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CORRUPCIÓN EN LAS FUERZAS ARMADAS

Carreras, el militar que vendía fusiles de asalto por correo

Un subteniente del Ejército pilotó una red secreta que distribuyó ilegalmente armas a empresarios y policías españoles

Cuando el subteniente del Ejército de Tierra Francisco Carreras recibía un sms en su móvil con el texto “El problema es el PP en el Gobierno”, el destinatario confirmaba que ya tenía el catálogo. Con un sistema de comunicación codificado, alérgico a Internet y centrado en el correo ordinario, Carreras -un militar en la reserva de 58 años- tejió una red secreta de compraventa de armas y munición. Su estructura operó supuestamente durante 25 años.

El subteniente Francisco Carreras carga unas cajas de cartón el 2 de febrero de 2015 en un trastero de Alcálá de Henares (Madrid). Ampliar foto
El subteniente Francisco Carreras carga unas cajas de cartón el 2 de febrero de 2015 en un trastero de Alcálá de Henares (Madrid).

Empresarios, policías y políticos tocaron a la puerta –al apartado de correos, para ser precisos- de este funcionario nacido en Zaragoza que manejó en silencio su negocio entre las paredes de un piso de Alcalá de Henares (Madrid). Desde allí, el subteniente coordinó supuestamente decenas de envíos que nutrieron de granadas, subfusiles y pistolas las armerías ilegales de españoles anónimos. Los precios del ilícito supermercado oscilaron entre los 800 euros de una pistola a los 6.000 de un fusil de asalto austriaco AUG.

Contabilidad secreta del subteniente del Ejército Francisco Carreras. ampliar foto
Contabilidad secreta del subteniente del Ejército Francisco Carreras.

EL PAÍS ha tenido acceso a la contabilidad y correspondencia confidencial que Carreras intercambió desde 1993 con sus clientes. Misivas donde informaba de los importes, la disponibilidad de la mercancía y las contraseñas a emplear para despistar el radar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las cartas, siempre a mano, revelan el celo de este militar por mantenerse en la zona de sombra. “Ni teléfono, ni email, ni correo certificado son seguros. Lo más viable es el correo ordinario”, advertía a sus clientes para justificar su primitivo método de trabajo.

La transacción comenzaba con el envío del catálogo. En enero de 2005, un candidato del PP de Cálig (Castellón, 2.000 habitantes) recibió un sobre de Carreras con las ofertas: un fusil de asalto del Ejército austriaco, 2.400 euros. Otros dos subfusiles: 1.800 y 2.100. El comprador debía  llamar después por teléfono para especificar cuál de las tres opciones seleccionaba. La respuesta se transmitía en clave. Austriaco, Zaragoza y dálmata eran los términos para referirse a cada una de las armas. El cliente, tras realizar la transferencia bancaria, recibía un paquete por mensajería rápida, según un informe del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.

El mando ofreció a un candidato del PP de Cálig (Castellón) dos subfusiles

Carreras utilizó también este sistema en noviembre de 2004 para ofrecer un subfusil con dos cargadores a un empresario de la construcción del polígono industrial Puente Alto de Orihuela (Alicante). El arma se vendía por 2.000 euros y “Seat 600” fue la contraseña fijada para activar la operación.

El género también se entregaba a domicilio. Un constructor de Segovia con dos firmas que suman 17 empleados eligió esta opción para hacerse con una pistola. El precio: 1.800 euros (transporte incluido). Carreras se desplazó en coche en abril de 2015 a la ciudad del acueducto para facilitar esta arma “apta para el uso”. La conversación revela que el revólver era para un tercero. “Que la pruebe y repruebe, más rápido, más despacio,…con un cargador, que él se sienta seguro y tire, ¿eh?”, aconsejó el subteniente.

Carta incautada al subteniente del Ejército Francisco Carreras en su domicilio de Alcalá de Henares (Madrid) que revela la correspondencia con sus clientes y proveedores. ampliar foto
Carta incautada al subteniente del Ejército Francisco Carreras en su domicilio de Alcalá de Henares (Madrid) que revela la correspondencia con sus clientes y proveedores.

El inspector quería un AK-47

Un inspector de policía local de un municipio de Tarragona de más de 30.000 habitantes solicitó a Carreras en agosto de 1993 cargadores y un cañón para su fusil de asalto. “Lo mío es la colección de ‘hierros’ largos pues son menos comprometidos y, además, me decoran. Así que ya sabes, cualquier oferta en este sentido es buena y digna de tener en consideración”, indicó el agente en una carta mecanografiada donde incluía el número de teléfono del chalé donde iba a pasar las vacaciones. La misiva mostraba además la ofuscación del policía por no poder reunir la suma necesaria para adquirir un fusil de asalto soviético AK-47.

