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El final de ETA

Estrasburgo rechaza una queja contra la dispersión de presos de ETA en Francia

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no admite el caso de tres etarras encarcelados en Lyon lejos de sus familias

Fernando J. Pérez
Palacio de Derechos del Hombre, sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.
Palacio de Derechos del Hombre, sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado este jueves el recurso de tres miembros de ETA de nacionalidad española que fueron detenidos en Francia en marzo de 2011 y encarcelados en aquel país lejos de sus familias, en el País Vasco. La defensa de los terroristas recurrió al tribunal con sede en Estrasburgo al entender que el alejamiento de sus parientes, que tenían que recorrer entre 800 y 900 kilómetros para visitarlos en prisión, vulneraba el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar. El tribunal considera que los problemas denunciados por los terroristas "no bastan" para considerarlos una “injerencia” en su derecho al respeto a la vida familiar.

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Urko Labaka Larrea, Ione Lozano y Alejandro Zobaran, tras pasar el periodo inmediatamente posterior a su arresto en las cárceles de Fresnes y Fleury Mérogis, en los alrededores de París, fueron trasladados a la prisión de Lyon Corbas, donde cumplen sentencia por asociación de malhechores —Ione Lozano fue liberada en abril de 2015—. Los tres etarras reclamaron al juez francés de instrucción que ordenara transferirlos a una prisión más próxima a su domicilio, y al de su abogada, Xantiana Cachenaut, del colegio de Bayona, a 791 kilómetros de esa cárcel.

Para ello, invocaron para ello el artículo 8 de la Convención, pidiéndole que hiciera lo necesario para acabar con el alejamiento, que consideraban que atentaba contra su derecho a llevar una vida familiar normal. La letrada de los tres etarras aducía también en su recurso que esa situación entrañaba una discriminación de sus clientes respecto a al resto de la población reclusa, encarcelada cerca de su familia, de sus abogados defensores o del tribunal del que dependía cada preso. En el caso de los terroristas, la jurisdicción corresponde a los tribunales de París, a 476 kilómetros de Lyon.

El magistrado francés inicialmente no contestó a su petición, y los tres etarras lo volvieron a solicitar a través de otro escrito, que sí fue respondido, aunque negativamente, en un auto del 15 de febrero de 2013. En una carta posterior, del 6 de marzo de 2013, el juez les explicó las razones de su encarcelamiento el Lyon. Los terroristas recurrieron el auto, pero las instancias superiores ni siquiera admitieron a trámite su apelación. Por este hecho, Labaka, Lozano y Zobaran denunciaron la vulneración del artículo 13 del Convenio de Derechos Humanos, sobre el derecho al recurso y la tutela judicial efectiva.

El Gobierno francés, en sus contestaciones al TEDH sobre esta cuestión, indicó que entre 2011 y 2014, Labaka Larrea mantuvo 198 encuentros con sus familiares en la cárcel y 306 conversaciones telefónicas con sus padres, sus hermanos y su esposa. Ione Lozano vio 213 veces a sus parientes en prisión y llamó en 726 ocasiones a sus padres y a su abuela. Finalmente, Zobaran fue visitado 190 veces por su familia, y habló 1.176 veces con su madre, su hermano, su hermana, su esposa y su suegra. Las autoridades francesas deducen de ello que aunque sus familias residen en territorio español, en Gipuzkoa, los tres reclusos han podido mantener lazos estrechos con ellos sin mayores restricciones.

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Sobre la firma

Fernando J. Pérez
Es redactor y editor en la sección de España, con especialización en tribunales. Desde 2006 trabaja en EL PAÍS, primero en la delegación de Málaga y, desde 2013, en la redacción central. Es licenciado en Traducción y en Comunicación Audiovisual, y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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