Los grupos discrepan sobre los plazos de la comisión sobre los bancos
El PP puede vetar la propuesta del resto de partidos en el pleno del miércoles
El Pleno del Congreso aprobará previsiblemente el miércoles poner en marcha la comisión de investigación sobre la crisis bancaria y el rescate de las cajas de ahorros. Es posible que se apruebe con el voto de todos, incluido el PP, pero de momento se mantienen las discrepancias para el necesario pacto entre todos sobre un texto común.
Y sin unanimidad no puede haber un texto común por lo que, por ejemplo, el PP tiene capacidad para vetar una transaccional entre las diferentes iniciativas para poner en marcha esa comisión de investigación. Van al pleno tres iniciativas distintas: de Unidos Podemos, de ERC y Grupo Mixto y del PSOE. Si no hubiera acuerdo para unir las tres se votarían por separado y para que haya una transaccional es preciso que ningún grupo se oponga al texto que hayan pactado los demás. Es decir, el PP no puede evitar que se apruebe alguna de ella, pero sí puede vetar un texto único.
En el supuesto de que se produzca ese veto y cada uno votara a favor solo de la suya, cabría la posibilidad de que no se apruebe ninguna.
Pacto sobre la Justicia Universal
Hace dos semanas, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó una proposición no de ley del diputado de Unidos Podemos-En Comú Jaume Moya para recuperar parcialmente la llamada Justicia Universal.
El pacto de todos frente al PP puede reproducirse el martes en el Pleno para admitir a trámite una proposición de ERC, esta vez de ley, para modificar esa polémica reforma del Gobierno de Mariano Rajoy.
El acuerdo se basaría en anular la reforma del PP de 2014, aceptando la que hizo el PSOE en 2009 que restringía solo parcialmente la Justicia Universal.
Las discrepancias se centran en el momento en el que debe ponerse en marcha y en los plazos para la investigación. Básicamente, entre los que dicen que debe empezar a trabajar inmediatamente y los que creen que debe esperarse al final de la comisión sobre supuestas irregularidades en el Ministerio del Interior, que arrancará en las próximas semanas tras aprobarse el 17 de septiembre.
El diputado de Unidos Podemos Alberto Garzón presentó una propuesta, la primera tramitada, que preveía su inmediata constitución desde que se apruebe en el Pleno, con previsión de que arranque el 17 de abril, justo después de Semana Santa, y un periodo de tres meses ampliable para que trabaje.
El diputado de Ciudadanos Antonio Roldán dio apoyo a Unidos Podemos para votar la iniciativa en esos términos.
En su negociación con el PSOE, Garzón recibió una contrapropuesta de este partido que evitaba precisar el momento de arranque y sustituía los tres meses ampliables por seis meses, sin incluir la opción de prolongar ese periodo.
El diputado de Unidos Podemos rechaza esa posibilidad y este lunes se reunirá con el socialista Pedro Saura para intentar llegar a un acuerdo antes del Pleno del miércoles.
El PP quiere que no haya dos comisiones de investigación en marcha a la vez por entender que eso dificulta los trabajos del Congreso, especialmente para los partidos pequeños. De hecho, ya hubo un acuerdo para limitar el número de subcomisiones creadas y no hacer inviable su funcionamiento. Paralelamente, el PSOE ha asumido la interlocución con el PP para evitar que se produzca un veto.
Pacto sobre el objetivo
Ya hubo un primer acuerdo sobre el objeto de la comisión de investigación sobre los bancos. La propuesta de Unidos Podemos se refería a la crisis bancaria y el rescate europeo de las cajas de 2012 y fue presentada en enero tras conocerse un informe del Tribunal de Cuentas.
La del PSOE y la de ERC, apoyada por el Grupo Mixto, se refería solo a la salida a Bolsa de Bankia, y se presentó el pasado martes tras conocerse la imputación del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
Y Ciudadanos presentó una petición en enero, que no fue tramitada por PP y PSOE en la Mesa por entender que ese cauce era equivocado, para investigar toda la crisis bancaria.
El acuerdo en este caso es remontarse a 2000 cuando, según los grupos, se inició el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y se empezó a gestar la crisis bancaria. El PP acepta si se fiscaliza la actuación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
