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‘Telepaliza con búlgaros’ para el cobro de morosos

Una banda de recuperación de deudas investigada por extorsión presumía de tener 8.500 clientes con 450 millones pendientes de pago

Se presentaban como el “sindicato del cobro” y su método de trabajo se llamaba “telepaliza con búlgaros”. El madrileño Jesús G., alias el Grande, dirigió una red dedicada presuntamente a la recuperación de deudas mediante violencia y extorsión. Su grupo tenía en nómina al coronel ultra de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, Rudolf, que se encargaba de proporcionar a la organización direcciones, matrículas y datos mercantiles para localizar a los morosos.

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El coronel Rodolfo Sanz, Rudolf, (izquierda) junto al presunto jefe de la red (de espalda) y el lugarteniente, en julio de 2014 en Madrid.

El mando militar obtenía supuestamente la información de las bases de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los deudores perezosos perseguidos por el Grande –un empresario de la noche con antecedentes por homicidio, estafa y amenazas- recibían por sorpresa la visita de “los chicos”, que es como la banda denominaba a su corpulento equipo de cobradores. El Grande llegó a alardear de que gestionaba 8.500 expedientes (morosos) por valor de 450 millones de euros.

EL PAÍS ha tenido acceso a decenas de pinchazos telefónicos que revelan los manejos de esta red de 16 miembros que, presuntamente, cometió los delitos de extorsión, pertenencia a organización criminal, revelación de información privilegiada y cohecho.

Un coronel de la Guardia Civil facilitaba la localización de las víctimas 

El coronel Sanz, que supuestamente cobraba de la trama entre 500 y 1.000 euros al mes por filtrar datos confidenciales, pidió información a Interpol para localizar a morosos. Rudolf contaba para sus pesquisas con la ayuda de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “La red tenía una gran capacidad para corromper a funcionarios”, recoge un informe de la unidad de asuntos internos de la Guardia Civil. Los miembros de la banda, según este documento, presumían de tener contactos en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la Brigada Provincial y la Policía Judicial. El coronel Sanz, según las pesquisas, usaba estas fuentes para enriquecer los informes que enviaba a la red a través de locutorios para no dejar rastro.

Pedro Larumbe

Uno de los clientes del grupo fue el Premio Nacional de Gastronomía Pedro Larumbe. El restaurador encargó en enero de 2015 a la organización el cobro de 68.000 euros. En una conversación telefónica con un empleado de la red, el cocinero describe así a su moroso: “Mide 1,90. Grandote y fuerte. Se peina para atrás con gomina”. El cobrador le explica después los pasos a seguir: “Vamos a hacerle una espera… le dimos dos toquecitos a la mujer para que pague lo que debe”.

El cocinero Pedro Larumbe encargó a la red el cobro de una deuda de 68.000 euros

Larumbe reconoce a este periódico que recurrió al Grande, que era cliente de su restaurante, tras intentar cobrar sin éxito en los tribunales. “El juez me dio la razón. Pero el moroso se declaró insolvente y me quedé a dos velas”. El cocinero insiste en que desconocía los supuestos métodos expeditivos de la organización y de que no llegó a pagar al capo de la trama porque “no solucionó el problema”. “Creo que ni siquiera contactaron físicamente con el deudor”, zanja.

Un abogado Benalmádena (Málaga) fue uno de los principales clientes de la red. El letrado planeó confiar al equipo del Grande el cobro de seis millones de euros. Para ello, autorizó a la presunta corporación criminal a “tomar las medidas que haya que tomar”. Una expresión cargada de amenazas veladas, ya que los acreedores que tocaban a la puerta de la trama habían agotado la vía judicial, según los investigadores.

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El coronel Sanz (derecha) da instrucciones al lugarteniente (en el centro) junto a otro miembro de la organización.

Entre los 454 nombres, 65 sociedades y 249 vehículos que el coronel Sanz consultó en las bases de datos de la Guardia Civil entre febrero de 2014 y abril de 2015, figuraban supuestos morosos que años antes habían denunciado extorsiones, amenazas y agresiones. El empresario Alberto A. G, por ejemplo, informó en diciembre de 2011 al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de que dos desconocidos se presentaron en su casa y preguntaron a su esposa por su teléfono, horarios y movimientos. Después, le llamaron al móvil para amenazarle con agredir a su familia si no pagaba. Otra invectiva recibió Isabel F. M. por la deuda de 1.800 euros contraída por su antiguo bar con una empresa de mariscos. “Si no pagas, te espero fuera del local y te parto las piernas”, le dijeron, según la denuncia.

Cuando la red recurría a expresiones como “me voy a presentar con un búlgaro”, no jugaba de farol. Los investigadores de la unidad de servicios internos de la Guardia Civil apuntan a que el equipo de cobradores del Grande estaba formado por un ciudadano de nacionalidad búlgara con antecedentes por tráfico de drogas, amenazas y extorsión.

“Si no pagas, te rompo las piernas", denunció una víctima en una comisaría

La organización contaba para los casos que precisaban más violencia con la ayuda del responsable de seguridad de una discoteca de Madrid.

El Juzgado número dos de Alcalá de Henares (Madrid) mantiene imputados al coronel Sanz, a Jesús G., el Grande, y a los otros 14 miembros de la red por los presuntos delitos de tráfico de armas, extorsión, pertenencia a organización criminal, cohecho y revelación de secretos. El mando de la Guardia Civil, que fue arrestado en mayo de 2015 y ha pasado más de nueve meses en prisión, se encuentra en libertad y suspendido de sus funciones en el Cuerpo a la espera del desenlace de la investigación judicial.

El coronel, entretanto, sigue cobrando el sueldo base que le corresponde por su categoría de funcionario A de la Administración, tal y como recoge la normativa de la institución, según fuentes oficiales del instituto armado.

investigacion@elpais.es

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