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La Audiencia confirma que Chaves y Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados

Los magistrados rechazan la última posibilidad de los expresidentes para evitar el juicio

Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en un acto en 2015.

La Audiencia de Sevilla ha confirmado que los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados junto a otros 24 ex altos cargos por la rama política del caso ERE. Tras seis años de instrucción, hoy se ha cerrado la puerta a la última posibilidad que tenía la anterior cúpula del Ejecutivo autonómico para evitar el juicio oral. Y los reproches de los magistrados de la Audiencia han quedado reflejados en un auto de tono muy duro.

Tanto Chaves como Griñán, de 71 y 69 años, respectivamente, y jubilados, se dieron de baja en el PSOE tras su procesamiento el pasado junio y hoy están alejados de la actividad pública. Sin embargo, ambos han sido además de máximos responsables de la Junta, ministros —Chaves incluso vicepresidente con Zapatero— y presidentes federales del partido. El juicio, previsto para finales de año, será una causa contra dos expresidentes que han liderado la Junta durante 23 años (1990-2013) además de un terremoto moral para el socialismo andaluz.

Al juicio acudirán los expresidentes como acusados junto al antiguo vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y los exconsejeros Magdalena Álvarez —en su día vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones—, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. Además, están señalados cinco ex viceconsejeros, dos ex secretarios generales, cuatro ex directores generales, otros seis ex altos cargos de la Administración, el ex interventor general y el jefe de los servicios jurídicos.

Mientras que Chaves está acusado por prevaricación continuada y asociación ilícita, Griñán suma también la acusación de malversación continuada. La Sección Séptima de la Audiencia ha tumbado esta semana los recursos de la inmensa mayoría de los ex altos cargos acusados, 24 de los 26, contra el auto de procesamiento del juez instructor Álvaro Martín. La pieza sigue atascada en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, pendiente de que la magistrada María Núñez la remita a la Audiencia para su enjuiciamiento.

En su resolución motivada fechada este viernes, los jueces acusan a Griñán —exconsejero de Economía entre 2004 y 2009— con graves calificativos y le reprochan su inacción "para zanjar esta situación [el pago de los ERE] a pesar de que lo pudo hacer": "Elaboró y aprobó los presupuestos y sus modificaciones con conocimiento de la ilegalidad grosera" en el uso de las transferencias de financiación [herramienta de pago de los ERE]. Para los magistrados, esto "permitía un lucro ilícito de empresas privadas por la obtención de fondos públicos a través" de ese instrumento financiero.

Los jueces abundan: "Entendemos que el recurrente, responsable máximo de la elaboración del presupuesto (...) era consciente tanto de las vulneraciones patentes y groseras que se estaban presuntamente cometiendo (...) como de la disposición de los caudales públicos contra legem".

Respecto a Chaves, el tono de los jueces es menos tajante pero le reprochan que permitiera la continuidad del pago de los ERE y aprecian que los indicios es su contra son "sólidos": "Contribuyó a materializar el otorgamiento de ayudas/subvenciones a sabiendas de que se otorgaban sin cumplimentar los requisitos legales y sin pasar los controles propios de las subvenciones regladas ni tampoco de las excepcionales", concluyen los magistrados. "Chirría que desconociera, como alega, la trascendencia de las modificaciones presupuestarias que aprobó el Consejo de Gobierno", añaden.

El expresidente pidió su absolución en su recurso porque "ni conoció, ni pudo conocer, las supuestas irregularidades vinculadas" a la concesión de ayudas sociolaborales, pero la Audiencia rebate la mayor.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para Griñán, mientras que a Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por prevaricación continuada. Ahora es el turno de la juez Núñez que debe elevar la causa a la Audiencia, y esta celebrar un sorteo para dilucidar qué sección enjuiciará esta rama política de la macrocausa.

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