La disponibilidad de mercancía, como las cosechas, variaba según el año. 2006 fue una buena añada a tenor de la correspondencia. Ese abril, Carreras ofreció presuntamente a un empresario hostelero de Zaragoza que llegó a manejar dos firmas de restauración y una inmobiliaria siete armas. El muestrario incluyó un fusil de combate por 2.200 euros. Cada pieza tenía una letra asignada y el comprador debía enviar un sms al móvil del subteniente con su elección. De nuevo, se extremaron las medidas de seguridad. “Para hablar te llamaré al fijo desde una cabina. Es algo más seguro que el móvil”, comentó el militar, que en otra carta advertía: “Le quitaremos un cero [a los precios] para que parezcan cosas más insignificantes”.

Fotografías intercambiadas por el subteniente Francisco Carreras con sus contactos. ampliar foto
Fotografías intercambiadas por el subteniente Francisco Carreras con sus contactos.

En paralelo a la compraventa, el subteniente y el empresario de Zaragoza se dedicaron presuntamente a manipular armas inutilizadas para que volvieran a funcionar, según un informe inédito de la Guardia Civil. El documento sostiene que ambos borraban los números de serie de las pistolas para facilitar su colocación en el mercado negro.

El subteniente fue arrestado en mayo de 2015 y, tras permanecer en prisión, se encuentra en libertad a la espera de juicio. El Juzgado número dos de Alcalá de Henares le imputa los presuntos delitos de tráfico y depósito de armas. El militar guardaba su arsenal en dos trasteros en la calle El Cristo de Meco (Madrid) y en el polígono industrial Santa Rosa de Alcalá de Henares, según la investigación. Almacenaba en estos refugios 27 armas de guerra, 42 pistolas, 22 silenciadores y 42.538 cartuchos. También, dos granadas y una mina contra carros, según el instituto armado.

Correspondencia incautada por el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Carreras. ampliar foto
Correspondencia incautada por el servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil al subteniente del Ejército de Tierra Francisco Carreras.

Carreras niega que se dedicara a rehabilitar armas inservibles. Se presenta como un coleccionista de piezas “perfectamente desactivadas”. “No hay ni una sola prueba contra mí”, explica por teléfono a EL PAÍS. El funcionario atribuye los contundentes informes de la Guardia Civil a una maniobra urdida por supuestas y pestilentes alcantarillas del Estado para evitar el ascenso a general de un coronel amigo. Respecto a las entregas de mercancía, como la de Segovia, dice: “Fue un arma de 1850, como la de El algarrobo”. 

El mando niega además ser el cabecilla de un suculento negocio de compraventa de armas. Y sostiene que las anotaciones para abrir una cuenta en un paraíso fiscal que los investigadores hallaron en su cuaderno no responden a una estrategia de lavado de capitales. “Un amigo me explicó cómo abrir una cuenta en Suiza. Por eso lo apunté. Nada más”, zanja este siempre educado militar.

investigacion@elpais.es

Tentáculos en Suiza, Francia y Alemania

El subteniente del Ejército de Tierra Francisco Carreras tiraba de agenda para conseguir su mercancía. Sus contactos combinaban proveedores nacionales con conexiones en Suiza, Alemania y Francia. Uno de sus suministradores de “hierros” fue un ciudadano de Getxo (Vizcaya). Así lo confirma una carta remitida por este vendedor que le ofertó una pistola italiana Glisenti por 1.600 euros. También, un subfusil Star Z-70 por 2.250 euros.

En el pequeño municipio catalán de Cabrils (7.000 habitantes) residía otro de los supuestos proveedores del subteniente. Un empresario que informó al militar en febrero de 2008 de un posible corte del suministro porque su fuente –“un chico de París”- acaba de salir de prisión y le habían incautado tres ametralladoras AA52 robadas del Ejército. El empresario animó al subteniente español a ponerse en contacto directamente con el proveedor a través de un código postal que coincide con un número de la calle Cardinal Mazarin, en el municipio galo de Belfort.

La munición llegaba del extranjero. En uno de los cuadernos incautados, se puede leer una carta remitida a un ciudadano llamado Friedrich G. residente en la ciudad alemana de Bad Hersfeld. El subteniente se interesa por comprarle cartuchos en una feria en Walenstadt (Suiza). Y pide un descuento del 20 %. El año anterior, recuerda el militar, este proveedor ya le rebajó un 15 %. Friedrich remitió en octubre de 2012 un correo electrónico al subteniente con una sugerencia: “Por favor, envíame tu respuesta por carta postal. En Alemania, y creo que en toda la Unión Europea, controlan los emails”.

investigacion@elpais.es

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