamos perjudicadas respecto a las que han hecho menor esfuerzo de consolidación.

P. Puede haber comunidades que estén peor financiadas

R. Hay comunidades que pueden pensar que estan peor financiadas, pero también tienen estructuras de gobierno mucho más amplias y competencias mucho mayores.

P. Hay comunidades que dicen que gastan menos que la media y tienen más déficit

R. Me gustaría poder realizar un análisis muy exhaustivo de este tipo de comunidades. Llegaríamos a la conclusión de que en La Rioja gestionamos muy bien nuestros recursos y somos muy austeros.

P. ¿Cómo se establecen los mecanismos de convergencia?

R. Consideramos que no es el aspecto más importante del sistema.

P. Y qué se hace con las más pobres

P. Hay que buscar fondos que permitan ese tipo de convergencia porque además beneficia a la economía en general. Ahora bien, primero tenemos que limitar las competencias y hacer el ejercicio de las políticas públicas.

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